miércoles, 12 de agosto de 2020

UNION CONVIVENCIAL: Derechos y deberes emergentes de las uniones afectivas


union convivencial | Torres Lopez Abogados

LA UNIÓN CONVIVENCIAL ES UNA UNIÓN AFECTIVA ENTRE DOS PERSONAS, QUE NO ELIJEN EL MATRIMONIO COMO BASAMENTO DE SU RELACIÓN, PERO QUE EFECTIVAMENTE CONVIVEN DE MANERA HABITUAL DURANTE EL LAPSO DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO O MÁS, CUANDO COMPARTEN UN PROYECTO DE VIDA EN COMÚN.

La sociedad sabe en su mayoría, que la constitución de una familia es la célula básica y fundante de toda organización social. En los tiempos actuales, la misma puede establecerse a través de una pareja convivencial como obviamente también, por medio de la celebración del matrimonio. Pero, sea cual fuere el modelo escogido, ambos formatos otorgan derechos y generan obligaciones para sus integrantes, ya sea que se constituya entre personas con discapacidad, sin aquella contingencia como las que se conforman de forma mixta.

Ahora bien, en el caso de estar en pareja, ambos miembros pueden acceder a ciertos beneficios, si legalizaran dicha unión convivencial.

Existen dos maneras para hacerlo: a- pueden contraer matrimonio o b- asentar dicha unión civil o convivencial en los organismos autorizados. Ambas modalidades, aunque con algunas diferencias, establecen legal y legítimamente el vínculo, permitiéndoles la obtención de algunos beneficios como así también, obligaciones y derechos.

Dichas uniones se tramitan e inscriben en el Registro de las Personas, correspondiente al domicilio que constara en el respectivo documento nacional de identidad (DNI).

TRÁMITE

Así pues, la constitución e inscripción registral de esta, da derecho a ambos integrantes de la pareja sobre la vivienda. Esto significa que ninguno de los dos, podrá disponer de ella, venderla, hipotecarla, etc., sin que esté presente el consentimiento expreso y la firma del otro. Sin embargo, su constitución no otorga derechos sucesorios a sus integrantes, salvo por testamento y siempre que no afecte derechos de los herederos forzosos. En estas uniones afectivas, los bienes de la pareja, no tienen carácter ganancial.

Si bien no es obligatoria tal inscripción, es conveniente que los miembros de la pareja, firmen/suscriban un "Pacto de Convivencia" mediante el cual establezcan la relación patrimonial durante la vida en común. Y si sobreviniese la ruptura de la misma, si no se hubiera efectuado este acuerdo, cada integrante de la pareja ejercerá libremente la administración y disposición de sus bienes.

GESTIÓN

Como primer medida, hay que solicitar un turno con razonable antelación a la fecha que se deseara llevar a cabo la unión, en el Registro que corresponda conforme al domicilio que figure en el DNI. Por eso hay que tener el documento actualizado y presentarlo en aquel Registro para poder acreditar así, la identidad. De igual modo, habrá que acreditar la convivencia, durante un plazo mínimo de dos años mediante DNI; testigos, y/o hijos en común. Si se hubiere suscripto también, un Pacto de Convivencia, habrá que presentar su original con copia certificada por escribano público. Y, si esa pareja además, hubiere tenido hijos en común, habrá que adjuntar las partidas de nacimientos de los mismos, también en original y copias legalizadas.

En cuanto al tiempo de la convivencia, podrá acreditarse a través de la presencia de dos testigos, mayores de 18 años, los cuales deberán

estar munidos de sus respectivos DNI, y declarar respecto al periodo de aquella convivencia.

Cuando uno o ambos integrantes de la pareja, tuvieron un matrimonio o convivencia anterior inscripta, deberán justificar el estado civil con el acta matrimonial anterior, es decir con la anotación marginal de la disolución del vínculo en el supuesto de los que estén divorciados. Para el caso de los viudos, habrá que acompañar el acta de defunción del cónyuge. Así pues, es importante tener en cuenta, que la fecha de presentación de la documentación, variara según las particularidades de cada localidad.

Resultas de lo narrado, cuando la elección afectiva, fuere el no pasar por el Registro Civil, ergo no adquirir el estado de "casado", es factible echar mano a esta opción, que no solo legitima el campo afectivo entre dos individuos, sean o no del mismo sexo, sino también, proporciona un marco legal que sin duda alguna es protectorio tanto para los integrantes de esa unión, tengan o no alguna discapacidad, como para sus descendientes comunes, con o sin dicha diversidad. Es por todo esto, que sigo reiterando mi formal invitación "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".

DERECHOS

Una unión convivencial da derecho a los siguientes beneficios:

1. Pueden compartir o unificar los aportes para la obra social. Si cada miembro de la pareja, fuere titular de dos obras sociales del Sistema del Seguro de Salud, podrán unificar sus aportes, optando por una de ellas, o quizás por una tercera opción, revistiendo ambos carácter de titulares.

2. Pueden proteger la vivienda en la que residen como "Bien de Familia". Con dicha protección patrimonial, se evita la ejecución o remate del inmueble donde viven,

3. En caso de fallecimiento de alguno de los dos, el otro podrá percibir la correspondiente pensión. Y, cuando uno de los integrantes de la pareja fuere jubilado o pensionado y falleciera, el conviviente supérstite, tendrá derecho para solicitar una pensión. De la misma manera, si alguno de los dos, fuere un trabajador aportante regular, también podrá solicitarse la pensión.

Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

 

 


lunes, 10 de agosto de 2020

CONDENAN A LA ANSES A PAGAR UNA MULTA MILLONARIA POR NO DEPOSITAR UNA CUOTA ALIMENTARIA DE DOS NIÑOS

Anses: ¿Cuáles son los trámites habilitados por el 130 o vía web ...

Conocé de qué se trata el embargo para garantizar cuotas ...

Un juez de Familia de Rosario condenó a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a pagar 1.339.321,68 pesos en concepto de multa por no retener durante más de dos años la cuota alimentaria que le correspondía pagar a un hombre por sus dos hijos menores de edad.

El juez condenó al Anses pagar una multa de 1.330.000 pesos por los reiterados y crónicos incumplimientos, además de actualizar la deuda y regularizar la retención de la ayuda.

 

Pero a pesar de los sinsabores y el daño irreparable, hace pocos días le ganó un juicio a la Anses, condenado por no retener ni depositar la cuota alimentaria que debía pasarle su ex concubino a sus hijos, hoy adolescentes de 13 y 17 años.

 

Todo comenzó en 2013 cuando la damnificada inició el juicio de alimentos en el juzgado de Familia Nº 5 de Rosario contra quien había sido su pareja. Pasaron unos meses y en febrero de 2014 el juez fijó una cuota de 16.000 pesos (cifras actualizadas) para los dos niños.

 

De inmediato se intimó al hombre a cumplir. Pero jamás pagó a pesar de que también cobraba las asignaciones por hijo que otorga el Estado. Como prueba, la abogada Natalia Álvarez, en representación de la mujer, acompañó en el expediente todos los extractos de la cuenta en la cual debía depositarse el dinero y donde el saldo siempre fue negativo.

 

Una y otra vez la abogada se plantó ante el juzgado para advertir y documentar la flagrante vulneración de los derechos de los niños a contar con esa ayuda para su alimentación, salud, y educación. Como en muchos casos, la tramitación judicial fue extensa y agobiante.

En una de las tantas visitas a Tribunales la mamá confesó una situación desesperante. Narró que por falta de trabajo y dinero para cubrir las necesidades de los niños, uno de ellos un día se desmayó en horario escolar porque no se alimentaba adecuadamente.

 

La demandante siempre acompañó las constancias donde acreditó que no le habían depositado el dinero. Entonces el 18 de junio del año pasado su abogada pidió que se le apliquen sanciones económicas y multas al Anses por las reiteradas faltas en las que incurrió desde diciembre de 2018.

 

Es que el Tribunal de Familia ya había fijado el monto de la cuota a favor de los adolescentes, incluso trabó un embargo al hombre por 23.400 pesos surgidos de una indemnización que percibió luego de sufrir un accidente de tránsito.

 

Las notificaciones de las órdenes judiciales ingresaron una y otra vez al Anses, pero nunca se canalizaron. En octubre de 2018 otro oficio le ordenó retener la asignación por hijo que percibía el demandado. Tampoco se hizo efectiva. Y tampoco se redireccionó ese aporte social a la mamá, efectivamente a cargo de los niños.

Inoperantes

Las múltiples presentaciones ante los responsables del departamento jurídico de Anses jamás tuvieron respuesta. Es así que la mamá decidió hacer un nuevo reclamo por toda la deuda de cuota acumulada a julio de 2020. Se determinó que a sus hijos le correspondía percibir 335.275,56 pesos.

 

En junio de 2019 el juzgado intimó al Anses para que pague esa deuda en un plazo de cinco días. Como no lo hizo, a pedido de la abogada Alvarez el juez ordenó aplicarle la multa por cada día de incumplimiento (equivalente a una unidad jus).

 

La resolución fue notificada al Anses en septiembre de 2019. Parece increíble, pero tampoco cumplió, jamás se allanó a las órdenes judiciales.

 

Como agravante, la Defensora General que representó a los adolescentes dictaminó que el demandado debía ser incorporado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Santa Fe. Es que a julio de 2020 la cuenta del Banco Municipal donde se debía acreditar el dinero para sus hijos registraba cero peso de saldo. Nada.

 El juez de trámite, Ricardo Dutto, hizo un repaso del ineficiente rol del Anses, y finalmente decidió ponerle un corte a semejante arbitrariedad. Hace dos semanas dictó una sentencia que sienta un precedente, e incluso puede acarrear consecuencias graves sobre el desempeño de dos funcionarios de la delegación Rosario del Anses, ubicada en Sarmiento y Rioja.

 

Tras una serie de valoraciones sobre la importancia de la cuota alimentaria en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y la grave vulneración de sus derechos, el juez condenó al Anses pagar una multa de 1.330.000 pesos por los reiterados y crónicos 

viernes, 31 de julio de 2020

UNA OBRA SOCIAL DEBE MANTENER COMO AFILIADOS TANTO AL ACTOR COMO A SU GRUPO FAMILIAR A CARGO, AÚN CUANDO HAYA OBTENIDO LA JUBILACIÓN


Sabías que existe un subsidio por el fallecimiento de un familiar ...
Partes: A. N. F. c/ Obra Social de Petroleros s/ amparo ley 16.986
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
Sala/Juzgado: II
Fecha: 19-jun-2020
La obra social debe mantener como afiliados al actor y a su grupo familiar a cargo, aún cuando aquel haya obtenido la jubilación.
Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, condenó a la obra social demandada a mantener la afiliación del amparista y la de su grupo familiar a cargo, bajo la misma cobertura médico asistencial que ostentaban durante la vigencia de su vínculo laboral con su ex empleador, pues se acreditó que el actor es actualmente jubilado pero manifestó su intención de permanecer como afiliado, frente a lo cual corresponde indicar que el art. 16 de la Ley 19.032 de creación del PAMI no obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a ese Instituto sin una expresa voluntad.
2.-El art. 16 de la Ley 19.032 y las Leyes 23.660 y 23.661 permiten al beneficiario de una jubilación escoger un agente diferente al INSSJP, sin que se realice una automática desafiliación y una obligatoria afiliación a este último.
3.-La acción de amparo se erige como una vía adecuada para la satisfacción de la pretensión del amparista de ser mantenido como afiliado a la obra social demandada pues, cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental a la salud (comprendido en el derecho a la vida), la vía del amparo se justifica ampliamente por la naturaleza de los valores que se intentan proteger de modo expedito y eficaz.
Fallo:
La Plata, 19 de junio de 2020.
Y VISTOS: Este expediente N° 3341/2020/CA1, caratulado: “A., N. F. c/ Obra Social de Petroleros s/amparo ley 16.986”, procedente del Juzgado Federal no 4 de esta ciudad.
Y CONSIDERANDO QUE:
EL JUEZ áLVAREZ DIJO:
I. En atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 14/2020, 16/2020 y 18/2020 y por esta Cámara Federal de Apelaciones en sus Acordadas N°9/20 (conf. puntos dispositivos 1, 5 y 6), N° 11/20 y 12/20 (conf. punto dispositivo 4), habilítese la feria judicial extraordinaria en los términos dispuestos en primera instancia, y pasen los autos a resolver (art. 153 del CPCCN).
II. Llega este expediente a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada, a fs. 66/71, contra la sentencia de primera instancia de fs. 65.
Asimismo, a fs. 72, el letrado apoderado de la parte actora cuestionó su regulación de honorarios por considerarlos bajos.
Cabe señalar que la decisión apelada hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor contra la demandada y, en consecuencia, condenó a OSPE a mantener la afiliación del amparista y la de su grupo familiar a cargo, compuesto por su esposa e hija, bajo la misma cobertura médico asistencial que ostentaban durante la vigencia de su vínculo laboral con YPF.
Además, impuso las costas a la demandada vencida y reguló los honorarios profesionales de los letrados de la partes en la suma de $.para cada uno, equivalentes a .UMAs, según acordada 2/20 CSJN, con más el .% de aporte previsional y la alícuota de IVA en caso de corresponder.
III. Previo a analizar los agravios, corresponde precisar la pretensión del actor N. F. A.contra la Obra Social de Petroleros (OSPE). Su demanda tiene por objeto que se ordene a la accionada mantener la misma cobertura médica en la que se encontraba durante la vigencia de su vínculo laboral, tanto respecto de él, cómo de su grupo familiar a cargo.
En su escrito, manifiesta que fue empleado de Y.P.F. desde el 21/10/1987 hasta el 18/06/2019, fecha de su jubilación. Como consecuencia de su trabajo, resultó ser afiliado a la Obra Social de Petroleros (OSPE), bajo el n° 20- 16.596.681-4-00 en el Plan OSPe-D 752, junto con su grupo familiar, compuesto por su esposa, R. F. P., DNI xx.xxx.xxx, y su hija, T. A. A., DNI xx.xxx.xxx.
Explica que, al jubilarse, celebró un acuerdo con su empleadora, por medio del cual ésta se comprometió a mantenerlo a él y su grupo familiar bajo la cobertura de OSPe, con igual plan y condiciones hasta el 18/06/2020.
Expresa que, su obra social le confirmó verbalmente que, al vencer el plazo acordado, en virtud de su jubilación cesaría este vínculo. Por ello, remitió carta documento a la demandada (02/12/2019) en la que le manifestó su intención de permanecer afiliado a ella, en los términos del art. 16 de la ley 19.032, tanto él como su grupo y en las mismas condiciones en las que se encontraba. Los motivos que enuncia es que, en virtud de sus años de afiliado, tiene conocimiento y contacto asiduo con sus prestadores médicos, que son los que lo acompañan y lo asisten tanto a él como su grupo familiar a cargo y resultan ser los profesionales de su confianza.
Señala, también, que OSPe le contestó a través de una carta documento (13/12/2019), en la que rechaza su pretensión en clara contradicción con su voluntad (art.16 ley 19.032).
Indica que, en ella, la accionada le informó que fue dado de baja de sus padrones de beneficiarios y que, por acuerdo con su empleadora, fue reincorporado como titular adherente hasta el 18/06/2020. Bajo estas condiciones, también le expresó que cuenta con el beneficio previsional que lo incluye en la cobertura asistencial del Pami. Sin perjuicio de ello, le informa que puede realizar una opción de cambio de obra social entre cualquiera de aquellas que acepten jubilados y pensionados. Además, si su intención es mantenerse en OSPE, puede afiliarse en calidad de adherente. Pero, le aclara que ello implicaría un régimen jurídico distinto al que considera que tiene derecho y, en términos económicos, más caro. Que entiende resulta un claro perjuicio a su parte.
IV. Como señalamos en el comienzo, en la sentencia de primera instancia el juez a quo hizo lugar a la pretensión del amparista, lo que motivó la impugnación de la obra social demandada a través de sus agravios.
En primer lugar, señala que el actor reconoce su condición de jubilado, que tiene como efecto su baja por cumplimiento de órdenes de la Superintendencia de Servicios de Salud. En tal sentido, afirma que lo solicitado por el actor es de imposible cumplimiento por disposiciones legales.
Expresa, entonces, que la discusión se centra en la interpretación errónea que el amparista da a las normas referidas al tema.
Expone que su parte no obliga al actor a traspasarse directamente al INSSJP, porque puede optar por otra Obra Social, pero esto siempre debe ser dentro de aquellas inscriptas en un registro creado para los agentes del seguro nacional de salud que voluntariamente se incorporasen a éste.Expresa que su parte no se encuentra habilitada para incorporar dentro de su población beneficiaria a los jubilados y pensionados, dado que no se encuentra inscripta en los registros respectivos.
Con esta perspectiva, afirma que para el caso de jubilados y pensionados sólo se prevé que la obligación asistencial pasa a ser del INSSJP (PAMI) o de las obras sociales que aceptan personal pasivo, según opción del interesado.
Indica, también, que el accionante al jubilarse continuó su cobertura como adherente, por acuerdo que se efectuó entre el beneficiario y su empleador, con baja programada para el 18/06/2020. Explica asimismo que, conforme ese acuerdo podía seguir con la cobertura únicamente como adherente directo y a su costo.
Afirma que el actor, a partir de la obtención del beneficio jubilatorio, posee un nuevo status que le impide su permanencia dentro de su obra social OSPE por estricto imperio del decreto 292/95 y sus modificatorias decreto 492/95 del PEN y normas concordantes.
Entre otros argumentos que también agrega, se encuentran los de doble afiliación y la ausencia de aportes a su parte desde la condición de jubilado. En tal sentido, manifiesta que OSPE no cuenta con el aporte jubilatorio del actor, ya que debe ser derivado por el ANSES, que por ley lo recibe el INSSJP.
Por último, se agravia de la imposición de costas a su parte.
V. 1. Ahora bien, es preciso señalar que el derecho a la vida ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112; 321:1684).
Conforme lo tiene dicho el más Alto Tribunal, en autos “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”, (Fallos 323:3229; C 823 XXXV; 24-10-2000) “.a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc.22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud – comprendido dentro del derecho a la vida – y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública en garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de las llamada medicina prepaga.”.
Los tratados internacionales que integran el llamado bloque de constitucionalidad federal a tenor del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. 25 inc. 1 de la Declaración Universal de derechos Humanos, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 incs. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la propia derivación del art. 33 de la Constitución no tolera que no se protejan derechos fundamentales como el derecho a la salud.
Asimismo, resulta evidente que según lo dispuesto en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional el derecho a la preservación de la salud resulta una obligación impostergable de la autoridad pública, garantizando ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir para su cumplimiento las obras sociales y la medicina prepaga (ver fallos: 323:3229).
2. Corresponde precisar que la acción de amparo se erige como una vía adecuada para la satisfacción de los intereses en juego pues, como ha sido resuelto -en criterio que cabe compartir- cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental a la salud (comprendido en el derecho a la vida), la vía del amparo se justifica ampliamente por la naturaleza de los valores que se intentan proteger de modo expedito y eficaz (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones Civil Sala B, 04/04/2005, D. de R., S.E. c/ Medicus S.A.).
3. Ahora bien, de la documental acompañada con la demanda (fs. 2/15) surge la afiliación del amparista y su grupo familiar a OSPE.El actor, bajo el n° 20-16596681-4-00 en el Plan OSPe-D 752, junto con R. F. P. (DNI xx.xxx.xxx) n° 20-16596681-4- 01, y T. A. A. (DNI xx.xxx.xxx), n° 20-16596681-4-02.
También consta su condición actual de jubilado, la notificación de YPF respecto del acuerdo de esa empresa con la demandada acerca del modo en que el actor continúa su vinculación con OSPE y las cartas documento mencionadas. Allí se lee que el actor manifiesta en la suya la voluntad de permanecer afiliado a la demandada, en iguales condiciones, y en la remitida por la Obra Social de Petroleros en la que la demandada le manifiesta su baja en virtud de contar con un beneficio previsional y con la cobertura asistencial del PAMI.
4. En este marco, corresponde indicar que el art. 16 de la ley 19.032 de creación del PAMI no obliga a que se transfiera a la persona que se jubile a ese Instituto sin una expresa voluntad. A mayor abundamiento, las l eyes 23.660 y 23.661 confirman esa situación al consagrar que los jubilados y pensionados pueden permanecer como beneficiarios de las otras obras sociales integrantes del sistema de salud. Esta es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.354.XXXIV “Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra Social”, del 08/05/2001, con relación a las normas invocadas en autos.
En este fallo, el Alto Tribunal también expresa “Que el principio consagrado en el art. 16 de la ley 19.032 aparece corroborado, además, con el dictado de sucesivas normas legales y reglamentarias destinadas a ampliar y garantizar paulatinamente la libertad de elección de los prestadores médicos por parte de los beneficiarios, lo que enfatiza la necesidad de evitar soluciones que puedan desvirtuar el ejercicio de ese derecho al entrar en pasividad.En tal sentido, cabe mencionar la posibilidad que se ha reconocido a los jubilados y pensionados de optar por la atención sanitaria de entidades que se inscriban en un registro especial previsto para esa finalidad, sin que ello altere la facultad de conservar las prestaciones que ya estaban a cargo de otros agentes del seguro de salud con relación a ese sector (conf. art. 25, ley 23.661; decretos 9/93, 292 y 492/95 -en especial, arts. 14 y 13, respectivamente- y 446/2000; resolución ANSSAL n°3203/95, entre otras)”.
En esa inteligencia, considero que las normativas citadas le permiten al beneficiario escoger un agente diferente al INSSJP, sin que se realice una automática desafiliación y una obligatoria afiliación a este último.
Esta interpretación de las normas en análisis, impiden que sea oponible al actor un supuesto acuerdo celebrado con su ex empleadora YPF.
5. Por lo demás, cabe observar que el argumento de la demandada acerca de que no se encuentra capacitada para atender Jubilados y Pensionados, porque requieren un tipo especial de atención y determinadas prestaciones que no posee, resulta incongruente cuando le ofrece mantener la misma cobertura en calidad de adherente.
Asimismo, el supuesto enriquecimiento sin causa del PAMI, con relación a los aportes y contribuciones que se le destinarían desde que el actor es jubilado, tampoco es oponible al amparista en esta causa.
6. Con estos argumentos, a la luz de la normativa reseñada y a lo que esta Sala II ya ha expresado con relación al derecho a la salud, que “implica el deber de la judicatura de procurar que la declaración de derechos efectuada en nuestra Constitución no quede en mera retórica, sino que a través de su función se permita la efectiva y eficaz realización del derecho”, estimo que los agravios deben ser rechazados.
7. Por último, con relación a las costas, no encuentro motivos para apartarme del art. 14 de la ley 16.986 que establece igual fundamento para la imposición de costas que el art.68 del CPCC., que es el criterio objetivo del vencimiento.
El apuntado criterio objetivo de la derrota no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido sino que tiene por objeto resarcir al adversario los gastos en que su conducta lo obligó a incurrir para obtener el reconocimiento de sus derechos. En esta causa, el amparista debió transitar por dos instancias al sostener la demandada su criterio en el recurso en trámite, por lo que estimo deben ser confirmadas y con igual criterio imponer las de alzada, ante la contestación actora al recurso de OSPE, de fs. 76/80.
VI. Finalmente, cabe analizar la impugnación por bajos de los honorarios de primera instancia regulados a favor del apoderado de la parte actora, doctor Franco Ramiro Alaniz.
Teniendo en cuenta que las actuaciones llevadas a cabo por el profesional beneficiario de los honorarios se efectuaron bajo la vigencia de la ley 27.423 corresponde valorar los estipendios regulados en autos en los términos de lo dispuesto por dicha ley.
Asimismo, se debe tener presente que se trata de una demanda sin contenido patrimonial expresable numéricamente. Así, a fin de considerar el recurso interpuesto habrá de tenerse en cuenta las pautas de ponderación de la tarea en función de las prescripciones de los incisos b) a f) del art. 16 de la ley 27.423.
Sentado ello, teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada por el doctor Franco Ramiro Alaniz, quien actuó como apoderado de la parte actora, la naturaleza de la acción y el resultado obtenido, estimo que los honorarios fijados a favor del profesional son adecuados, por lo que cabe confirmarlos en la suma de pesos.($.), equivalentes a .(.) UMA ($., Ac.2/2020), con más el .% en concepto de aportes previsionales de ley y el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) si ello fuera procedente conforme a la situación impositiva del interesado.
Respecto de los honorarios de Alzada, atento la imposición de costas, lo desarrollado en el párrafo anterior, la presentación del recurso, la contestación de agravios, el resultado obtenido y teniendo en cuenta el último párrafo del art. 16 de la ley aplicable, corresponde establecerlos en un porcentual de lo regulado en primera instancia, según el art. 30 de la citada norma.
De esta forma, corresponde regular al doctor Franco Ramiro Alaniz la suma de $., correspondiente al .% (. UMA) y para el doctor Mariano Santander la suma de $. correspondiente al .% (.UMA) de las regulaciones de origen.
VII. Por las consideraciones efectuadas, propongo al Acuerdo: 1) confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCC.). 2) Confirmar los honorarios de primera instancia y establecer los de alzada a favor del apoderado de la actora, doctor Franco Ramiro Alaniz en la suma de pesos .($ .), equivalentes a .UMA y del apoderado de la demandada, doctor Mariano Santander, en la suma de pesos.($.), equivalentes a . UMA con más los porcentajes correspondientes al IVA en caso de corresponder y el .% establecido por la Ley 23.987. Todas las sumas según valor vigente al momento del pago (arts. 30 y 51 de la ley 27.423 y Acordada 2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Así lo voto.
EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:
Comparto los aspectos sustanciales expuestos por mi colega y me adhiero a la solución que propone en su voto.
Por ello, SE RESUELVE:
1) Habilitar la feria judicial extraordinaria.
2) Confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art.68 CPCC.).
3)Confirmar los honorarios de primera instancia y establecer los de alzada a favor del apoderado de la actora, doctor Franco Ramiro Alaniz en la suma de pesos.($ .), equivalentes a . UMA y del apoderado de la demandada, doctor Mariano Santander, en la suma de pesos diecinueve mil ciento cincuenta y dos ($.), equivalentes a.UMA, con más los porcentajes correspondientes al IVA en caso de corresponder y el .% establecido por la Ley 23.987. Todas las sumas según valor vigente al momento del pago (arts. 30 y 51 de la ley 27.423 y Acordada 2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
4) Declarar abstracto el planteo efectuado por el Dr. Franco Ramiro Alaniz a fs. 78, en virtud de la solución arribada en el día de la fecha.
Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema Lex100.
CESAR ALVAREZ
JUEZ DE CAMARA
ROBERTO AGUSTíN LEMOS ARIAS
JUEZ DE CAMARA
IGNACIO ENRIQUE SANCHEZ
SECRETARIO DE CAMARA
Fuente: Microjuris

miércoles, 22 de julio de 2020

UN TÍO DEBERÁ HACERSE CARGO DE LA CUOTA ALIMENTARIA QUE NO PAGA SU HERMANO

Inédito: un tío deberá hacerse cargo de la cuota alimentaria que ...


El fallo es inédito en el país. La jueza explica su decisión.

Había antecedentes de abuelos que deben hacerse cargo de la manutención de sus nietos, pero jamás de un tío que deba hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus sobrinos, porque su hermano no les pasa un peso.
Esto sucedió en Salta. Es un fallo inédito.
La jueza de primera instancia de Personas y Familia 3, Claudia Güemes, fue quien emitió ese fallo. Aclaró que se trata de una situación excepcional el caso en que un tío deberá abonar a favor de sus dos sobrinos el concepto de cuota de alimentos provisoria. Además es una medida provisoria, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La jueza sostuvo el menor en cuestión no cuenta ni con abuelos maternos ni paternos, ni hermanos grandes. Detalló, además, que fue el tío quien se presentó a la audiencia a decir que podía colaborar, y quien además dijo que existen otros parientes que están en mejor situación que él para colaborar con los alimentos.
“Cada caso tiene su situación particular y no es que todos los tíos deberán afrontar el pago que no realiza el padre”, dijo.
El tío sólo se hará cargo de la cuota alimentaria de ahora en adelante, no de toda la deuda que tiene el padre de sus sobrinos.

lunes, 20 de julio de 2020

SE FIJA UNA CUOTA ALIMENTARIA EXTRA PARA UN NIÑO PORQUE DEBIÓ PERMANECER DURANTE 40 DÍAS SEGUIDOS CON LA MADRE CON MOTIVO DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO


Guía para padres y niños para volver a salir a la calle
Se trata de un  niño de cinco años que con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio quedó confinado en el domicilio de la madre, permaneciendo a su cuidado exclusivo durante cuarenta días seguidos.
Por ello reclamó una cuota alimentaria extraordinaria de $25.000 a cargo del padre -además de la cuota alimentaria ordinaria que venía ya abonando-, a fin de compensar las sumas en más erogadas por la compra de los alimentos del hijo y gastos en general del tiempo de cuarentena que transcurrió el niño en su hogar.
El alimentante se opuso a la pretensión de la madre, y entre otros argumentos, sostuvo que la actora no había aportado ningún elemento de prueba que permitiera decir que tiene derecho a dicho reclamo, menos aún por la suma injustificada de $ 25.000, que no acompañó ni un sólo ticket ni tampoco justificó el porqué, y que el gasto no era significativo, «ya que, donde come uno come también un niño de 5 años».
Esta última expresión mereció un fuerte reproche de la magistrada, quien sostuvo al respecto lo siguiente: «Afirmar que el pedido debe rechazarse porque “donde come uno come también un niño de 5 años” resulta peyorativo hacia la mujer, cuyos cuidados hacia el hijo comprenden mucho más que simplemente comprar comida. En definitiva, este tipo de afirmaciones replica patrones discriminatorios, que desvalorizan a la mujer y cosifican al niño.»
 Se trata de un  niño de cinco años que con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio quedó confinado en el domicilio de la madre, permaneciendo a su cuidado exclusivo durante cuarenta días seguidos.
Por ello reclamó una cuota alimentaria extraordinaria de $25.000 a cargo del padre -además de la cuota alimentaria ordinaria que venía ya abonando-, a fin de compensar las sumas en más erogadas por la compra de los alimentos del hijo y gastos en general del tiempo de cuarentena que transcurrió el niño en su hogar.
El alimentante se opuso a la pretensión de la madre, y entre otros argumentos, sostuvo que la actora no había aportado ningún elemento de prueba que permitiera decir que tiene derecho a dicho reclamo, menos aún por la suma injustificada de $ 25.000, que no acompañó ni un sólo ticket ni tampoco justificó el porqué, y que el gasto no era significativo, «ya que, donde come uno come también un niño de 5 años».
Esta última expresión mereció un fuerte reproche de la magistrada, quien sostuvo al respecto lo siguiente: «Afirmar que el pedido debe rechazarse porque “donde come uno come también un niño de 5 años” resulta peyorativo hacia la mujer, cuyos cuidados hacia el hijo comprenden mucho más que simplemente comprar comida. En definitiva, este tipo de afirmaciones replica patrones discriminatorios, que desvalorizan a la mujer y cosifican al niño.»

Expte. Nº: TG-4074-2018 – «M. M. L. c/ G. P. R. J. s/ Alimentos» – JUZGADO DE FAMILIA N°1 DE TIGRE (Buenos Aires) – 30/06/2020 (Sentencia no firme)
Tigre, 30 de junio de 2020.-
Y VISTOS: Estos autos caratulados M. M. L. C/ G. P. R. J. S/ ALIMENTOS, venidos a resolver;
CONSIDERANDO:
I. Que mediante presentación de fecha 15/5/2020 la Sra. M. solicita la fijación de una cuota extraordinaria de alimentos. Explica que en virtud del Decreto Nro 297, R. permaneció 40 días en su hogar por ser ésta la residencia principal o sede central de su centro de vida. Que no hubo oposición del padre. Que el período comenzó el 24 de marzo y se extendió hasta el 4 de mayo, fecha en la cual el padre retiró a R. de su hogar en virtud del nuevo Decreto dictado, que dispuso una semana con cada progenitor.
Indica que durante el lapso señalado su hijo estuvo a su exclusivo cargo y que el costo del supermercado fue muy excesivo, y se fue incrementando con el correr de los días. Circunstancia a la que suma que no ha podido ejercer su función como editora; y que a la fecha se encuentra sin salario y no percibe remuneración alguna por su profesión en forma independiente.
Dice que comunicó esta situación al Sr. G. P. a fin de solicitar su ayuda económica pero que no tuvo éxito en la respuesta, pese a la holgada situación económica que tiene el progenitor de su hijo.
En definitiva, pide por única vez, el pago de pesos veinticinco mil ($ 25.000), suma que -según alega- representa aproximadamente la mitad de la cuota alimentaria que recibe en forma mensual, a fin de compensar las sumas en más erogadas por la compra de los alimentos de R. y gastos en general del tiempo de cuarentena que transcurrió el niño en su hogar.
II. Conferido el pertinente traslado, el mismo es evacuado por el Sr. G. P. mediante presentación electrónica de fecha 1/6/2020, quien se opone a lo pedido.
Sostiene que la comida de un chico de 5 años no es mucha, por lo cual duda que se hubiera producido un perjuicio económico en la Sra. M..
Que la actora no ha aportado ningún elemento de prueba que permita decir que tiene derecho a dicho reclamo, menos aún por la suma injustificada de $ 25.000, y no acompaña ni un solo ticket ni tampoco justicia el porqué, y que el gasto no es significativo,” ya que, donde come uno come también un niño de 5 año “ (sic).
A todo evento, propone que el niño viva un mes entero junto a él. Refiere dificultades en cuanto al régimen de comunicación con su hijo durante el período de cuarentena y dice que el objeto de la petición no es más que el de dañar a su parte.
III. Con fecha 18/6/20 dictamina el Asesor de Menores, quien nada observa al respecto.
IV. Que si bien no se encuentra expresamente legislado, tanto doctrina y jurisprudencia receptan la posibilidad, en determinados casos, de fijar una cuota extraordinaria de alimentos. Los que pueden ser definidos como aquellos que derivan de necesidades que no fueron previstas al momento de establecerse el monto de la cuota ordinaria. Esto sucede porque, al ser sobrevinientes, no pueden ser cubiertas con lo fijado para atender las necesidades ordinarias del alimentista (BOSSERT, G., «Régimen jurídico de los alimentos», Astrea, p. 485).
Para abordar el pedido efectuado, no debe olvidarse que el art. 658 del Cód. Civ. y Com. establece como principio rector en materia alimentaria que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos.
En este sentido, y con una clara perspectiva de género, el actual CCyC ha reconocido en forma expresa el valor económico de las tareas cotidianas que realiza el progenitor que asume el cuidado personal del hijo (art. 660 del CCyC).
V. Que la pandemia por Covid-19 -y las limitaciones que a raíz de ella se han impuesto- nos sitúa ciertamente en un contexto inesperado. La crisis sanitaria nos impone un nuevo modo de relacionarnos y la restricción de ciertos derechos, en pos de proteger uno de los bienes más preciados: la salud. Este escenario necesariamente impacta en las relaciones de familia, que no pueden pensarse sin tener en cuenta estas excepcionales circunstancias.
En este especial marco, la Sra. M. pide la fijación de una cuota extraordinaria de $ 25.000 por cuanto durante los primeros días del ASPO R. permaneció exclusivamente a su cargo. Agrega que sus ingresos han mermado debido a que no puede desarrollar su actividad laboral con normalidad.
Al evacuar el traslado conferido, el Sr. G. P. se parapeta en cuestiones formales (por ej. inexistencia de prueba – tickets de gastosposicionándose en una actitud confrontadora y de conflicto. Trae nuevamente a colación cuestiones vinculadas a la comunicación, que ya han sido ser resueltas en los otros expedientes que tramitan por ante este mismo juzgado y no demuestra ningún tipo de empatía o comprensión de la situación excepcional generada por la Pandemia. Por otro lado, y algo fundamental a tener en cuenta a la hora de resolver este diferendo, no niega que los ingresos de la Sra. G. hayan mermado ni alega problemas en su economía ni imposibilidad de hacer un aporte económico extra dada por la situación de emergencia que es de público conocimiento.
Ser proactivo, apostar a la buena fe recíproca (y al espíritu de solidaridad ante la pandemia) y ser comunicativo es lo que recomienda un estudio de derecho de familia de Nueva Jersey (Véase https://www.rgfamilylaw.com/ también citado por Basset, Ursula, ob.cit.).
Muchas veces las partes no pueden comunicarse adecuadamente, debido a que se encuentran inmersas en sus propios conflictos. En ese caso, son sus abogados quienes deben propiciar con su ayuda profesional la composición de sus posiciones, evitando un dispendio procesal que va ser inconveniente en términos de costo-beneficio (conf. Basset Ursula, ob.cit.). En este sentido se expiden las normas de ética profesional que señalan como deber del abogado favorecer las posibilidades de avenimiento y conciliación o de una justa transacción. Tal deber es más imperioso en los conflictos de familia y en general entre parientes, en los cuales la intervención del abogado debe inspirarse en el propósito de allanar o suavizar las diferencias. El abogado no debe estimular las pasiones de sus clientes, se abstendrá de compartirlas. (art. 13, ap. II y III de las Normas de Etica, en vigencia desde el 1 de agosto de 1954, Colproba, https://colproba.org.ar/j/2008/12/29/normas-de-etica-profesional/).
No habiéndose generado entre las partes -pese a la situación de crisis mundial- un dialogo propicio para poder resolver la cuestión, se hace necesaria la intervención judicial, sin por ello dejar de exhortarlas a que en el futuro continúen elaborando sus diferendos en la terapia de coparentalidad ya ordenada en autos.
VI. Que frente a situaciones como la planteada en autos, la doctrina ya se ha expedido en el sentido de que en función de los principios ya citados (obligación alimentaria de ambos progenitores, valor económico de las tareas de cuidado y principio de solidaridad), “si el aislamiento generó que los hijos permanecieran con uno solo de los progenitores, asumiendo este durante el lapso que las medidas sanitarias duren, la satisfacción de las necesidades de la prole en un 100%, dicha circunstancia tiene necesariamente impacto en la cuota alimentaria.(…) P. ej., en el caso de un cuidado compartido en el que hay igualdad de recursos y tiempo compartido con los niños, pero estos permanecieron durante el aislamiento en el hogar en donde se encontraban al comienzo de este, eso genera un desbalanceo tal en el acuerdo originario haciendo procedente el reclamo de una cuota alimentaria. (…) Cuota alimentaria que podría revestir la naturaleza de extraordinaria, por lo imprevisible e impostergable de la situación, volviendo luego al acuerdo original una vez que la situación se normalice. (conf. Massano, María Alejandra; Incidencia de las medidas de aislamiento en materia de cuidado personal y alimentos, Publicado en: DFyP 2020 (junio), 27; Cita Online: AR/DOC/1643/2020).
De igual forma se ha entendido que “Si lo que se alterara es la forma en que se distribuye el cuidado del niño (…), entonces, tal vez también pueda alterarse provisoriamente el monto y forma en que se paga la cuota alimentaria. No olvidemos que el cuidado es parte del aporte alimentario. Quien aporta en especie puede ver deducido su aporte en dinero. El aporte en dinero faltante puede ser compensado por el otro progenitor, sobre todo si recibió algún pago excepcional en virtud de su desempeño en una profesión o empleo que le reputó más ingresos. Hay que pensar que la cuota alimentaria es un todo que comprende cuidado, vivienda, alimentación, educación y esparcimiento, y que ese todo se reparte sobre los hombros de los dos responsables del cuidado del niño, en especie y en dinero. Lo que debe asegurar el juez es que ese todo satisfaga el estándar de interés del niño, independientemente de cuál de las personas que están obligadas haga el aporte. Cómo se distribuye el peso depende de las circunstancias y puede reacomodarse, incluso provisoriamente, frente a la crisis.” (Basset, Úrsula C., Alimentos y COVID-19: Soluciones para ahora y para después, Publicado en: LA LEY 09/04/2020 , 3, Cita Online: AR/DOC/1010/2020).
Por otro lado, no puedo dejar de señalar que el caso planteado debe analizarse con perspectiva de género. Es un compromiso del Estado, obligado por diversas normas internacionales, desnaturalizar y visibilizar las diferencias de género para promover transformaciones y equidad.
Hoy día coexisten en la sociedad viejos estereotipos y nuevas maneras de lo que es ser mujer y varón y contamos con leyes que receptan estos cambios, como el ya citado art. 660 del CCyC que asigna expresamente un valor económico a las tareas de cuidado, tradicionalmente en el modelo patriarcal, a cargo de la mujer.
La normativa internacional y nacional adoptada por el estado argentino busca la igualdad legal como elemento necesario para una igualdad real y fáctica que destruya los viejos paradigmas de superioridad cultural y, en consecuencia, de discriminación. Asimismo, la normativa internacional establece la necesidad de aplicar una perspectiva de género a raíz del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la violencia contra la mujer todas sus formas (TC0006 LP 69680 626 S 26/12/2016 Juez MAIDANA (SD) Carátula: M. B. ,R. s/ Recurso de Casación, JUBA B5025378).
En base a la necesaria perspectiva de género que debe adoptar la Magistratura impartiendo una justicia igualitaria que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal superando las discriminaciones por género, la cuestión no puede reducirse a analizar los gastos de comida del niño, ni rechazar el pedido por falta de tickets de supermercado.
Afirmar que el pedido debe rechazarse porque “donde come uno come también un niño de 5 años” resulta peyorativo hacia la mujer, cuyos cuidados hacia el hijo comprenden mucho más que simplemente comprar comida. En definitiva, este tipo de afirmaciones replica patrones discriminatorios, que desvalorizan a la mujer y cosifican al niño.
En este sentido, la propuesta efectuada frente al pedido de auxilio económico de que para “compensar” el niño viva un mes entero con su padre, pasa por alto el derecho de R. de mantener, siempre que sea posible, un fluido contacto con ambos progenitores e ignora el principio de estabilidad según el cual habrá de procurarse la continuidad afectiva, espacial y social del niño evitando en lo posible que se modifiquen las costumbres y hábitos cotidianos, ya que la continuidad es necesaria para la formación equilibrada de su personalidad.
Bastantes limitaciones deben ya soportar los niños debido al ASPO en su vida habitual para sumar a ello una modificación como la propuesta, cuando de las constancias de autos surge que R. mantiene un estrecho lazo con su madre.
La propuesta efectuada por el Sr. G. P. no responde al interés superior de R., sino más bien a la imposibilidad del progenitor de anteponer el bienestar de su hijo por sobre los diferendos con la Sra. M..
VII. Sentado ello, debo señalar que, a pesar de la falta de prueba concreta, el Sr. G. no ha negado la merma de ingresos de la Sra. M. a raíz del ASPO. Por otro lado, es un hecho público y notorio que el aislamiento social, preventivo y obligatoria ha limitado la actividad profesional de muchas personas, desequilibrando la economía de los hogares.
También ha quedado reconocido que durante el período comprendido entre el 24 de marzo y el 4 de mayo de 2020 R. estuvo al exclusivo cuidado de la Sra. M..
El Sr. G. P. no ha alegado imposibilidad económica por su parte ni problemas monetarios a raíz del ASPO. Sin embargo, la suma requerida por la Sra. M. la considero excesiva por lo que habré de reducirla.
Por todo ello, teniendo en cuenta lo normado por los arts. 660 y 658 del CCyC, la edad del niño, su nivel de vida, el principio de solidaridad familiar, el interés superior de R. y las particulares circunstancias que nos rodean a consecuencia de la Pandemia por Covid-19,
RESUELVO:
I. Hacer lugar parcialmente al pedido de fijación de cuota de alimentos extraordinaria a favor de R. (arg. arts. 660, 658 y cc. del CCyC, art. 3 CIDN; art. 3 Ley 23.179 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, doct. citada).
II. Disponer que en el plazo de cinco días el Sr. G. P. abone en tal concepto, por única vez, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), bajo la misma modalidad en que abona la cuota ordinaria de alimentos. (arg. arts.384 del CPCC; 660, 658 y cc. del CCyC, art. 3 CIDN; Ley 23.179 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, doct.citada).
III. En caso de mora, se aplicarán intereses hasta el efectivo pago, en base a la tasa más alta que cobra el Banco de la Provincia de Bs.As. (art. 552 y 670 del CCyC).
IV. Sin perjuicio de la oposición, en atención a la circunstancia extraordinaria que presenta la situación de pandemia actual las costas de la presente incidencia se imponen por su orden (art. 68 última parte CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
Fdo.:. Sandra Fabiana Veloso

JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 – TIGRE
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Fuente: elDial