martes, 8 de septiembre de 2020

SE ORDENA A UN PADRE QUE SE NIEGA A CUIDAR A SUS HIJOS DURANTE LA CUARENTENA A CONTRIBUIR AL PAGO DE UNA NIÑERA.

 La madre manifestó que desde que se dispuso el ASPO, sus tres hijos estaban a su cuidado en forma exclusiva y cuestionó la falta de compromiso del padre con el cuidado de ellos. Sostuvo que debió retomar su trabajo en forma presencial y que no le alcanzaba el dinero para contratar a una niñera para que cuidara a los niños mientras ella tenía que ir a trabajar.

Consejos para trabajar de Niñera


Por ello, solicitó  que el padre cuidara de los hijos durante dos semanas por mes, o en su defecto, que contribuyera al pago de una niñera para que los cuidara mientras ella trabajara.

El padre, al contestar el traslado de la petición, manifestó que no podía que por el ASPO, se encontraba “100% abocado a solucionar los problemas que se presentan en la empresa de la cual soy Director, a fin de poder reactivarla para generar los ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones asumidas”, y que además, le era imposible asumir el pago de una niñera.

El juez resolvió que el padre debía adicionar $10.264 a la cuota alimentaria que venía pagando mensualmente, a los cubrir el costo de una niñera dos días a la semana, de 9.30 a 16.30 hs.

Entre otros argumentos acertados, dijo que no resultaba admisible la posición adoptada por el progenitor de simplemente afirmar que no puede asumir el cuidado de los hijos durante los días de semana, ni tampoco puede colaborar con los gastos extras que demanda esta situación. Agregó que esta falta de colaboración  y empatía en el cuidado de los hijos –delegando el “problema” a la madre– denotaba una mirada sesgada que no era posible dejar pasar por alto en una resolución judicial. Remató afirmando que «si tal como lo afirma el progenitor, se encuentra “100% abocado a solucionar los problemas que se presentan en la empresa de la cual soy Director, a fin de poder reactivarla para generar los ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones asumidas” (sic), deberá destinar parte de esos ingresos para colaborar –de manera económica– a fin de suplir el tiempo que no compartirá con sus hijos durante los días de semana. 

 

“M. V. L. c/ D. S. R.” – JUZGADO DE FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE CÓRDOBA – 14/07/2020

CÓRDOBA, 14/07/2020. Proveyendo a fs. 238/239:

Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Por evacuada la vista.

Atento que: 1) Comparece M. V. L. y manifiesta que “desde el comienzo del aislamiento social obligatorio mis hijos están el cien por ciento del tiempo a mi cuidado, a excepción de la semana del 27 de Abril que fueron siete días al domicilio paterno, sin embargo el aporte económico del progenitor y su compromiso con el cuidado de los niños sólo ha ido decreciendo” (sic).

Expresa que debió retomar su labor en forma presencial a partir del mes de junio y que no le alcanza el dinero para pagarle a niñera los cinco días de la semana que necesita que esté con sus hijos, ya que el progenitor no los está cuidado los días “que a él le tocaría” (sic).

Afirma que no ha podido llegar a un acuerdo con el progenitor de los niños y por ello, propone dos alternativas:

a) Distribuir el cuidado de los niños para que estén una semana con cada progenitor, sólo hasta que se normalicen sus actividades escolares o que el progenitor los cuide de lunes a viernes durante dos semanas al mes.

b) Que el progenitor abone el importe proporcional de la remuneración de la niñera por el tiempo que ella los cuide, cuando en condiciones normales les tocaría estar con aquél. El importe que debería abonar R. asciende a la suma de diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($10.264) mensuales, a razón de $165 la hora, 7 hs diarias (9:30 a 16:30 hs), dos días a la semana, más $128 diarios de transporte.

Reitera que se trata de una situación excepcional que sólo durará hasta la normalización de la actividad escolar de los hijos y mientras subsista la situación de emergencia sanitaria.—-

2) Corrida vista de lo peticionado al progenitor (01/06/2020), comparece D. S. R. y contesta la vista corrida diciendo que “la solicitud de la Sra. L. de que mis hijos permanezcan dos semanas de Lunes a Viernes bajo mi cuidado, en este momento es imposible para mí asumir dicho cuidado” (sic).

Afirma que debido al aislamiento social, toda su actividad laboral se vio “absolutamente resentida”, por lo que se encuentra “100% abocado a solucionar los problemas que se presentan en la empresa de la cual soy Director, a fin de poder reactivarla para generar los ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones asumidas” (sic). Añade que su esposa también se encuentra trabajando, que desde el mes de marzo no cuenta con empleada doméstica, por lo que los hijos “quedarían solos en mi domicilio desde la mañana a la tarde-noche en que regresamos” (sic).

En relación a la contratación de la persona para que asuma el cuidado de los niños en el domicilio materno, asegura que “es imposible asumir el pago de la misma” (sic). Asevera que realiza un “esfuerzo extraordinario para lograr depositar los montos de dinero efectivo transferidos y pagar la obra social” (sic) y que resulta imperioso “revisar y ajustar los gastos de nuestros hijos, tal como lo debo hacer con mi otro hijo y esposa” (sic). Alega que la situación económica que se encuentra atravesando le “impide que ejerza el cuidado de los mismos y que deba limitar el tiempo para compartir con ellos los fines de semana—

3) Corrida vista a la representante complementaria, comparece la Asesora de Familia del Segundo Turno y previa reseña de las posiciones de las partes, expresa que bajo la pauta normativa que indica que el ejercicio de la responsabilidad parental es conjunta y el cuidado de los hijos compartido, considera que frente a la modificación de la situación de hecho existente al momento de acordar el plan de parentalidad por L. y R., resulta procedente modificarlo de manera provisoria mientras perdure la emergencia sanitaria y el régimen escolar a distancia no presencial. Sugiere que el cuidado de los hijos sea llevado a cabo por el padre tres fines de semana por mes, desde el viernes a la tarde hasta el lunes a las 18.30 horas, conservando la Sra. L. un fin de semana al mes para compartir junto a sus hijos tiempo de esparcimiento y descanso. Los días de semana hábiles en que ambos progenitores se encuentren avocados a su actividad laboral deberán contratar persona encargada del cuidado de los niños asumiendo en partes iguales el costo de dicho servicio.—

4) Previo a todo, cabe destacar que el plan de parentalidad vigente consiste en: “los días lunes y miércoles el Sr. R. retirará a sus hijos del hogar materno a las 17:30 hs para reintegrarlos a sus dos hijos valores al establecimiento educacional al que concurren, a las 8:30 hs del día siguiente y a su hija L. M., al hogar materno a las 9:30 hs también del día siguiente. Fin de semana de por medio, el padre retirará a sus hijos del hogar materno, comenzando a partir del 12/12/14, el viernes a las 17 hs para reintegrarlos el lunes siguiente, a sus dos hijos varones al establecimiento educacional al que concurren a las 8:30 hs y a su hija Lola Margarita el mismo día lunes a las 9:30 al hogar materno” (sic).—

5) Luego corresponde precisar que el cuidado personal compartido indistinto importa una distribución de cuidados por parte de los progenitores. Se diferencia así del cuidado unilateral, en donde el progenitor no conviviente tiene un sistema de comunicación con el hijo. En el proyecto de parentalidad compartido -como se da en el sub casocada progenitor debe asumir los cuidados de sus hijos, cuando éstos están a su cargo. Esto implica que -ante la situación excepcional que atraviesa toda la sociedad como consecuencia de la emergencia sanitaria- sea deber de ambos progenitores asumir las dificultades y vicisitudes que vayan surgiendo respecto de los hijos.—

6) En este contexto, no resulta admisible la posición adoptada por el progenitor de simplemente afirmar que no puede asumir el cuidado de los hijos durante los días de semana, ni tampoco puede colaborar con los gastos extras que demanda esta situación. Así, frente a la situación de emergencia que también comparte la Sra. L., pretende que sea la progenitora quien asuma todo el esfuerzo y el costo que demanda adaptarse a esta situación excepcional. Esta presunción y falta de colaboración y empatía en el cuidado de los hijos –delegando el “problema” a la madre– denota una mirada sesgada que no es posible dejar pasar por alto en una resolución judicial. De lo contrario, se acentuaría una visión que se encuentra reñida con todas las normas constitucionales y transnacionales que mandan a los jueces a adoptar una necesaria perspectiva de género en sus pronunciamientos.

En consecuencia, si tal como lo afirma el progenitor, se encuentra “100% abocado a solucionar los problemas que se presentan en la empresa de la cual soy Director, a fin de poder reactivarla para generar los ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones asumidas” (sic), deberá destinar parte de esos ingresos para colaborar –de manera económica– a fin de suplir el tiempo que no compartirá con sus hijos durante los días de semana. Una resolución contraria importaría acentuar una visión que pone a la madre como única cuidadora de sus hijos, restringiéndole tiempos para su trabajo y para procurar ingresos, lo que no puede ser sostenida.

7) Por ello, considero pertinente ordenar que -hasta tanto se normalice la actividad escolar de los hijos y se retome la modalidad de distribución de cuidados vigente- el Sr. D. S. R. deberá adicionar a la cuota alimentaria mensual fijada a favor de J. I., F. B. y L. M., la suma de diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($10.264), manteniendo la misma modalidad de pago.-

— Por todo lo expuesto y en virtud de las facultades previstas por los arts. 21 inc. 3 y 73 de la Ley 10.305; RESUELVO: Ordenar que -hasta tanto se normalice la actividad escolar de los hijos y se retome la modalidad de distribución de cuidados vigente- D. S. R. deberá adicionar a la cuota alimentaria mensual fijada a favor de J. I., F. B. y L. M., la suma de diez mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($10.264), manteniendo la misma modalidad de pago. Notifíquese.-

Texto Firmado digitalmente por: TAVIP Gabriel Eugenio Fecha: 2020.07.14 ANTUN Mariela Denise Fecha: 2020.07.14

 

jueves, 3 de septiembre de 2020

COBERTURA MEDICACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA CON AMPARO JUDICIAL

 Ліки в США - Immigrant porada

La Justicia Federal de Gualeguaychú ordenó al PAMI proveer la medicación y tratamiento a un paciente con fibrosis quística. El Gobierno nacional promulgó recientemente una ley para la obligatoriedad de su cobertura integral.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) proveer la medicación y tratamiento a un paciente con fibrosis quística.

Se trata de una acción de amparo interpuesta por el paciente contra PAMI, con objeto de que se ordene la provisión de un medicamento. El amparista fue diagnosticado con “fibrosis quística”, una enfermedad de infección e inflación crónica de la vía aérea, lo que conduce a un "deterioro progresivo de la función pulmonar".

PAMI rechazó la autorización respecto del medicamento objeto del amparo, por la falta de estudios de cultivos de esputo. El joven, de 33 años, remitió los estudios solicitados que habían sido realizados en junio pasado, pero la demandada le requirió que sean efectuados en el mes en curso.

En este sentido, el amparista alegó que el cultivo como el requerido demanda aproximadamente diez días y que, de acuerdo a su estado de salud, "no estaría en condiciones de soportar ese tiempo”. Sostuvo, asimismo, que “esperar un análisis de cultivo de esputo sería perjudicial debido al agravamiento de su enfermedad y por razones de salud pública como lo es la propagación del virus Covid-19”. 

En este escenario, el juez federal consideró que “la supuesta omisión y negativa de la demandada, y sin que implique ello adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, podría constituir una violación de derechos amparados por nuestra Constitución Nacional y demás tratados internacionales con rango constitucional”.

“Máxime encontrándonos frente a una persona que es portadora de una discapacidad, la cual goza de protección supra constitucional, atento lo prescripto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, añadió el magistrado, ya que el paciente cuenta con certificado de discapacidad.

A finales de julio, el Congreso de la Nación sancionó la ley que declara de "interés nacional" la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística y dispone la obligatoriedad de la cobertura integral a pacientes por parte de obras sociales y empresas de medicina prepagas. La iniciativa fue recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo.

“A tenor de lo precedentemente desarrollado no cabe dudas que la verosimilitud del derecho se encuentra acreditada”, sostuvo el juez tras analizar la causa y advirtió el perjuicio que podría sufrir el amparista en su salud  de “no poder realizarse el tratamiento”.

A finales de julio, el Congreso de la Nación sancionó la ley que declara de "interés nacional" la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística y dispone la obligatoriedad de la cobertura integral a pacientes por parte de obras sociales y empresas de medicina prepagas. La iniciativa fue recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo.

 

miércoles, 12 de agosto de 2020

UNION CONVIVENCIAL: Derechos y deberes emergentes de las uniones afectivas


union convivencial | Torres Lopez Abogados

LA UNIÓN CONVIVENCIAL ES UNA UNIÓN AFECTIVA ENTRE DOS PERSONAS, QUE NO ELIJEN EL MATRIMONIO COMO BASAMENTO DE SU RELACIÓN, PERO QUE EFECTIVAMENTE CONVIVEN DE MANERA HABITUAL DURANTE EL LAPSO DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO O MÁS, CUANDO COMPARTEN UN PROYECTO DE VIDA EN COMÚN.

La sociedad sabe en su mayoría, que la constitución de una familia es la célula básica y fundante de toda organización social. En los tiempos actuales, la misma puede establecerse a través de una pareja convivencial como obviamente también, por medio de la celebración del matrimonio. Pero, sea cual fuere el modelo escogido, ambos formatos otorgan derechos y generan obligaciones para sus integrantes, ya sea que se constituya entre personas con discapacidad, sin aquella contingencia como las que se conforman de forma mixta.

Ahora bien, en el caso de estar en pareja, ambos miembros pueden acceder a ciertos beneficios, si legalizaran dicha unión convivencial.

Existen dos maneras para hacerlo: a- pueden contraer matrimonio o b- asentar dicha unión civil o convivencial en los organismos autorizados. Ambas modalidades, aunque con algunas diferencias, establecen legal y legítimamente el vínculo, permitiéndoles la obtención de algunos beneficios como así también, obligaciones y derechos.

Dichas uniones se tramitan e inscriben en el Registro de las Personas, correspondiente al domicilio que constara en el respectivo documento nacional de identidad (DNI).

TRÁMITE

Así pues, la constitución e inscripción registral de esta, da derecho a ambos integrantes de la pareja sobre la vivienda. Esto significa que ninguno de los dos, podrá disponer de ella, venderla, hipotecarla, etc., sin que esté presente el consentimiento expreso y la firma del otro. Sin embargo, su constitución no otorga derechos sucesorios a sus integrantes, salvo por testamento y siempre que no afecte derechos de los herederos forzosos. En estas uniones afectivas, los bienes de la pareja, no tienen carácter ganancial.

Si bien no es obligatoria tal inscripción, es conveniente que los miembros de la pareja, firmen/suscriban un "Pacto de Convivencia" mediante el cual establezcan la relación patrimonial durante la vida en común. Y si sobreviniese la ruptura de la misma, si no se hubiera efectuado este acuerdo, cada integrante de la pareja ejercerá libremente la administración y disposición de sus bienes.

GESTIÓN

Como primer medida, hay que solicitar un turno con razonable antelación a la fecha que se deseara llevar a cabo la unión, en el Registro que corresponda conforme al domicilio que figure en el DNI. Por eso hay que tener el documento actualizado y presentarlo en aquel Registro para poder acreditar así, la identidad. De igual modo, habrá que acreditar la convivencia, durante un plazo mínimo de dos años mediante DNI; testigos, y/o hijos en común. Si se hubiere suscripto también, un Pacto de Convivencia, habrá que presentar su original con copia certificada por escribano público. Y, si esa pareja además, hubiere tenido hijos en común, habrá que adjuntar las partidas de nacimientos de los mismos, también en original y copias legalizadas.

En cuanto al tiempo de la convivencia, podrá acreditarse a través de la presencia de dos testigos, mayores de 18 años, los cuales deberán

estar munidos de sus respectivos DNI, y declarar respecto al periodo de aquella convivencia.

Cuando uno o ambos integrantes de la pareja, tuvieron un matrimonio o convivencia anterior inscripta, deberán justificar el estado civil con el acta matrimonial anterior, es decir con la anotación marginal de la disolución del vínculo en el supuesto de los que estén divorciados. Para el caso de los viudos, habrá que acompañar el acta de defunción del cónyuge. Así pues, es importante tener en cuenta, que la fecha de presentación de la documentación, variara según las particularidades de cada localidad.

Resultas de lo narrado, cuando la elección afectiva, fuere el no pasar por el Registro Civil, ergo no adquirir el estado de "casado", es factible echar mano a esta opción, que no solo legitima el campo afectivo entre dos individuos, sean o no del mismo sexo, sino también, proporciona un marco legal que sin duda alguna es protectorio tanto para los integrantes de esa unión, tengan o no alguna discapacidad, como para sus descendientes comunes, con o sin dicha diversidad. Es por todo esto, que sigo reiterando mi formal invitación "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".

DERECHOS

Una unión convivencial da derecho a los siguientes beneficios:

1. Pueden compartir o unificar los aportes para la obra social. Si cada miembro de la pareja, fuere titular de dos obras sociales del Sistema del Seguro de Salud, podrán unificar sus aportes, optando por una de ellas, o quizás por una tercera opción, revistiendo ambos carácter de titulares.

2. Pueden proteger la vivienda en la que residen como "Bien de Familia". Con dicha protección patrimonial, se evita la ejecución o remate del inmueble donde viven,

3. En caso de fallecimiento de alguno de los dos, el otro podrá percibir la correspondiente pensión. Y, cuando uno de los integrantes de la pareja fuere jubilado o pensionado y falleciera, el conviviente supérstite, tendrá derecho para solicitar una pensión. De la misma manera, si alguno de los dos, fuere un trabajador aportante regular, también podrá solicitarse la pensión.

Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

 

 


lunes, 10 de agosto de 2020

CONDENAN A LA ANSES A PAGAR UNA MULTA MILLONARIA POR NO DEPOSITAR UNA CUOTA ALIMENTARIA DE DOS NIÑOS

Anses: ¿Cuáles son los trámites habilitados por el 130 o vía web ...

Conocé de qué se trata el embargo para garantizar cuotas ...

Un juez de Familia de Rosario condenó a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a pagar 1.339.321,68 pesos en concepto de multa por no retener durante más de dos años la cuota alimentaria que le correspondía pagar a un hombre por sus dos hijos menores de edad.

El juez condenó al Anses pagar una multa de 1.330.000 pesos por los reiterados y crónicos incumplimientos, además de actualizar la deuda y regularizar la retención de la ayuda.

 

Pero a pesar de los sinsabores y el daño irreparable, hace pocos días le ganó un juicio a la Anses, condenado por no retener ni depositar la cuota alimentaria que debía pasarle su ex concubino a sus hijos, hoy adolescentes de 13 y 17 años.

 

Todo comenzó en 2013 cuando la damnificada inició el juicio de alimentos en el juzgado de Familia Nº 5 de Rosario contra quien había sido su pareja. Pasaron unos meses y en febrero de 2014 el juez fijó una cuota de 16.000 pesos (cifras actualizadas) para los dos niños.

 

De inmediato se intimó al hombre a cumplir. Pero jamás pagó a pesar de que también cobraba las asignaciones por hijo que otorga el Estado. Como prueba, la abogada Natalia Álvarez, en representación de la mujer, acompañó en el expediente todos los extractos de la cuenta en la cual debía depositarse el dinero y donde el saldo siempre fue negativo.

 

Una y otra vez la abogada se plantó ante el juzgado para advertir y documentar la flagrante vulneración de los derechos de los niños a contar con esa ayuda para su alimentación, salud, y educación. Como en muchos casos, la tramitación judicial fue extensa y agobiante.

En una de las tantas visitas a Tribunales la mamá confesó una situación desesperante. Narró que por falta de trabajo y dinero para cubrir las necesidades de los niños, uno de ellos un día se desmayó en horario escolar porque no se alimentaba adecuadamente.

 

La demandante siempre acompañó las constancias donde acreditó que no le habían depositado el dinero. Entonces el 18 de junio del año pasado su abogada pidió que se le apliquen sanciones económicas y multas al Anses por las reiteradas faltas en las que incurrió desde diciembre de 2018.

 

Es que el Tribunal de Familia ya había fijado el monto de la cuota a favor de los adolescentes, incluso trabó un embargo al hombre por 23.400 pesos surgidos de una indemnización que percibió luego de sufrir un accidente de tránsito.

 

Las notificaciones de las órdenes judiciales ingresaron una y otra vez al Anses, pero nunca se canalizaron. En octubre de 2018 otro oficio le ordenó retener la asignación por hijo que percibía el demandado. Tampoco se hizo efectiva. Y tampoco se redireccionó ese aporte social a la mamá, efectivamente a cargo de los niños.

Inoperantes

Las múltiples presentaciones ante los responsables del departamento jurídico de Anses jamás tuvieron respuesta. Es así que la mamá decidió hacer un nuevo reclamo por toda la deuda de cuota acumulada a julio de 2020. Se determinó que a sus hijos le correspondía percibir 335.275,56 pesos.

 

En junio de 2019 el juzgado intimó al Anses para que pague esa deuda en un plazo de cinco días. Como no lo hizo, a pedido de la abogada Alvarez el juez ordenó aplicarle la multa por cada día de incumplimiento (equivalente a una unidad jus).

 

La resolución fue notificada al Anses en septiembre de 2019. Parece increíble, pero tampoco cumplió, jamás se allanó a las órdenes judiciales.

 

Como agravante, la Defensora General que representó a los adolescentes dictaminó que el demandado debía ser incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Santa Fe. Es que a julio de 2020 la cuenta del Banco Municipal donde se debía acreditar el dinero para sus hijos registraba cero peso de saldo. Nada.

 El juez de trámite, Ricardo Dutto, hizo un repaso del ineficiente rol del Anses, y finalmente decidió ponerle un corte a semejante arbitrariedad. Hace dos semanas dictó una sentencia que sienta un precedente, e incluso puede acarrear consecuencias graves sobre el desempeño de dos funcionarios de la delegación Rosario del Anses, ubicada en Sarmiento y Rioja.

 

Tras una serie de valoraciones sobre la importancia de la cuota alimentaria en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y la grave vulneración de sus derechos, el juez condenó al Anses pagar una multa de 1.330.000 pesos por los reiterados y crónicos 

viernes, 31 de julio de 2020

UNA OBRA SOCIAL DEBE MANTENER COMO AFILIADOS TANTO AL ACTOR COMO A SU GRUPO FAMILIAR A CARGO, AÚN CUANDO HAYA OBTENIDO LA JUBILACIÓN


Sabías que existe un subsidio por el fallecimiento de un familiar ...
Partes: A. N. F. c/ Obra Social de Petroleros s/ amparo ley 16.986
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
Sala/Juzgado: II
Fecha: 19-jun-2020
La obra social debe mantener como afiliados al actor y a su grupo familiar a cargo, aún cuando aquel haya obtenido la jubilación.
Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, condenó a la obra social demandada a mantener la afiliación del amparista y la de su grupo familiar a cargo, bajo la misma cobertura médico asistencial que ostentaban durante la vigencia de su vínculo laboral con su ex empleador, pues se acreditó que el actor es actualmente jubilado pero manifestó su intención de permanecer como afiliado, frente a lo cual corresponde indicar que el art. 16 de la Ley 19.032 de creación del PAMI no obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a ese Instituto sin una expresa voluntad.
2.-El art. 16 de la Ley 19.032 y las Leyes 23.660 y 23.661 permiten al beneficiario de una jubilación escoger un agente diferente al INSSJP, sin que se realice una automática desafiliación y una obligatoria afiliación a este último.
3.-La acción de amparo se erige como una vía adecuada para la satisfacción de la pretensión del amparista de ser mantenido como afiliado a la obra social demandada pues, cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental a la salud (comprendido en el derecho a la vida), la vía del amparo se justifica ampliamente por la naturaleza de los valores que se intentan proteger de modo expedito y eficaz.
Fallo:
La Plata, 19 de junio de 2020.
Y VISTOS: Este expediente N° 3341/2020/CA1, caratulado: “A., N. F. c/ Obra Social de Petroleros s/amparo ley 16.986”, procedente del Juzgado Federal no 4 de esta ciudad.
Y CONSIDERANDO QUE:
EL JUEZ áLVAREZ DIJO:
I. En atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 14/2020, 16/2020 y 18/2020 y por esta Cámara Federal de Apelaciones en sus Acordadas N°9/20 (conf. puntos dispositivos 1, 5 y 6), N° 11/20 y 12/20 (conf. punto dispositivo 4), habilítese la feria judicial extraordinaria en los términos dispuestos en primera instancia, y pasen los autos a resolver (art. 153 del CPCCN).
II. Llega este expediente a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada, a fs. 66/71, contra la sentencia de primera instancia de fs. 65.
Asimismo, a fs. 72, el letrado apoderado de la parte actora cuestionó su regulación de honorarios por considerarlos bajos.
Cabe señalar que la decisión apelada hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor contra la demandada y, en consecuencia, condenó a OSPE a mantener la afiliación del amparista y la de su grupo familiar a cargo, compuesto por su esposa e hija, bajo la misma cobertura médico asistencial que ostentaban durante la vigencia de su vínculo laboral con YPF.
Además, impuso las costas a la demandada vencida y reguló los honorarios profesionales de los letrados de la partes en la suma de $.para cada uno, equivalentes a .UMAs, según acordada 2/20 CSJN, con más el .% de aporte previsional y la alícuota de IVA en caso de corresponder.
III. Previo a analizar los agravios, corresponde precisar la pretensión del actor N. F. A.contra la Obra Social de Petroleros (OSPE). Su demanda tiene por objeto que se ordene a la accionada mantener la misma cobertura médica en la que se encontraba durante la vigencia de su vínculo laboral, tanto respecto de él, cómo de su grupo familiar a cargo.
En su escrito, manifiesta que fue empleado de Y.P.F. desde el 21/10/1987 hasta el 18/06/2019, fecha de su jubilación. Como consecuencia de su trabajo, resultó ser afiliado a la Obra Social de Petroleros (OSPE), bajo el n° 20- 16.596.681-4-00 en el Plan OSPe-D 752, junto con su grupo familiar, compuesto por su esposa, R. F. P., DNI xx.xxx.xxx, y su hija, T. A. A., DNI xx.xxx.xxx.
Explica que, al jubilarse, celebró un acuerdo con su empleadora, por medio del cual ésta se comprometió a mantenerlo a él y su grupo familiar bajo la cobertura de OSPe, con igual plan y condiciones hasta el 18/06/2020.
Expresa que, su obra social le confirmó verbalmente que, al vencer el plazo acordado, en virtud de su jubilación cesaría este vínculo. Por ello, remitió carta documento a la demandada (02/12/2019) en la que le manifestó su intención de permanecer afiliado a ella, en los términos del art. 16 de la ley 19.032, tanto él como su grupo y en las mismas condiciones en las que se encontraba. Los motivos que enuncia es que, en virtud de sus años de afiliado, tiene conocimiento y contacto asiduo con sus prestadores médicos, que son los que lo acompañan y lo asisten tanto a él como su grupo familiar a cargo y resultan ser los profesionales de su confianza.
Señala, también, que OSPe le contestó a través de una carta documento (13/12/2019), en la que rechaza su pretensión en clara contradicción con su voluntad (art.16 ley 19.032).
Indica que, en ella, la accionada le informó que fue dado de baja de sus padrones de beneficiarios y que, por acuerdo con su empleadora, fue reincorporado como titular adherente hasta el 18/06/2020. Bajo estas condiciones, también le expresó que cuenta con el beneficio previsional que lo incluye en la cobertura asistencial del Pami. Sin perjuicio de ello, le informa que puede realizar una opción de cambio de obra social entre cualquiera de aquellas que acepten jubilados y pensionados. Además, si su intención es mantenerse en OSPE, puede afiliarse en calidad de adherente. Pero, le aclara que ello implicaría un régimen jurídico distinto al que considera que tiene derecho y, en términos económicos, más caro. Que entiende resulta un claro perjuicio a su parte.
IV. Como señalamos en el comienzo, en la sentencia de primera instancia el juez a quo hizo lugar a la pretensión del amparista, lo que motivó la impugnación de la obra social demandada a través de sus agravios.
En primer lugar, señala que el actor reconoce su condición de jubilado, que tiene como efecto su baja por cumplimiento de órdenes de la Superintendencia de Servicios de Salud. En tal sentido, afirma que lo solicitado por el actor es de imposible cumplimiento por disposiciones legales.
Expresa, entonces, que la discusión se centra en la interpretación errónea que el amparista da a las normas referidas al tema.
Expone que su parte no obliga al actor a traspasarse directamente al INSSJP, porque puede optar por otra Obra Social, pero esto siempre debe ser dentro de aquellas inscriptas en un registro creado para los agentes del seguro nacional de salud que voluntariamente se incorporasen a éste.Expresa que su parte no se encuentra habilitada para incorporar dentro de su población beneficiaria a los jubilados y pensionados, dado que no se encuentra inscripta en los registros respectivos.
Con esta perspectiva, afirma que para el caso de jubilados y pensionados sólo se prevé que la obligación asistencial pasa a ser del INSSJP (PAMI) o de las obras sociales que aceptan personal pasivo, según opción del interesado.
Indica, también, que el accionante al jubilarse continuó su cobertura como adherente, por acuerdo que se efectuó entre el beneficiario y su empleador, con baja programada para el 18/06/2020. Explica asimismo que, conforme ese acuerdo podía seguir con la cobertura únicamente como adherente directo y a su costo.
Afirma que el actor, a partir de la obtención del beneficio jubilatorio, posee un nuevo status que le impide su permanencia dentro de su obra social OSPE por estricto imperio del decreto 292/95 y sus modificatorias decreto 492/95 del PEN y normas concordantes.
Entre otros argumentos que también agrega, se encuentran los de doble afiliación y la ausencia de aportes a su parte desde la condición de jubilado. En tal sentido, manifiesta que OSPE no cuenta con el aporte jubilatorio del actor, ya que debe ser derivado por el ANSES, que por ley lo recibe el INSSJP.
Por último, se agravia de la imposición de costas a su parte.
V. 1. Ahora bien, es preciso señalar que el derecho a la vida ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112; 321:1684).
Conforme lo tiene dicho el más Alto Tribunal, en autos “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, (Fallos 323:3229; C 823 XXXV; 24-10-2000) “.a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc.22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud – comprendido dentro del derecho a la vida – y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública en garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de las llamada medicina prepaga.”.
Los tratados internacionales que integran el llamado bloque de constitucionalidad federal a tenor del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. 25 inc. 1 de la Declaración Universal de derechos Humanos, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 incs. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la propia derivación del art. 33 de la Constitución no tolera que no se protejan derechos fundamentales como el derecho a la salud.
Asimismo, resulta evidente que según lo dispuesto en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional el derecho a la preservación de la salud resulta una obligación impostergable de la autoridad pública, garantizando ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir para su cumplimiento las obras sociales y la medicina prepaga (ver fallos: 323:3229).
2. Corresponde precisar que la acción de amparo se erige como una vía adecuada para la satisfacción de los intereses en juego pues, como ha sido resuelto -en criterio que cabe compartir- cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental a la salud (comprendido en el derecho a la vida), la vía del amparo se justifica ampliamente por la naturaleza de los valores que se intentan proteger de modo expedito y eficaz (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones Civil Sala B, 04/04/2005, D. de R., S.E. c/ Medicus S.A.).
3. Ahora bien, de la documental acompañada con la demanda (fs. 2/15) surge la afiliación del amparista y su grupo familiar a OSPE.El actor, bajo el n° 20-16596681-4-00 en el Plan OSPe-D 752, junto con R. F. P. (DNI xx.xxx.xxx) n° 20-16596681-4- 01, y T. A. A. (DNI xx.xxx.xxx), n° 20-16596681-4-02.
También consta su condición actual de jubilado, la notificación de YPF respecto del acuerdo de esa empresa con la demandada acerca del modo en que el actor continúa su vinculación con OSPE y las cartas documento mencionadas. Allí se lee que el actor manifiesta en la suya la voluntad de permanecer afiliado a la demandada, en iguales condiciones, y en la remitida por la Obra Social de Petroleros en la que la demandada le manifiesta su baja en virtud de contar con un beneficio previsional y con la cobertura asistencial del PAMI.
4. En este marco, corresponde indicar que el art. 16 de la ley 19.032 de creación del PAMI no obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a ese Instituto sin una expresa voluntad. A mayor abundamiento, las l eyes 23.660 y 23.661 confirman esa situación al consagrar que los jubilados y pensionados pueden permanecer como beneficiarios de las otras obras sociales integrantes del sistema de salud. Esta es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.354.XXXIV “Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra Social”, del 08/05/2001, con relación a las normas invocadas en autos.
En este fallo, el Alto Tribunal también expresa “Que el principio consagrado en el art. 16 de la ley 19.032 aparece corroborado, además, con el dictado de sucesivas normas legales y reglamentarias destinadas a ampliar y garantizar paulatinamente la libertad de elección de los prestadores médicos por parte de los beneficiarios, lo que enfatiza la necesidad de evitar soluciones que puedan desvirtuar el ejercicio de ese derecho al entrar en pasividad.En tal sentido, cabe mencionar la posibilidad que se ha reconocido a los jubilados y pensionados de optar por la atención sanitaria de entidades que se inscriban en un registro especial previsto para esa finalidad, sin que ello altere la facultad de conservar las prestaciones que ya estaban a cargo de otros agentes del seguro de salud con relación a ese sector (conf. art. 25, ley 23.661; decretos 9/93, 292 y 492/95 -en especial, arts. 14 y 13, respectivamente- y 446/2000; resolución ANSSAL n°3203/95, entre otras)”.
En esa inteligencia, considero que las normativas citadas le permiten al beneficiario escoger un agente diferente al INSSJP, sin que se realice una automática desafiliación y una obligatoria afiliación a este último.
Esta interpretación de las normas en análisis, impiden que sea oponible al actor un supuesto acuerdo celebrado con su ex empleadora YPF.
5. Por lo demás, cabe observar que el argumento de la demandada acerca de que no se encuentra capacitada para atender Jubilados y Pensionados, porque requieren un tipo especial de atención y determinadas prestaciones que no posee, resulta incongruente cuando le ofrece mantener la misma cobertura en calidad de adherente.
Asimismo, el supuesto enriquecimiento sin causa del PAMI, con relación a los aportes y contribuciones que se le destinarían desde que el actor es jubilado, tampoco es oponible al amparista en esta causa.
6. Con estos argumentos, a la luz de la normativa reseñada y a lo que esta Sala II ya ha expresado con relación al derecho a la salud, que “implica el deber de la judicatura de procurar que la declaración de derechos efectuada en nuestra Constitución no quede en mera retórica, sino que a través de su función se permita la efectiva y eficaz realización del derecho”, estimo que los agravios deben ser rechazados.
7. Por último, con relación a las costas, no encuentro motivos para apartarme del art. 14 de la ley 16.986 que establece igual fundamento para la imposición de costas que el art.68 del CPCC., que es el criterio objetivo del vencimiento.
El apuntado criterio objetivo de la derrota no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido sino que tiene por objeto resarcir al adversario los gastos en que su conducta lo obligó a incurrir para obtener el reconocimiento de sus derechos. En esta causa, el amparista debió transitar por dos instancias al sostener la demandada su criterio en el recurso en trámite, por lo que estimo deben ser confirmadas y con igual criterio imponer las de alzada, ante la contestación actora al recurso de OSPE, de fs. 76/80.
VI. Finalmente, cabe analizar la impugnación por bajos de los honorarios de primera instancia regulados a favor del apoderado de la parte actora, doctor Franco Ramiro Alaniz.
Teniendo en cuenta que las actuaciones llevadas a cabo por el profesional beneficiario de los honorarios se efectuaron bajo la vigencia de la ley 27.423 corresponde valorar los estipendios regulados en autos en los términos de lo dispuesto por dicha ley.
Asimismo, se debe tener presente que se trata de una demanda sin contenido patrimonial expresable numéricamente. Así, a fin de considerar el recurso interpuesto habrá de tenerse en cuenta las pautas de ponderación de la tarea en función de las prescripciones de los incisos b) a f) del art. 16 de la ley 27.423.
Sentado ello, teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada por el doctor Franco Ramiro Alaniz, quien actuó como apoderado de la parte actora, la naturaleza de la acción y el resultado obtenido, estimo que los honorarios fijados a favor del profesional son adecuados, por lo que cabe confirmarlos en la suma de pesos.($.), equivalentes a .(.) UMA ($., Ac.2/2020), con más el .% en concepto de aportes previsionales de ley y el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) si ello fuera procedente conforme a la situación impositiva del interesado.
Respecto de los honorarios de Alzada, atento la imposición de costas, lo desarrollado en el párrafo anterior, la presentación del recurso, la contestación de agravios, el resultado obtenido y teniendo en cuenta el último párrafo del art. 16 de la ley aplicable, corresponde establecerlos en un porcentual de lo regulado en primera instancia, según el art. 30 de la citada norma.
De esta forma, corresponde regular al doctor Franco Ramiro Alaniz la suma de $., correspondiente al .% (. UMA) y para el doctor Mariano Santander la suma de $. correspondiente al .% (.UMA) de las regulaciones de origen.
VII. Por las consideraciones efectuadas, propongo al Acuerdo: 1) confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCC.). 2) Confirmar los honorarios de primera instancia y establecer los de alzada a favor del apoderado de la actora, doctor Franco Ramiro Alaniz en la suma de pesos .($ .), equivalentes a .UMA y del apoderado de la demandada, doctor Mariano Santander, en la suma de pesos.($.), equivalentes a . UMA con más los porcentajes correspondientes al IVA en caso de corresponder y el .% establecido por la Ley 23.987. Todas las sumas según valor vigente al momento del pago (arts. 30 y 51 de la ley 27.423 y Acordada 2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Así lo voto.
EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:
Comparto los aspectos sustanciales expuestos por mi colega y me adhiero a la solución que propone en su voto.
Por ello, SE RESUELVE:
1) Habilitar la feria judicial extraordinaria.
2) Confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art.68 CPCC.).
3)Confirmar los honorarios de primera instancia y establecer los de alzada a favor del apoderado de la actora, doctor Franco Ramiro Alaniz en la suma de pesos.($ .), equivalentes a . UMA y del apoderado de la demandada, doctor Mariano Santander, en la suma de pesos diecinueve mil ciento cincuenta y dos ($.), equivalentes a.UMA, con más los porcentajes correspondientes al IVA en caso de corresponder y el .% establecido por la Ley 23.987. Todas las sumas según valor vigente al momento del pago (arts. 30 y 51 de la ley 27.423 y Acordada 2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
4) Declarar abstracto el planteo efectuado por el Dr. Franco Ramiro Alaniz a fs. 78, en virtud de la solución arribada en el día de la fecha.
Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema Lex100.
CESAR ALVAREZ
JUEZ DE CAMARA
ROBERTO AGUSTíN LEMOS ARIAS
JUEZ DE CAMARA
IGNACIO ENRIQUE SANCHEZ
SECRETARIO DE CAMARA
Fuente: Microjuris

miércoles, 22 de julio de 2020

UN TÍO DEBERÁ HACERSE CARGO DE LA CUOTA ALIMENTARIA QUE NO PAGA SU HERMANO

Inédito: un tío deberá hacerse cargo de la cuota alimentaria que ...


El fallo es inédito en el país. La jueza explica su decisión.

Había antecedentes de abuelos que deben hacerse cargo de la manutención de sus nietos, pero jamás de un tío que deba hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus sobrinos, porque su hermano no les pasa un peso.
Esto sucedió en Salta. Es un fallo inédito.
La jueza de primera instancia de Personas y Familia 3, Claudia Güemes, fue quien emitió ese fallo. Aclaró que se trata de una situación excepcional el caso en que un tío deberá abonar a favor de sus dos sobrinos el concepto de cuota de alimentos provisoria. Además es una medida provisoria, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La jueza sostuvo el menor en cuestión no cuenta ni con abuelos maternos ni paternos, ni hermanos grandes. Detalló, además, que fue el tío quien se presentó a la audiencia a decir que podía colaborar, y quien además dijo que existen otros parientes que están en mejor situación que él para colaborar con los alimentos.
“Cada caso tiene su situación particular y no es que todos los tíos deberán afrontar el pago que no realiza el padre”, dijo.
El tío sólo se hará cargo de la cuota alimentaria de ahora en adelante, no de toda la deuda que tiene el padre de sus sobrinos.