lunes, 20 de septiembre de 2021

SE FIJA UNA CUOTA ALIMENTARIA A FAVOR DE UNA JOVEN DE 24 AÑOS QUE PADECE PARÁLISIS CEREBRAL

 


SE FIJA UNA CUOTA ALIMENTARIA A FAVOR DE UNA JOVEN DE 24 AÑOS QUE PADECE PARÁLISIS CEREBRAL

💰El derecho a los alimentos tiene carácter asistencial. Su finalidad básica es permitir al alimentado la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, con la extensión que quepa, en tanto no puedan procurarse su sustento o se encuentren impedidos para obtenerlo. Es importante destacar que la obligación alimentaria en materia de discapacidad será en principio de por vida cuando el hijo padezca enfermedades irreversibles

♿️El art. 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional por Ley 27.044, define que el propósito de la Convención "es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente"

💜El principio de solidaridad familiar implica la adhesión a la causa, de la situación o necesidad de otro; y en ninguna circunstancia puede suspenderse, por su utilidad práctica en situaciones extremas como habituales y porque recoge una noción presente en la sociedad

💚El dinamismo de la solidaridad gira en torno al reconocimiento de las diferencias de hecho entre los humanos, pero brota de la afirmación de la igualdad, de una identidad en dignidad de todo ser humano que inspira al sistema jurídico occidental

️En efecto este principio se traduce en el efectivo goce de los derechos fundamentales de todos los integrantes de la familia, entendidos como aquellos que corresponden universalmente a los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas y son inalienables, indisponibles, inviolables

🫂El derecho de alimentos, es la manifestación más evidente de este principio de solidaridad familiar, que apunta a proteger a la parte más vulnerable


fallo👇

UZ. FAM. Nº 1 TIGRE, 14/07/2021, "C L. B. c/ B. J. E. s/ alimentos" (Sentencia no firme)

Tigre.

AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones venidas para dictar sentencia de las

R. J. N. M. (T° XXIII, F° 245, CASI, CUIT 20181498308), en representación de su hija L. B., y reclama la fijación de una cuota alimentaria contra el Sr. J. E. B..

Relata que fruto de la unión con el demandado nació su hija L., el 8 de noviembre de 1996, conforme surge de la documentación obrante en autos. Que su hija padece parálisis cerebral, panencefalitis esclerosante subaguda, por sarampión, desde el año 2003. Que se alimenta mediante gastrotomia de sonda y necesita atención y monitoreo las 24hs. del día. Denuncia que ella ha sido designada curadora definitiva de su hija.

Indica que el demandado posee un taller mecánico y que tienen unos ingresos mensuales promedio de aproximadamente $70.000. Solicita se fije una cuota de alimentos del 30% de los haberes del demandado.

Ofrece la prueba que estima pertinente y funda en derecho su petición.

Acompaña documentación tendiente a acreditar la enfermedad de su hija.

El 22/7/20 obra contestación de oficio del Juzgado de Familia n° 4 de San Isidro en el que se informa que ante dicho Juzgado tramita la causa "B. L. S/ Determinación de la capacidad jurídica", en la que con fecha 4 de octubre de 2017 se dictó sentencia declarando a la Sra. L. B., comprendida dentro de las previsiones del art. 32 in fine del Código Civil, art. 618 y cctes. del CPCC, estableciendo que se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y disponiendo que para tales actos debe ser asistida por su curador definitivo, designando en el cargo a la Sra. L. B. C.

El 18/8/20 se curso a la acción, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia que padece la población mundial por el Covid-19 (coronavirus), y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el que

RESULTA: Que se presenta la Sra. L. B. C (DNI ...), con el patrocinio letrado del Dr...

En sus escritos de fecha 12/8/20 y 27/9/20, la actora manifiesta que actualmente el progenitor de su hija abona aproximadamente $3.000 semanales de forma esporádica, lo que no le permite cubrir de forma organizada los gastos de su hija que no se encuentra cubiertos por la obra social a la que se encuentra afiliada.

El 27/9/20 la actora acompaña la carta documento que acredita la notificación del demandado de la demanda de alimentos con fecha 1/9/20, quien no se presenta en autos.

El 13/10/20 se fijan alimentos provisorios por la suma de $14.000 mensuales.

Con fecha 21/12/20 la actora desiste de la prueba pendiente de producción y pide que se dicte sentencia.

Se tiene por desistida la prueba ofrecida y se requiere al Juzgado de Familia n° 4 de San Isidro que remita las actuaciones "B. L. S/ Determinación de la capacidad jurídica".

El 26/5/21 se recibe del Juzgado referido las copias digitales del expediente requerido y se da vista al Ministerio Pupilar.

Con fecha 16/6/21 dictamina la Sra. Asesora en sentido favorable a la pretensión y con fecha 22/6/21 se llaman las actuaciones para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- Conforme lo normado por el art. 658 del Código Civil y Comercial ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

Esta norma se complementa con lo dispuesto por el art. 662 CCyC en cuanto que otorga legitimación activa al progenitor que convive con el hijo mayor de edad para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años.

En el caso que nos ocupa, si bien la actora convive con su hija y se encuentra a cargo de su cuidado, L. tiene ya veinticuatro años, por lo que su supuesto no esta contemplado por las normas citadas. Sin perjuicio de ello, dado el delicado estado de salud de la joven, y la sentencia dictada por el Juzgado de Familia n° 4 de San Isidro que determina su capacidad, y designa curadora definitiva a su madre, es necesario realizar un análisis más abarcativo.

"Se debe tener por norte, en caso como el que nos ocupa que el derecho a los alimentos tiene carácter asistencial. Su finalidad básica es permitir al alimentado -hijos menores o discapacitados-, la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, con la extensión que quepa, en tanto no puedan procurarse su sustento o se encuentren impedidos para obtenerlo. Es importante destacar que la obligación alimentaria en materia de discapacidad será en principio de por vida cuando el hijo padezca enfermedades irreversibles ...". (Seda, Juan Antonio "alimentos para hijo mayor de edad con síndrome de Down DFyP 7/12/2016,146).

Cuando se trata de juicios en materia de familia, la función del juez va mucho más allá de subsumir los hechos que se le presentan a la norma y dirimir en base a dicha subsunción el conflicto.

Es que "la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia queda desvirtuada cuando éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley manda concretamente a valorar" (Del voto de los doctores Lorenzetti y Highton de Nolasco, CSJN, 02/08/2005).

A ello se le suma la exigencia de los art. 1 y 2 del Código Civil y Comercial en cuanto a que los casos sean resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, debiendo la ley ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes analogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

De esta manera incorpora un sistema de fuentes de manera integral, complejo denominado en los Fundamentos del Anteproyecto, como un "diálogo de fuentes". Toma con especial consideración los tratados de derechos humanos y derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad, receptando la constitucionalización del derecho privado y estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado.

“La reforma con ese `diálogo de fuentes´ alude a una interpretación de la norma (para buscar su sentido y valor, para obtener su expresión precisa y eficaz en el tratamiento de las relaciones jurídicas) vinculada con la Constitución, tratados internacionales, leyes, usos, prácticas y costumbres. Todo debe ser interpretado de modo coherente e integral con el ordenamiento vigente, debiendo las decisiones judiciales estar razonablemente fundadas. La transversalidad del enfoque de derechos humanos implica resignificar, organizar, mejorar los procesos de manera que la perspectiva de igualdad y no discriminación sea incorporada en todas las políticas, estrategias, acciones e intervenciones. (Yuba, Gabriela "Transversalidad de derechos humanos en el Código Civil y Comercial. Construcción de un nuevo paradigma", Publicado en: SJA 13/12/2017, 5 • JA 2017-IV , 1417).”

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure] en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios..." (art. 25.1). De igual manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe que "Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado [...], incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho..." (art. 11, 1). La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra que "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas [entre otros] a la alimentación..." (art. XI).

El art. 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional por Ley 27.044, define que el propósito de la Convención "es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

A su vez, el art. 28 inc. 1° señala que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, que incluye la alimentación, el vestido y la vivienda adecuados, así como la mejora continua de sus condiciones de vida, para lo cual deberán adoptar las medidas de salvaguarda que resulten adecuadas y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad en su exposición de motivos señala que “El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aun mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que estas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación mas intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.”

II. En el propio CCyC, surgen diferentes supuestos en los que la obligación alimentaria se extiende más allá de los 21 años como, por ejemplo, el de hijos mayores que se capacitan (art. 663). Estas excepciones a la regla general tienen su fundamento en la solidaridad familiar que debe regir en todas las cuestiones del derecho de familia, circunstancia que debe observarse mayormente en los vínculos entre progenitores e hijos (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Familia, Sala I, Lomas de Zamora, 19/03/2021, "O. P. K. y otro/a vs. V. C. A. s. Alimentos").

Por otra parte resulta de aplicación en el caso concreto el principio de solidaridad familiar que implica la adhesión a la causa, de la situación o necesidad de otro; y en ninguna circunstancia puede suspenderse, por su utilidad práctica en situaciones extremas como habituales y porque recoge una noción presente en la sociedad (Córdoba, Marcos M, “El derecho en época de pandemia. COVID-19, familia y solidaridad jurídica”, Cita Online: AR/DOC/1034/2020) El dinamismo de la solidaridad gira en torno al reconocimiento de las diferencias de hecho entre los humanos, pero brota de la afirmación de la igualdad, de una identidad en dignidad de todo ser humano que inspira al sistema jurídico occidental…”.(Medina, Graciela, Principios del derecho de familia. Publicado en: LA LEY 13/04/2016 , 1 • LA LEY 2016-B , 1114 • DFyP 2016 (mayo) , 3 Cita Online: AR/DOC/986/2016).

En efecto este principio se traduce en el efectivo goce de los derechos fundamentales de todos los integrantes de la familia, entendidos como aquellos que corresponden universalmente a los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas y son inalienables, indisponibles, inviolables e intransigibles (conf. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Barcelona, 2004, p. 37 y ss.).

El derecho de alimentos, es la manifestación más evidente de este principio de solidaridad familiar, que apunta a proteger a la parte más vulnerable (Yuba, Gabriela "Reduccion de cuota alimentaria durante el ASPO: vinculación entre el interés superior del niño y el principio de solidaridad familiar).

III. La obligación de alimentos que tiene raiz constitucional y convencional comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas del obligado y necesidades del alimentado. (art. 659 del Código Civil y Comercial).

Las cuotas de alimentos deben entonces fijarse teniendo en cuenta el caudal y condición social del alimentante obligado a prestarlas, las necesidades del alimentado, y su edad.

IV.- De la prueba aportada luce acreditado el vínculo invocado con el certificado de nacimiento acompañado el 18/9/2019, del que surge el nacimiento de L. B. ocurrido el 8 de noviembre de 1996, hija de J. E. B. y de L. B. C. de L..

Con las copias acompañadas por el Juzgado de Familia N° 4 de San Isidro, se acredita que el Juzgado referido dictó sentencia declarando a la Sra. L. B., comprendida dentro de las previsiones del art. 32 in fine del Código Civil, art. 618 y cctes. del CPCC, estableciendo que se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y disponiendo que para tales actos debe ser asistida por su curador definitivo, designando en el cargo a la Sra. L. B. C.

Si bien la actora denuncia que el demandado posee un taller mecánico, no acreditó su caudal económico. Dicha circunstancia no resulta obstáculo para la fijaciónde una cuota alimentaria, máxime teniendo en cuenta la especial situación en la que se encuentra la joven.

Quien ha tenido un hijo asume la responsabilidad de proveer a sus necesidades, pues en ello se encuentra el interés no sólo del descendiente, sino de la sociedad, de tal manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo debiendo realizar todos los esfuerzos necesarios a tal fin, sin poder excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de ingresos suficientes -cuando ello no se deba a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables- pues en el campo de su responsabilidad paterna está el dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulte razonable, a tareas remuneradas para poder completar la cuota; hasta tiene el deber de reemplazar el trabajo escasamente remunerado por otro que signifique un mejor ingreso, aunque ello implique también un mayor esfuerzo. (CC0100 SN 11640 S 16/10/2014 Carátula: A. S. F. c/ D. R. A.s/ Alimentos y Régimen de Visitas Magistrados Votantes: Tivano-Kozicki Tribunal Origen: JZ0000AR).

En consecuencia, de conformidad con el dictamen del Ministerio Pupilar,

RESUELVO:

1) Hacer lugar a la demanda de alimentos entablada por la Sra. L. B. C (DNI

2) Respecto de los alimentos atrasados, es decir los devengados a partir del 6 de junio de 2019 hasta la fecha de la presente sentencia fijase en seis cuotas iguales y consecutivas previa liquidación que deberá realizar la actora (art. 642 del CPCC).

3) Imponer las costas al demandado (art. 68 Cód. Proc.).

4) Atendiendo al valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la posición económica y social de las partes y lo normado por los inc. g y j del art. 16 de la ley 14967 y teniendo en cuenta que la base para regular honorarios asciende a la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000)

Regístrese. Notifíquese.

....), en representación de su hija L. B. (DNI ....), contra el Sr. J. E. B. (DNI ....), y fijar en concepto de cuota alimentaria que el demandado debe abonar a la actora la suma de Pesos veinte mil ($20.000) la que deberá ser abonada del 1 al 10 de cada mes en una cuenta que posee la actora en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tigre.

En atención al índice inflacionario que rodea nuestra economía y es de públicoconocimiento, se prevé una actualización de dicha cuota en forma semestral bajo el

Índice de Precios al Consumidor del INDEC (arts. 658, 659 y 662 del Código Civil yComercial, arts. 1, 28 y ccdtes de la CDPCD). Regular los honorarios profesionales al letrado patrocinante de la actora, Dr. R. J. N. M. (T° XXIII, F° 245, CASI, CUIT ....) en veintidos (22 ) JUS con más su adición legal e IVA en caso de corresponder (arts. 9, 16, 28, 39, 54 y cc, ley 14967).

 

Sandra Fabiana Veloso

 Fuente: https://victoriafamafamilias.blogspot.com/2021/09/alimentos-hijo-mayor-de-edad.html

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Prestación alimentaria por ley

 


Se presentó un proyecto para establecer por ley un sistema nacional de prestación alimentaria básica parental y un registro nacional de deudores alimentarios. La iniciativa ingresó a Diputados y fue girado a las comisiones de Justicia y Familias, Niñez y Juventudes.

Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para la creación del sistema nacional de prestación alimentaria básica parental y, además, un registro nacional de deudores alimentarios.

La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Justicia y Familias, Niñez y Juventudes, establece una prestación alimentaria básica parental consiste en un porcentaje de los ingresos mensuales de la persona obligada a su pago. “En ningún caso la aplicación de ese porcentaje podrá resultar en una suma inferior para cada hijo/hija a la Canasta Básica Total (CBT) y sus equivalencias que, por género, edad y región publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos”, dispone el texto impulsado por la diputada María Jimena López.

Según el proyecto, en los casos de hogar monoparental o monomarental el/la progenitor/a que asuma de hecho el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes se presentará ante la Autoridad de Aplicación y peticionará informalmente la registración de esa situación y consecuente riesgo alimentario.

Se establece como "Prestación Alimentaria Básica Parental" por un niño, niña o adolescente el 20% del ingreso bruto mensual que perciba por todo concepto el obligado, por el/la segundo/a un 10% adicional, por el/la tercer/a un 3% adicional, por el/la cuarto y sucesivos un 2% adicional. El texto también instituye los obligados a retener estas sumas.

A su vez, se propone la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este registro, según el proyecto, será público y estará a disposición de todos aquellos que le requieran información.

Proyecto de ley

 

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COMPENSACIÓN ECONÓMICA: SE DEBE ABONAR A LA ESPOSA LA SUMA RECLAMADA EN DÓLARES

 


Compensación económica: Se debe abonar a la esposa la suma reclamada en dólares con su equivalencia en pesos al momento de interposición de la demanda aplicándose intereses sobre dicho valor en moneda nacional

Partes: Incidente de compensación económica en autos: M. L. G. y B. B. J. M. s/ divorcio

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 28-jul-2021

Divorcio: Se reconoce el derecho de la esposa a una compensación económica por parte de su ex cónyuge, siendo razonable la suma reclamada expresada en dólares con su equivalencia en pesos al momento de interposición de la demanda.

Sumario:

1.-Corresponde casar la sentencia que, en el marco de un juicio de divorcio, al confirmar la decisión de Primera Instancia, reconoció el derecho de la esposa a una compensación económica de parte de su ex cónyuge y calificó de razonable la suma única reclamada, expresada en dólares con su equivalencia en pesos al momento de la interposición de la demanda, pero condenó a pagar ese valor en moneda nacional sin reconocer intereses, debiendo fijarse, en ejercicio de jurisdicción positiva -art. 284, inc. 3º , Código Procesal Civil y Comercial local-, el valor a compensar en la suma peticionada, más los intereses que resulten de aplicar la Tasa Activa Segmento 1 del Banco de la Provincia de Corrientes, desde la fecha de notificación de la demanda hasta su efectivo pago, más los réditos moratorios que se devenguen en el caso de incumplimiento.

2.-A los fines del recurso de casación, debe descalificarse por autocontradictoria, con evidente menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales, en detrimento de la garantía de la defensa en juicio, la sentencia que en un proceso de divorcio, al confirmar el pronunciamiento de Primera Instancia, reconoció el derecho de la esposa a una compensación económica de parte de su ex cónyuge e, incluso, calificó de razonable el valor reclamado, expresado en dólares con su equivalencia en pesos al momento de la interposición de la demanda, pero condenó a pagar esa suma en moneda nacional sin reconocer intereses, soslayando que el valor dólar contenido en la demanda apuntó a mantener el poder adquisitivo de la cuantía peticionada, lo cual, si bien no obligaba a los jueces de la causas a condenar en esa moneda, sí imponía tener en cuenta su variación y, por ende, la depreciación de la divisa nacional, de modo tal que su decisión no deviniera irrazonable o superada por la realidad.

3.-Es procedente el recurso de casación articulado contra la sentencia que, al confirmar el pronunciamiento de Primera Instancia en el marco de un juicio de divorcio, reconoció el derecho de la esposa a una compensación económica de parte de su ex cónyuge e, incluso, calificó de razonable la cuantía reclamada, expresada en dólares con su equivalencia en pesos al momento de la interposición de la demanda, pero condenó a pagar esa suma en moneda nacional sin reconocer intereses, ya que se no puede excluir la necesaria actualización de los montos de condena al estar inmersos en un contexto permanente de inflación que obliga a recurrir a distintos índices de actualización que permitan evaluar el grado de depreciación de la moneda.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° I01 – 3444/6, caratulado: «INCIDENTE DE COMPENSACION ECONOMICA EN AUTOS: M., L. G. Y B. B., J. M. S/ DIVORCIO». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín. EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE: C U E S T I O N ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO corresponde DICTAR EN AUTOS? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

I.- El presente incidente fue promovido en agosto/2016 por la Sra. L. M. con el fin de que se le reconozca el derecho a una compensación económica a abonar por su ex cónyuge (Sr. J. B. B.), como efecto del divorcio decretado, conforme lo previsto en el art. 441 CCCN y que estimó en U$S85.000 equivalente -según expresó- a $1.275.000 aproximadamente, con más el interés que coR.pondiera al momento del efectivo pago. En diciembre/2019 el Juez de primera instancia consideró procedente la compensación y admitió «el monto pretendido por la incidentista» al que calificó de justo, equitativo y razonable como para equilibrar la situación económica entre ambos, fijándolo en pesos ($1.275.000) por ser la moneda de curso legal, al que adicionó intereses para el caso de incumplimiento de pago dentro de los 10 días de quedar firme la sentencia.

II.- A fs. 314/323 la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Curuzú Cuatiá rechazó los recursos de apelación deducidos por ambos, dejando firme en su mérito el decisorio reseñado. Para fundar esta decisión expuso los siguientes fundamentos: a) Que fue reconocido el derecho de la incidentista a que se compense el desequilibrio patrimonial que tuvo su origen y causa en el matrimonio habido con el incidentista y su cese pero que la determinación del monto ha sido siempre reservado al tribunal, que sólo no la acogió estrictamente como fue pretendido. b) Que el desequilibrio al que se hace referencia es el producido desde la ruptura matrimonial y hacia el futuro, con lo cual la mirada es respecto de las posibilidades futuras de quien reclama la compensación, con apoyo en la conducta de los integrantes de la pareja durante la vigencia de la unión, no habiendo el incidentado controvertido el hecho de que la incidentista debió postergar todas sus posibilidades de crecimiento personal y profesional para dedicarse a las tareas del hogar y al cuidado de la prole. c) Que esa asunción de funciones en la vida del matrimonio colocó a la incidentista a la fecha del desvinculo en una desventajosa situación en comparación con la que mantendrá su ex esposo, quien sí pudo desarrollarse personal y profesionalmente, de tal modo que su actividad no tendrá mayores modificaciones en cuanto continuará seguramente haciendo lo que siempre hizo, mientras que la ex esposa carecerá de posibilidades de insertarse en el mercado laboral o profesional dada su edad, carencia de especializaciones e inexistencia de experiencia en el área de su profesión. d) Que la incidentista pudiera costear algunos viajes al exterior, que permanezca en la casa familiar los fines de semana, que haya adquirido un inmueble en la ciudad de Resistencia, que se hubiera apropiado del ajuar y muebles familiares o que cuente con un trabajo remunerado son circunstancias que no eliminan en nada la apreciación del caso, en tanto el nivel de vida se ve disminuido a partir de la ruptura.e) Que al no haber sido clara al momento de promover la demanda incidental respecto a que la pretensión se ajustara a una de las variantes (o el mismo monto en moneda extranjera o su equivalente en moneda de curso legal), ello no puede ser saneado ante la instancia de apelación. f) Que si bien en la demanda se reclamó intereses desde la fecha de inicio al haber requerido un importe actualizado (en pesos equivalente a la cantidad de dólares estadounidenses) a la fecha de la sentencia los intereses no pudieron tener como fecha de arranque la de la interposición de aquella.

III.- Se queja la recurrente en síntesis atribuyendo al fallo impugnado un excesivo rigor formal, apartamiento de las constancias de la causa y una fundamentación absurda (fs. 325/333).

IV.- La vía de gravamen fue interpuesta dentro del plazo, se dirige contra sentencia definitiva, la recurrente se encuentra exenta de la carga económica al contar con beneficio de litigar sin gastos y ha cumplido con la técnica de expresión de agravios. Paso a abocarme al análisis de su mérito o demérito.

V.- En primer término, transcribo por lo ilustrativa la explicitación por parte de prestigiosa doctrina del sentido y alcances del instituto legal novel que nos ocupa, a efectos de adentrarnos en el tema. «Los cónyuges pueden convenir el monto y forma de pago de la compensación económica en el convenio regulador, pero atento a estar fundada en el principio de solidaridad familiar y en la equidad, ante la falta de acuerdo, el juez debe resolver la procedencia y monto de aquélla. Justamente a los fines de determinar su procedencia y cuantía, el Juez debe tener en cuenta una serie de circunstancias previstas por el legislador con el objeto de brindar herramientas de interpretación acerca de la viabilidad y extensión de la pensión compensatoria.Entre ellas se destacan el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; la dedicación brindada a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia; la evaluación de la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien requiere la compensación y el grado de colaboración que uno prestó a las actividades del otro. En los Fundamentos se sostiene que es necesario realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto es, obtener una «fotografía» del estado patrimonial de cada uno de ellos y, ante un eventual desequilibrio, proceder a su recomposición. Ahora bien, esta noción de estado patrimonial merece algunas precisiones, pues no se refiere sólo a aspectos cuantitativos, sino más bien a un estudio cualitativo de la situación personal de ambos cónyuges. Sucede que la noción de fotografía pareciera referirse a una cuestión estática, pero el análisis debe incluir el perfil de cada uno de los cónyuges en su aspecto dinámico. Veamos. El análisis que realiza el Juez no debe ceñirse a la situación patrimonial de los esposos, esto es, cual es el activo y pasivo con el que cuentan al momento de legalizar la ruptura conyugal; ni siquiera la consideración de cuánto poseían los consortes a la celebración del matrimonio y con posterioridad al divorcio. La investigación es más amplia y debe incluir la capacitación laboral que posea cada uno de ellos, con la consecuente potencialidad que esta circunstancia posee en su capacidad, no solo de generar recursos sino también de conservarlos; pues de lo contrario, y aun ante una importante cantidad de bienes, ellos serán consumidos rápidamente. En suma, es necesario entender que, vigente el vínculo matrimonial, el deber de asistencia recíproco (conf. art.431) que impera allí mantiene «ocultas» las posibles diferencias en la potencialidad económica de cada uno de los esposos y, producido el divorcio, la realidad saldrá a la luz». (Código Civil y Comercial comentado/dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, 1° ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, págs. 767/768). Es que como tenemos dicho en el único precedente que hasta ahora hemos dictado al respecto, aunque referido a una unión convivencial «.depende de cada historia familiar la compensación económica que se entienda justa para equilibrar la situación del (conviviente) que pueda terminar perjudicado frente a la ruptura, lo que implica la necesidad de probar en todo caso el derecho que le asiste» (STJ Ctes., Sent. Civil N° 106/2020).

VI.- Ahora bien, en el caso que nos ocupa el pronunciamiento de Alzada recurrido destaca -como vimos- que el desequilibrio que se pretende compensar con la suma en cuestión se proyecta hacia el futuro, analizando a esos fines las posibilidades de quien la reclama, destacando que el nivel de vida se ve disminuido a partir de la ruptura al no contar con el aporte económico del esposo para solventarlos, aunque continúe percibiendo sus ingresos, los que de por sí son significativamente inferiores. Esta mirada hacia el futuro que propone el Tribunal no puede dejar afuera la necesaria actualización de los montos de condena al encontrarnos inmersos en un contexto permanente de inflación que nos obliga a recurrir a distintos índices de actualización que permitan evaluar el grado de depreciación de la moneda según el caso (valor dólar, indec, salario mínimo vital y móvil para mencionar algunos). En el caso no pudo ser otra la razón por la cual al promover la Sra. M.el incidente en fecha 31/08/2016 reclamó literalmente «la suma de Dólares Estadounidenses ochenta y cinco (U$S 85.000) equivalente a Pesos Un millón doscientos setenta y cinco mil ($1.275.000) aproximadamente, estimados al momento de la presentación del presente, con más el interés que coR.ponda al momento del efectivo pago»( fs. 17 vta.). Es que cuando se dictó sentencia ya en diciembre/2019 los U$S85.000 equivalían a $5.384.750 (conforme cotización oficial del dólar a $63 publicada en https://www.lanacion.com.ar), con lo cual no parece tan estéril como la Cámara lo califica al argumento de la «permanente y continua desvalorización de la moneda arge ntina o indisimulable e inevitable pérdida del valor adquisitivo», sino mas bien un extremo insoslayable. No sólo eso, luego de desacreditar la razón de la depreciación afirmó -en contra de lo que surge expresa y literalmente del escrito inicial transcripto ut supra- que la pretensión era extemporánea al no haber sido deducida desde un inicio (que la condena fuera en dólares o al valor vigente a la fecha del fallo), apartándose totalmente de las constancias de autos en tanto ha sido un tema de debate entre las partes, desde que el mismo incidentado resistió la acción quejándose de que se hubiera demandado en dólares, a pesar de que no fuera una obligación asumida de antemano de ese modo. Claramente el valor dólar contenido en la demanda ha apuntado al mantenimiento del poder adquisitivo de la suma reclamada, lo que no obligaba al Juez a condenar en esa moneda pero sí tener en cuenta su variación y por ende la depreciación de la nuestra, de modo tal que su decisión no devenga irrazonable o superada por la misma realidad.O en todo caso debió justificar por qué la suma de $1.275.000, que entendió debía proyectarse hacia el futuro como elemento de compensación, resultaba justa y equitativa a pesar de constituir casi un tercio del monto reclamado al demandar. Sumado a ello, incurre en contradicción cuando por un lado deniega la fijación del monto a partir de la equivalencia en pesos al momento de la sentencia y por otro justifica la no aplicación de intereses desde la demanda por considerar que se trata de un monto actualizado. En otras palabras, reconoció el derecho de la actora a ser compensada e incluso calificó de razonable la cuantía reclamada sin explicitar: si optaba por la equivalencia en pesos al momento de la demanda porque denegaba el pedido de intereses desde entonces y si la consideraba actualizada a la fecha de la sentencia porque admitía un monto considerablemente menor al reclamado. Ello así, la sentencia impugnada resulta inequívocamente autocontradictoria y, por lo tanto, constituye un evidente menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales, que lesiona la garantía de la defensa en juicio (CSJN, Fallos: 296:657 y 301:338; 302:1518; 315:227; 316:71), en tanto deviene arbitraria por infundada. Traigo a colación lo dicho en otro precedente que -salvando la distancia de que se trata de otra situación disímil- muestra la necesidad de explicitación por parte del Juzgador de los motivos que justifican las decisiones asumidas de modo tal que las reglas y principios se amolden al caso concreto. «Así las cosas, si la sentencia dictada en primera instancia ordena calcular la indemnización desde 2003 a 2015 con una tasa del 12% anual que a la fecha importa un aumento de un 145,28%, mientras que según los índices oficiales con que contamos hasta octubre de 2015 la inflación en ese período habría sido del 343%, confirmarla invocando la autoridad de cosa juzgada importa desconocer el principio de la reparación integral.Recuérdese que esta suma no sólo cubre el concepto de indemnización por incapacidad sino que incluso debe alcanzar para comprar una prótesis del ojo perdido y control posterior. Esto es, tal solución no se compadece con el principio de integridad que domina la materia indemnizatoria -ajena a todo concepto de mora- en tanto hace pesar las vicisitudes del proceso inflacionario exclusivamente sobre la actora, traduciéndose en un notable cercenamiento de la garantía consagrada en el art. 17 de la CN (Fallos 301:319). Así lo tengo dicho en las Sentencias laborales N° 91/2015 y 61/2016. «. «El fundamento de inmutabilidad de la cosa juzgada que la Alzada brinda para justificar el rechazo de la corrección de la tasa de interés reclamada por el recurrente no es suficiente para cubrir la injusticia de la depreciación de un monto indemnizatorio, en un contexto socioeconómico que como tal siquiera necesita pruebas, ya que como ciudadanos de este país la padecemos día a día. Semejante inteligencia no concuerda con el criterio realista enfatizado por la Corte Suprema, al corroborar que la aplicación de intereses conforme tasas que mantengan el intrínseco valor del capital no hace a la deuda más onerosa que en su origen, sino que simplemente mantiene su poder adquisitivo. Como hemos dicho, los jueces no podemos ser fugitivos de la realidad y que el poder de los jueces a dicho fin no admite discusión (Sent. 59/2009 del STJ de Corrientes) en tanto tiene base en principios generales del derecho y con expresa concreción hoy en diversas cláusulas del Código Civil y Comercial: el orden público y las buenas costumbres (art.12) y el abuso del derecho (arts. 9, 10, 11)». A ello para nada obsta la cosa juzgada (Sent. 29/2008 del STJ de Corrientes), pues el gran y eterno principio jurídico que impide enriquecerse indebidamente, sin causa real y legítima en el monto definitivo de la condena, no se cubre ni por la máxima de preclusión (CSJN; doct. de Fallos:296:1115; causas C.696.XVII, «Canteros, Petrona c/ Empresa «San Jorge» de Transporte Colectivo y/o Félix González y/o quien resulte responsable; V.260.XVII, «Valdés, Julio Héctor c/ Cintrioni, Alberto Daniel» entre muchos otros). Es decir, no es oponible el argumento del índice fijado en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, porque, precisamente, para preservar el sentido que anidaba en ese fallo anterior favorable a la actualización es que resulta imprescindible adecuar el reajuste a la sobreviniente y nueva realidad económica (Sentencias del STJ de Corrientes 122/2006 y 113/2014). Al respecto, ya la Corte Suprema nos ha enseñado -en un conocido caso que también arrojaba un resultado injusto por priorización de fórmulas matemáticas y abstractas sobre la realidad económica- que «[.]el mecanismo para mantener actualizado el capital sólo constituye un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica, y cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto debe ser dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas[.]» (CSJN, fallo del 22 de diciembre de 1992, en autos «García Vázquez, Héctor c/ Sud Atlántica Cia de Seguros»).» (STJ Ctes Sent Civil N° 66/2016).

VII.- En consecuencia, atendiendo al defecto del razonamiento en la decisión impugnada propicio su casación en lo que exclusivamente ha sido materia de debate en instancia extraordinaria (art. 278 incs. 1 y 2 CPCC). Y en ejercicio de la jurisdicción positiva que incumbe al Superior Tribunal juzgo, por las razones explicitadas en los considerandos, que corresponde que el capital reclamado y admitido en la demanda sea actualizado con una tasa de interés tasa activa segmento 1 del Banco de Corrientes que se aplicará desde la fecha de la notificación de la demanda (31/10/2016) y hasta su efectivo pago, con más los moratorios que se devenguen en el caso de incumplimiento una vez que quede firme lo resuelto.VIII.- Y aquí creo necesario una digresión más, en torno a lo que creo constituye el trasfondo de este conflicto -y de tantos más- que de alguna manera promueve su transcurrir por todas las instancias y la promoción de innumerables incidencias, cual es la íntima relación entre el capital objeto de conflicto y el tiempo que perdura un proceso hasta que lo resuelto adquiere firmeza. Cuanto mayor sea el tiempo que se demora en acordar una salida u obtener una sentencia que se cumpla, mayor será la deuda, con lo cual pierden todos: el acreedor que espera años hasta cobrar, el deudor a quien el paso del tiempo agrava su situación y los abogados que -con un cliente cada vez más endeudado- quedan con menos posibilidades de cobrar sus propios honorarios. Es en ese marco que propicio que al monto reclamado en la demanda y acogido en la sentencia de primera instancia se le adicione el interés de tasa activa desde que fue anoticiado de la existencia del proceso y en condiciones de procurar ya un acuerdo y hasta que sea efectivamente cancelado. Estoy convencido que el desafío del Poder Judicial de estos tiempos apunta a brindar respuestas a los justiciables en tiempo razonable, neutralizando los intentos de que el proceso sea utilizado como un mecanismo dilatorio de las obligaciones, con lo cual debemos optar por las alternativas que breguen por ello. De este modo, el Juez debe recurrir a todas las herramientas que tiene a su alcance -ya sea normativas y/o de gestión- en pos de perseguir un servicio de justicia eficiente, que no sea subvertido en beneficio de intereses que al derecho no le interesa proteger. (A ello hemos referido en precedentes similares, a saber: STJ Ctes. Sentencias Civiles N° 13, 83 y 130/2020; 10/2021).

IX.- Por lo expuesto es que si este voto resultare compartido por mis pares corresponderá hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs.325/333) y, en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de Cámara y la de primera instancia exclusivamente en cuanto ha sido materia del recurso interpuesto (punto 2 de la parte resolutiva). Y en ejercicio de jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 CPCC) Fijar la compensación económica en favor de la Sra. L. M. en la suma única de $1.275.000, con más el importe que resulte de la aplicación de la tasa de interés tasa activa segmento 1 del Banco de Corrientes que se aplicará desde la fecha de la notificación de la demanda (31/10/2016) y hasta su efectivo pago, con más los moratorios que se devenguen en el caso de incumplimiento una vez que quede firme lo resuelto. Costas a la vencida. Regular los honorarios de los letrados intervinientes Dres. Sandra Miraglio y José Gronda en forma conjunta por la recurrente y Eduardo Ramiro Barnada (h) por la recurrida en el .% de los honorarios que se les fijen por su actuación en el presente incidente, todos como monotributistas. A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por c ompartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Que adhiero a la relatoría de la causa y comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. No obstante ello, considero oportuno explayarme acerca de mi reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. Es así que en numerosos precedentes sostuve que el art.28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos.» Asimismo, manifesté que no coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración; estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial. Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los Sres. Magistrados, en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado. A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo destino final.En este sentido, entiendo que la fundamentación de los pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e impugnarlos. Y es que, la sociedad democrática mayormente participativa pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera. Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los principios de igualdad y equidad constitucional. Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a la falta de mayorías o mayorías «aparentes» acarrean un grave perjuicio tanto para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de legitimación. Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada Camarista se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. ASI VOTO. A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 89

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs. 325/333) y, en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de Cámara y la de primera instancia exclusivamente en cuanto ha sido materia del recurso interpuesto (punto 2 de la parte resolutiva). Y en ejercicio de jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 CPCC) Fijar la compensación económica en favor de la Sra. L. M.en la suma única de $1.275.000, con más el importe que resulte de la aplicación de la tasa de interés tasa activa segmento 1 del Banco de Corrientes que se aplicará desde la fecha de la notificación de la demanda (31/10/2016) y hasta su efectivo pago, con más los moratorios que se devenguen en el caso de incumplimiento una vez que quede firme lo resuelto. Costas a la vencida.

2°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes Dres. Sandra Miraglio y José Gronda en forma conjunta por la recurrente y Eduardo Ramiro Barnada (h) por la recurrida en el .% de los honorarios que se les fijen por su actuación en el presente incidente, todos como monotributistas.

3°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ Presidente Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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miércoles, 1 de septiembre de 2021

POR INCUMPLIR LA CUOTA ALIMENTARIA, UN HOMBRE AHORA NO PUEDE MANEJAR NI SALIR DE RÍO GALLEGOS

 



A la hora resolver, el juez Antonio Andrade, tuvo en cuenta que la mujer- que además había sido víctima de violencia psicológica y física durante la relación - estaba cumpliendo con los cuidados de su hija en soledad. La medida será hasta "tanto cumpla con el pago de la cuota alimentaria fijada”.

El Juzgado de Primera Instancia de Familia N 2 de Río Gallegos, resolvió la situación de una mujer y su hija, aplicando perspectiva de género en un caso en el que el padre de la niña, se desentendió de brindarle contención económica y emocional.

El expediente inicia con la demanda de una mujer, para que su ex pareja se hiciera cargo del pago de la cuota alimentaria a favor de la hija que tienen en común.

Ella, que contó con el patrocinio de la defensora oficial Romina Saúl, era desempleada, realizaba de tanto en tanto tareas de planchado para generar ingresos y estaba a punto de ser desalojada por deudas con el alquiler.

En diferentes fechas, el demandado fue citado a audiencias pero no se presentó, evidenciando falta de interés, al igual que su progenitor, abuelo de la nena, quien fue demandado en forma subsidiaria.

A la hora resolver, el juez Antonio Andrade, tuvo en cuenta que la mujer- que además había sido víctima de violencia psicológica y física durante la relación - estaba cumpliendo con los cuidados de su hija en soledad.

En su fallo, el Juzgado de Familia N 2 de la capital de Santa Cruz, condenó al hombre que aparentemente tendría trabajos de forma intermitente, a abonar $ 8.000 mensuales en concepto de cuota alimentaria definitiva a favor de su hija. Asimismo, hizo lugar a la demanda en contra del abuelo paterno, quien  deberá afrontar una cuota definitiva y subsidiaria del 15 % de los haberes que percibe.

Esto está establecido en el Código Civil, en el título correspondiente  a la Responsabilidad parental, que dice que cuando se trata de alimentos debidos al niño o adolescente, se autoriza el reclamo a los ascendientes en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores, como una solución que cumple con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para el magistrado, que el demandado no se interesara por el proceso en su contra, mostró “un comportamiento sumamente desaprensivo y de falta de empatía” respecto de la mujer y su propia hija, por lo que el caso “encuadra en la definición de violencia contra las dos mujeres prevista por el art. 4 de la Ley 26.485”, en cuanto a la violencia económica y patrimonial.

Sobre éste punto, el fallo recuerda que la violencia económica es "una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos..."

Por eso, Andrade ordenó la inscripción del hombre en el Registro de Deudores Alimentarios Provincial y la prohibición de salir de la Jurisdicción de Río Gallegos, oficiando a la Jefatura de Policía, Migraciones, Policía Federal Argentina y Policía Aeronáutica Nacional.

Tampoco podrá conducir automóviles, por lo que ordenó que le suspendan la licencia de conducir en forma permanente, “hasta tanto cumpla con el pago de la cuota alimentaria fijada”. Si así no lo hiciera, el demandado podría ser multado y hasta tener consigna policial.

“Debo de aplicar a las presentes la finalidad del sistema jurídico hoy cuyo norte está expresado en la denominada Ley Micaela, esto es la interpretación con perspectiva de género”, se lee.

lunes, 2 de agosto de 2021

COMPENSACION ECONOMICA PARA UNA MUJER POR CUIDAR A LA FAMILIA, HACER LAS TAREAS DEL HOGAR Y NO EJERCER LA ABOGACIA

 



COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA UNA MUJER POR CUIDAR A LA FAMILIA, HACER LAS TAREAS DEL HOGAR Y NO EJERCER LA ABOGACIA

La Justicia rosarina hizo lugar a una demanda de compensación económica que una mujer planteó contra su ex esposo porque mientras estuvieron casados se dedicó a las tareas de la casa, cuidó a la familia y no pudo desarrollar su profesión de abogada.
La mujer, que fue patrocinada por la abogada fundamentó su pretensión en el empobrecimiento que sufrió desde el momento de la separación. Adujo que se produjo un desequilibrio económico manifiesto a causa de la ruptura matrimonial.
Reclamó la compensación por la postergación y aplazamiento personal de su crecimiento personal y la pérdida de chance por haber dedicado su vida a la familia, como cocinar, limpiar y acompañar a los hijos en su educación, práctica de deportes y otras actividades.
Es abogada y con el propósito de criar a sus tres hijos y de acompañar al hombre en su actividad comercial, dejó de lado sus proyectos personales.
Sostuvo en la demanda que “el sólo hecho de tener un título no significa un sueldo asegurado. A pesar de su edad, 62 años, intentó por todos los medios conseguir trabajo y que le fue imposible, ya que no tuvo experiencia en litigación por dedicarse exclusivamente a sus hijos y al hogar, lo que le impidió entrar a algún estudio jurídico o presentarse en algún cargo para la provincia”.
En la resolución la magistrada destaca que el Código Civil y Comercial prevé que “el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez”.
Agregó que “la norma incorporó al sistema jurídico nacional las denominadas compensaciones económicas, que consisten en un mecanismo que se pone en marcha ante el quiebre conyugal y tienen por finalidad compensar el desequilibrio económico que produjo el divorcio entre los cónyuges. Su objetivo es propiciar la superación de la pérdida económica que puede derivarse del divorcio para alguno de los cónyuges, especialmente cuando el matrimonio haya producido una desigualdad entre las capacidades de ambos de obtener ingresos
En este caso la disolución del vínculo matrimonial por divorcio se declaró tras muchos años de separación de hecho, en concreto poco más de 8 años. Al momento de la separación tenían 3 inmuebles y un auto.
Señaló la jueza María José Campanella que “luce indisputable que la mujer fue quien, con exclusividad, se dedicó a la crianza y educación de sus hijos. Brindó asistencia espiritual a la familia, cuidó del hogar común, se dedicó a la realización de los quehaceres domésticos y a la educación de sus hijos. Dispensó tiempo, esfuerzo y dedicación a la crianza de los tres hijos común, durante un extenso período de tiempo”.
Puntualizó que “si bien a la fecha de la separación de hecho, poseía un título profesional y capacitación para el desempeño de tareas laborales vinculadas con el ámbito forense, la posibilidad de acceder a un empleo era limitada atendiendo a que en el año 2009 tenía 54 años de edad y nula experiencia profesional. Todo ello, sumado a la delicada situación económica que atraviesa nuestro país desde hace muchos años, me convencen de la existencia de grandes dificultades para el ejercicio liberal de la profesión o para la realización cualquier otra tarea relacionada con su incumbencia profesional, en un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo”
Además, señaló que “renunció y/o postergó su carrera profesional para atender las necesidades de su ex esposo y de los tres hijos en común, habiéndose dedicado a las tareas domésticas y al cuidado, crianza y educación de los hijos en común; también colaboró en la actividad empresarial o comercial de su ex marido, relegando su crecimiento profesional y abdicando de toda oportunidad de desarrollo en la actividad de su incumbencia profesional”.
Afirma la jueza Campanella que “la situación deriva en el otorgamiento de la compensación económica cuando la división de los roles entre los cónyuges, basada en estereotipos de género, encuentra su causa adecuada en el matrimonio y provoca que, tras la ruptura, la posición económica de la mujer sea ostensiblemente inferior a la del hombre, más aún cuando el mayor desarrollo o evolución profesional de la actora resulta muy dificultoso atendiendo a la edad que poseía al momento de la separación”.
Añadió que “es responsabilidad de los magistrados propender a la igualdad de derechos y responsabilidades en el seno de las familias”.

viernes, 25 de junio de 2021

ORDENAN A UN HOMBRE ABONAR ALIMENTOS PROVISORIOS A FAVOR DE SU EXPAREJA EMBARAZADA

 



La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una resolución de primera instancia que impuso a un hombre el pago de alimentos provisorios a favor de una mujer que cursa el séptimo mes de embarazo.

En el caso “V. M., I. del C.c. Z., J. F. s/ Art. 250 CPC – incidente familia”, una mujer explicó que convivió con su pareja desde 2015 y que sufrió varios episodios de violencia de género, lo que derivó en el cese de la convivencia en mayo de 2020.

Pero, pese a ello, la relación afectiva entre ambos continuó, y producto de esa relación quedó embarazada, por lo que ante la negativa del hombre de hacerse cargo de su hijo, solicitó una cuota provisoria de alimentos.

En su planteo acompañó una ecografía que demostraba, al 2 de octubre de 2020, un embarazo de 7.6 semanas. Sin embargo, el juzgado de primera instancia rechazó la solicitud, pero luego hizo lugar al pedido tras un recurso de revocatoria de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, por lo que fijó una cuota de $5000, en concepto de alimentos provisorios, por el plazo de tres meses.

El demandado interpuso un recurso de apelación. Al comenzar a analizar el caso, la Sala M recordó que el artículo 665 del Código Civil y Comercial establece que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.

Por su parte, agregó que la ley 26.061 reconoce el derecho a los alimentos a la mujer embarazada (arts. 18 y 37, inc. c).

En ese sentido, para las juezas María Isabel Benavente y Gabriela Iturbide, se exige probar fehacientemente la existencia de un embarazo (el que alcanzará con un certificado médico) y, sumariamente, la filiación.

En esta clase de casos es posible recurrir a cualquier medio de prueba tendiente a demostrar que el demandado es el presunto padre (o madre) de la persona por nacer.

Como se trata de alimentos provisorios, es decir, que revisten el carácter cautelar, debe demostrarse la "verosimilitud" del vínculo invocado, cuya evaluación deberá realizar el juez en cada caso, debiendo privilegiar la atención de la necesidad impostergable de la persona por nacer, agregaron.

Y añadieron: “Es posible recurrir a cualquier medio de prueba tendiente a demostrar que el demandado es el presunto padre -o madre- de la persona por nacer”.

En este caso, la actora acompañó una ecografía que daba cuenta de que cursaría un embarazo de 7.6 semanas al 2 de octubre de 2020 y según la denuncia ante la OVD, la convivencia con el demandado habría empezado en el 2015 y cesado el 25 de mayo de 2020, oportunidad en que se retiró del hogar que compartían por episodios de violencia de género. Sin perjuicio de ello, expuso que la relación afectiva continuó hasta el 17 de septiembre de 2020.

El demandado reconoció la relación convivencial que mantuvo con la actora, aunque destacó que la ecografía adjuntada revelaba que el embarazo tuvo lugar después de cesar la convivencia.

Pero para las juezas, “la prueba de la existencia del embarazo y el reconocimiento formulado por el accionado de haber mantenido una larga convivencia con la actora constituyen antecedentes que justifican prima facie la procedencia del pedido”.

Es cierto que el embarazo se inició unos meses después del cese de la convivencia. Sin embargo, la propia actora, al efectuar la denuncia ante la OVD, mencionó expresamente que las relaciones sentimentales continuaron luego de la ruptura, lo que no fue negado por el demandado”, agregaron las magistradas.

No debe perderse de vista que la tutela jurídica del niño por nacer debe extenderse a un conjunto de obligaciones y cuidados de naturaleza impostergable donde cualquier demora podría incidir negativamente en el bienestar y desarrollo psicofísico dada la especial condición -persona por nacer-, y en atención a que la paternidad se encuentra incierta o indeterminada, será la madre la que cargue con todas las consecuencias de la procreación.

Por tanto, las endebles críticas formuladas por el demandado serán rechazadas”, dijeron las juezas al ratificar el fallo de primera instancia.

En el artículo “Cómo hacer una demanda de alimentos”, publicado en Temas de Derecho explicó que los alimentos provisorios son “una forma específica de anticipación de la tutela pretendida”.

El artículo 544 del CCyCo. establece que “desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios”.

Es decir, son -en esencia- una anticipación de los efectos de la futura sentencia. Se trata de la misma obligación, no de algo diverso, pero que debe cumplirse de manera temprana, para poder hacer frente a las necesidades del alimentado.

Por ello, al momento de pedirlos, si bien no se habrá diligenciado aun la prueba que se ofrece, creemos que será necesario indicarle al juez, al menos mínimamente, cuales son los elementos fundamentales que rodean al caso, para que -dentro del ámbito de cognición superficial característico de este tipo de análisis- pueda establecerse una cuota provisional”, enfatizó el experto.

Por lo demás, existe una norma específica, para los alimentos provisorios en el caso de hijo extramatrimonial no reconocido; en tal supuesto, debe acreditarse sumariamente el vínculo.

Amén de ello, y trascendiendo lo anticipatorio, existen también previsiones vinculadas con las medidas cautelares que podrá peticionar el alimentado, para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos.

Aquí rigen las normas propias de las medidas cautelares, según cuál sea la peticionada.

A tenor de lo prescripto por el artículo 665, la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.

Aquí la legitimación activa no se perfila tan nítida; creemos que la mujer embarazada no reclama para sí, sino en representación del hijo por nacer, en los términos de los artículos 24, inciso a), y 101, inciso a), del CCyCo”, remarcó.