jueves, 7 de enero de 2021

RESOLUCION 1/2021- LAS PERSONAS CON FIBROSIS QUISTICAS TIENEN DERECHO AL ACCESO AL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

 



MINISTERIO DE SALUD Y AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución Conjunta 1/2021

RESFC-2021-1-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021

VISTO las Leyes Nros. 22.431, 24.901, 25.504 y 27.552, el Decreto N° 884 del 11 de noviembre de 2020, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 675 del 12 de mayo de 2009 y sus modificatorias Resolución N° 232 del 31 de agosto de 2018 y N° 512 del 19 de diciembre de 2018 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la Disposición del ex Servicio Nacional De Rehabilitación N° 500 del 17 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 establece que la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3º de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

Que el artículo 3º de la Ley Nº 22.431 (según modificación introducida por la Ley Nº 25.504) determina que el Certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la citada ley.

Que por el Decreto N° 698 del 5 de septiembre de 2017 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, en tanto que por el Decreto N° 95 del 1 de febrero de 2018 se suprimió el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION y se transfirió a la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, la que será continuadora a todos los efectos legales del precitado organismo, entre cuyas competencias se encontraba la elaboración e instrumentación de los criterios nacionales de certificación y valoración de la discapacidad.

Que la Resolución N° 675/09 del MINISTERIO DE SALUD, modificada por las Resoluciones Nº 232/18 y N° 512/18, aprobó el Modelo de Certificado Único de Discapacidad (CUD) a que se refiere el artículo 3º de la Ley N° 22.431 y el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad.

Que mediante la Disposición del ex Servicio Nacional De Rehabilitación N° 500/15 se aprobó la normativa para la certificación de personas con discapacidad física de origen visceral. Que la Ley Nº 27.552 declaró de interés nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

Que el primer párrafo del artículo 7º de la Ley citada dispone que “confirmado el diagnóstico de la persona con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis por parte de autoridad competente, corresponderá al Ministerio de Salud de la Nación en los términos de la Ley N° 25.504 el otorgamiento inmediato del Certificado Único de Discapacidad a la persona diagnosticada, el cual será de por vida.”

Que al promulgar la Ley Nº 27.552 el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el artículo 3º del Decreto Nº 662/20 observó, en el artículo citado, la expresión que dice “…, el cual será de por vida”.

Que los fundamentos de la referida observación, vertidos en el decimotercer considerando del Decreto Nº 662/20, dan cuenta del viraje “de la concepción de la discapacidad según el modelo médico-hegemónico, el cual pone el acento en la enfermedad, al modelo social, que hace hincapié en las limitaciones provenientes del entorno y la sociedad, reconociendo a la discapacidad como un concepto dinámico, en constante evolución” que instaló la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país por Ley Nº 26.378 y con jerarquía constitucional por Ley N° 27.044.

Que en el decimosegundo considerando del Decreto Nº 662/20 se señaló que “el proyecto de Ley sancionado, al referirse al otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad previsto en el artículo 7º del proyecto se aparta de la concepción de las personas, que en nuestro país, responde al del modelo universal con enfoque biopsicosocial, el cual concibe a la persona con discapacidad desde su complejidad” de modo tal que “la sola presencia de una determinada condición de salud –aun cuando sea irreversible- no implica per sé discapacidad, sino que la existencia de dicha condición es la puerta de entrada para la evaluación del perfil de funcionamiento de la persona, el cual se encuentra influenciado por una compleja combinación de factores, desde las diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas e intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive”.

Que, concordantemente, en el decimoquinto considerando del Decreto Nº 662/20 se concluye que “en nuestro país los certificados únicos de discapacidad no se otorgan de una vez y para siempre, en ningún caso y respecto de ninguna enfermedad”.

Que mediante el Decreto Nº 884 del 11 de noviembre de 2020 se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 27.552 sobre la Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

Que en el artículo 3º de dicha Reglamentación se determinó que el MINISTERIO DE SALUD, a través de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.552.

Que la reglamentación del artículo 7º de la Ley citada dispone textualmente que “la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a personas con diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística se realizará mediando solicitud del interesado o de la interesada y dejando constancia de que el mismo se emite en los términos de la Ley N° 27.552.”

Que así también en el mencionado artículo se estableció que “Las condiciones de salud integral, evaluadas conjuntamente con las dimensiones biopsicosociales, se ponderarán interdisciplinariamente de conformidad con los criterios establecidos en la normativa complementaria que deberá dictar en forma conjunta el MINISTERIO DE SALUD y la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de acuerdo a sus competencias”.

Que corresponde aprobar los requisitos que deberán cumplirse al momento de gestionar el Certificado Único de Discapacidad conforme Ley N° 27.552 y su Decreto reglamentario N° 884/20.

Que las personas con diagnóstico de Fibrosis Quística que soliciten el Certificado Único de Discapacidad serán evaluadas conforme las normativas de la Disposición del ex Servicio Nacional de Rehabilitación N° 500/15, o la que en un futuro se dicte.

Que en aquellos casos de personas con diagnóstico de Fibrosis Quística en los que la Junta Evaluadora de Discapacidad concluya que no se configuran los requisitos previstos en la Disposición N° 500/15, o en la que en un futuro se dicte, para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, el mismo será igualmente emitido en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.552, dejándose constancia de tal circunstancia en dicho certificado.

Que la Junta Evaluadora de Discapacidad deberá efectuar la evaluación tendiente al abordaje integral del interesado o de la interesada y determinar la orientación prestacional que le corresponda en el estricto marco de la Ley N° 24.901.

Que la DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.

Que los Servicios Jurídicos permanentes de los organismos intervinientes han tomado la intervención que hace a su competencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549.

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 884/20 y los Decretos N° 13/19 y N° 935/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.– Apruébanse los requisitos para conceder el Certificado Único de Discapacidad a personas con diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística, que como ANEXO IF-2020-84530301-APN-DNPYRS#AND forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º. – Determínase que en los casos de diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística en los que Junta Evaluadora concluya que no se configuran los requisitos previstos en la Disposición del ex Servicio Nacional de Rehabilitación N°500/15 o en la que en un futuro se dicte, deberá emitirse el Certificado Único de Discapacidad dejando expresa constancia de dicha circunstancia.

ARTICULO 3. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ginés Mario González García - Fernando Gaston Galarraga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/01/2021 N° 692/21 v. 08/01/2021

Fecha de publicación 08/01/2021

RESOLUCION 1/2021 DESCARGAR

NUEVO NOMENCLADOR DISCAPACIDAD- Resolución Conjunta 2/2021

 


Resolución Conjunta 2/2021

RESOLUCION CONJUNTA 2/2021

Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2021

VISTO el EX-2020-84113113-APN-DE#AND, la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 1193 del 8 de octubre de 1998, N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios y N° 95 del 1 de febrero de 2018, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 428 del 23 de junio de 1999, la Resolución Conjunta de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 6 de fecha 19 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 1193/98, por Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL se aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan periódicamente a partir de la propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que mediante la Resolución Conjunta N° 6/19 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD se dispuso la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del 1° de septiembre de 2019 y del 1° de noviembre de 2019 conforme se detalló en el Anexo I -IF-2019-79759123-APN-DNPYRS#AND- que forma parte de la citada resolución.

Que por el artículo 2° de la misma resolución se reconoció un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

Que atento a la necesidad de readecuar los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad contenidos en la norma aludida, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, en su reunión de fecha 24 de noviembre de 2020, propuso un aumento del DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de diciembre de 2020. Ello, tal como surge del Acta N° 402 del citado Directorio.

Que se plasmó también en el Acta antedicha el compromiso de retomar la discusión arancelaria en febrero de 2021, conforme el actual contexto político, económico y social, y el esfuerzo efectuado por el Estado Nacional en el marco del actual escenario de emergencia sanitaria.

Que, asimismo, tal como surge del Acta N° 403 del Directorio, se ratificó la continuidad del reconocimiento de un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, en el marco de la presente actualización arancelaria.

Que el incremento que regirá a partir del 1° de diciembre de 2020 se detalla en el Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante de la presente Resolución.

Que mediante el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios, se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad.

Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos permanentes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y del MINISTERIO DE SALUD.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y los Decretos N° 1193/98, N° 698/17 y sus modificatorios, N° 13/19 y N° 935/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Actualízase el valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme se detalla en el Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ginés Mario González García - Fernando Gaston Galarraga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

BOLETIN OFICIAL RESOLUCION CONJUNTA 2/2021


"Controlar el celular es apropiación de la pareja”

 


Así se pronunció un juez PCyF porteño al condenar a un hombre que ejercía violencia psicológica sobre su ex pareja y le revisaba todas las conversaciones en su celular. “La realidad demuestra que muchas víctimas de hechos de violencia de género son sometidas a controles por parte de sus agresores tendientes a consumir su autonomía”, recalcó el fallo.

 “Esta acción configura el delito de violación de la privacidad, que fue consumado en este caso como una forma de control por parte del agresor de género en perjuicio de la víctima, invadiendo un espacio en relación al cual ella tenía una razonable expectativa de privacidad

 

Un hombre fue condenado a tres meses de prisión en suspenso por el delito de violación de privacidad en un contexto de violencia de género, psicológica, simbólica, económica y física, bajo la modalidad de violencia doméstica, luego de que la Justicia porteña comprobara que le quitó el teléfono celular a la víctima para revisarle todas sus conversaciones.

 

El fallo fue dictado por el juez Pena, Contravencional y de Faltas nº 10, Pablo Casas, quien aplicó perspectiva de género al caso, no sólo al fijar la condena sino también a la hora de desestimar los argumentos de la defensa del imputado, tendientes a desacreditar a la víctima.

 

Según se desprende del expediente, en el que también se condenó al agresor a ocho días de arresto como autor responsable de la contravención de maltrato doblemente agravado por el género y el vínculo, el imputado llegó a juicio luego de que empezara a incomodar a su pareja cuando arribó a su domicilio, preguntándole “¿con quién estabas?”, “¿dónde estabas?” y “¿qué hacías sola por la calle?”. Para luego arrebatarle su celular y revisarlo “para determinar con quién había estado”

 

“En ese momento – continuó detallando la acusación- la denunciante le pidió que se fuera de su domicilio. Ante ello, él la tomó de las muñecas y le torció la mano sin causarle lesiones. Luego, en la cama, con su rodilla le presionó el cuello y le refirió frases tales como “puta”, “perra”, “no sos nada”, “cínica” e “hipócrita”. Todo ello durante un período de aproximadamente dos horas”.

 

Estos hechos, según la fiscalía actuante, fueron constitutivos de dos delitos diferentes. La primera de las conductas detalladas fue encuadrada en la figura de violación de la privacidad, prevista y reprimida por el artículo 153 del Código Penal, mientras que la segunda en la figura contravencional de maltrato agravado por el género y el vínculo, prevista y reprimida por los artículos. 53 y 53 bis incs. 5 y 7, del Código Contravencional.

 

Mientras tanto, la defensa del acusado se inclinó por una estrategia tendiente a atacar directamente a la víctima: el contexto conflictivo, la supuesta mala administración de comunicación que le hacía “percibir” la realidad de forma “diferente”, lo que fue criticado por el juez, para quien esa postura estaba cargada de “estereotipos basados en el género que tenían como objetivo probar el estilo de vida, en particular el conocido estereotipo de “mala madre”.

 

 El fallo indica que el delito de violación de secretos se consumó cuando, sin el consentimiento de la víctima, es decir de manera indebida, el imputado accedió a la cuenta de “un aplicación de comunicación electrónica” de la mujer  “y revisó las conversaciones que había mantenido con una amiga”.

 

El control de la mujer y la violación de secretos

 

La prueba ventilada en el expediente dio cuenta de una situación de sometimiento por parte de la mujer para con el imputado. La víctima declaró que quedó embarazada, y posteriormente perdió ese embarazo, lo que desató que el acusado le refiriera que no servía ni para tener hijos, que “estaba podrida por dentro.

 

Además, el hijo de la pareja declaró ante profesionales que su papá “le había hackeado el celular”, mientras que una conocida de la pareja confirmó que la mujer padecía de violencia psicológica. Esta situación de de violencia de género en el ámbito de su domicilio también fue detectada por el personal de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia, cuyos profesionales confeccionaron un informe en el que “observaron indicadores de violencia física, psicológica, y simbólica”.

Con todo ese caudal probatorio, Casas determinó la culpabilidad del imputado por todas las maniobras traídas al debate, en un fallo en el que enciende las luces de alarmas respecto de las situaciones de abuso y control a las que son sometidas las personas cuando sus parejas le exigen poder revisar sus conversaciones.

En este aspecto, para encuadrar la conducta en el ámbito del artículo 153 del Código Penal, Casas sostuvo que el bien jurídico protegido por la norma es el derecho a la privacidad “tipificando las lesiones a la privacidad realizadas mediante la utilización de otros medios de comunicación tan arraigados en las nuevas sociedades de la información y de la vigilancia, donde la privacidad queda mucho más expuesta a cualquier intromisión de terceros (arts. 18, 19 y 33 CN)”.

Asimismo, esa violación de la privacidad se veía agravada por el contexto de violencia de género en el que estaba sometida la víctima. “La realidad demuestra que muchas víctimas de hechos de violencia de género son sometidas a controles por parte de sus agresores tendientes a consumir su autonomía, mediante la intromisión en sus ámbitos de privacidad”, ponderó el magistrado.

En ese sentido, el juez Casas señaló que en este tipo de situaciones la consideración de la mujer como objeto de posesión del varón se traduce, en los hechos, “en un ejercicio de dominio por parte de este último en todos los espacios de desarrollo individual de la mujer, con el fin de anularlos y gobernarlos”. 

En otro de los considerandos de la sentencia condenatoria, el titular del Juzgado PCyF nº 10 remarcó: “El mandato del amor romántico (bajo el slogan del te celo porque te quiero, entre otros) y la vigilancia del cuerpo de la mujer, especialmente del cuerpo de la mujer considerado desde un punto de vista sexual, se potencia con la tecnología. El control del celular es parte de la apropiación de la pareja”.

El magistrado entendió que en el caso la mujer fue víctima precisamente de una acción de estas características, cuando el imputado, tras increparla por las avanzadas horas en las que regresaba a su hogar, le arrebató su teléfono celular con el objeto de revisar sus conversaciones privadas.

El fallo añade que el delito de violación de secretos se consumó cuando, sin el consentimiento de la víctima, es decir de manera indebida, el imputado accedió a la cuenta de “un aplicación de comunicación electrónica” de la mujer  “y revisó las conversaciones que había mantenido con una amiga”. Esto fue probado con “las recriminaciones que realizó a la víctima por compartir con su amiga ciertas cuestiones que no le contaba a él”.

“Esta acción configura el delito de violación de la privacidad, que fue consumado en este caso como una forma de control por parte del agresor de género en perjuicio de la víctima, invadiendo un espacio en relación al cual ella tenía una razonable expectativa de privacidad, reconocida constitucional y normativamente”, resumió Casas.

 FALLO

Fuente: Diario Judicial

jueves, 5 de noviembre de 2020

FALLO VIOLENCIA DE GENERO: SE ORDENA ENTREGAR A LA VÍCTIMA EL AUTOMOTOR SOLICITADO, POR CUANTO NO CONFIGURA UN GRAVAMEN IRREPARABLE PARA EL DEMANDADO

 



 

Partes: Z. c/ D. s/ VF

Tribunal: Juzgado Comunitario Pequeñas Causas de Granadero Baigorria

Fecha: 3-sep-2020

A los fines de evitar la repetición de una situación de violencia de género de tipo económica, el demandado debe entregar cautelarmente el automotor solicitado por la actora.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la revocatoria deducida por el demandado contra la resolución que con carácter de medida preventiva urgente (Ley Nº 13.348 de Santa Fe), le ordenó entregar a la actora el automotor solicitado en la demanda por cuanto no se configura el gravamen irreparable invocado por aquel en tanto no se decidió acerca de la titularidad del bien sino que, por el contrario, se ordenó provisoriamente la entrega en custodia de dicho bien, atendiendo especialmente a la calidad de mueble, a la prevención del daño, conforme la titularidad registral y la revocación de la autorización para conducir -ambas acreditadas por la actora-, y con la finalidad de evitar la repetición y agravamiento de la violencia de género del tipo económica que no fue desvirtuada la alegaciones formuladas y la prueba documental aportada.


2.-Las medidas preventivas urgentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres persiguen garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación, intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer (art. 26, inc. a.7 , Ley N° 13.348 de Santa Fe) y si bien no se exige para su dictado una prueba plena y concluyente de la verosimilitud del derecho que se pretende tutelar, debe acreditarse una apariencia que invista a la pretensión de una credibilidad razonable, con suficiente sustento para descartar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable, ello dentro de los límites con que cabe valorar los elementos de juicio incorporados al expediente.

3.-Las medidas preventivas urgentes previstas en la normativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres podrán ser dictadas de oficio o a petición de parte durante cualquier etapa del proceso por el juez/a interviniente.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Granadero Baigorria, 3 de Septiembre de 2020

VISTOS: Los presentes autos caratulados «Z C/D S/VF» Expte. N° 365/2020, en trámite en este Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria.

EL recurso de revocatoria con apelación y nulidad en subsidio interpuesto por el demandado a fs. 39/41 respecto de la resolución N° 374/2020, las alegaciones formuladas por el recurrente, la documental adjunta a fs. 37/8 y el petitorio esgrimido.

El traslado evacuado por la demandada a fs. 47/48 vta., las contestaciones y alegaciones formuladas, y la petición de cumplimiento efectivo de las medidas protectorias dispuestas contra el demandado y de remisión de los antecedentes al fuero penal de fs. 46/vta.

SE CONSIDERA:

Que el art. 344 del C.P.C.C. de Sta. Fe norma el recurso de reposición o revocatoria previéndolo contra las providencias, decretos y autos dictados sin sustanciación, traigan o no gravamen irreparable, a fin de que el/a juez/a o el tribunal que los dictó, los revoque por contrario imperio.

Este instituto procesal es funcional con los principios de economía y celeridad y permite a la magistratura revisar el criterio asumido al dictar sus propias decisiones sin contradictorio previo, y a las partes, obtener que una providencia sea modificada o dejada sin efecto, a los fines de lograr la justicia del caso.

En el caso de autos el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, y ha sido sustanciado (art. 345 del CPCC), siendo el remedio adecuado para lograr que la decisión que se impugna se modifique conforme la aplicación subsidiaria de las normas del código procesal (art. 579 bis del CPCC)

A efectos de organizar la fundamentación de la presente decisión se procederán a abordar en detalle los planteos del recurrente conforme el orden en que fueren expuestos y considerando, asimismo, las respuestas esbozadas por la contraparte en relación a los mismos.PLANTEO DE RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO.

El recurrente invocó que la providencia se dictó «inaudita parte» cuando un gravamen irreparable. Alegó que no pudo dar su versión de los hechos y refutar las manifestaciones vertidas por la actora.

La contraparte respondió a este planteo invocando que la cautelar ordenada en autos no causa estado y que no produce ningún perjuicio insusceptible de reparación posterior, invocando el art. 126 del CPCC.

En primer término resulta imperativo destacar que las medidas preventivas urgentes previstas en la normativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres podrán ser dictadas de oficio o a petición de parte durante cualquier etapa del proceso por el juez/a interviniente.

Estas medidas persiguen garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación, intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer ( art. 26 inc. a.7 ley N° 13.348). Si bien la ley no exige para su dictado una prueba plena y concluyente de la verosimilitud del derecho que se pretende tutelar, para la procedencia de toda medida debe acreditarse una apariencia que invista a la pretensión de una credibilidad razonable, con suficiente sustento para descartar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable – dentro de los límites con que cabe valorar los elementos de juicio incorporados al expediente -.

Ahora bien, al tratar las medidas las diferentes legislaciones de la Argentina no las nombran de la misma manera.A las medidas se las llama Medidas Preventivas Urgentes (ley nacional 26.485 y provincial de Santa Fe 13.348), Medidas Cautelares (CABA), Medidas Cautelares provisorias (La Rioja), Medidas Provisorias Conexas (Tierra del Fuego), Medidas previas (Salta), Medidas Autosatisfactivas (La Pampa y Santa Fe) o simplemente Medidas (Tucumán).

El punto central de todas las leyes sancionadas radica en las medidas de protección a la víctima, las que pueden ser dictadas, inaudita parte, por el/a juez/a a fin de garantizar la seguridad e integridad física o psicológica de la misma, encontrándonos de esta manera frente a lo que algunos doctrinarios denominan medidas autosatisfactivas.

Las medidas autosatisfactivas procuran solucionar coyunturas urgentes, se agotan en sí mismas y se caracterizan por la existencia del peligro en la demora, la fuerte probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del denunciante, no requieren contracautela y finalmente, su proceso es autónomo, ya que no es accesorio respecto de otro, agotándose, como ya dijéramos, en sí mismo.

En vista a lo expuesto, se entiende que este tipo de medidas son las que ha querido el legislador regular en materia de violencia de género, ya que una vez adoptadas las mismas, satisfacen por sí mismas al interés de la persona que las pide, y no están sometidas a la evolución de un proceso de fondo en el que se debate un derecho sustancial relacionado con el objeto de la medida ordenada.

En cuanto al gravamen irreparable invocado, el mismo no se ha configurado por cuanto las medidas protectorias dispuestas en autos no han decidido la titularidad del bien automotor en cuestión.Por el contrario, han ordenado provisoriamente la entrega en custodia de dicho bien a la actora, atendiendo especialmente a la calidad de mueble, a la prevención del daño, conforme la titularidad registral y la revocación de la autorización para conducir – ambas cuestiones acreditadas por la actora -, y con la finalidad de evitar la repetición y agravamiento de la violencia de género del tipo económica denunciada, nos desvirtuada por el demandado con la alegaciones formuladas y la prueba documental aportada.

Por otra parte, ha dicho el recurrente que este Juzgado Comunitario, puntualmente su titular, se ha entrometido como jueza interviniente en una denuncia de violencia y consideró que la medida fue arbitraria y excedió las atribuciones conferidas por la ley N° 11.529 y su decreto reglamentario.

La contraparte respondió al planteo invocando la aplicación de la ley N° 26.485, a la que adhirió la provincia de Santa Fe, y destacando que todas las leyes nacionales son ley de fondo.

La denuncia de violencia de género de modalidad familiar y del tipo física, psicológica y económica fue admitida conforme lo dispuesto en los arts. 5, 6 y 21 de la Ley Provincial N° 13.348 – la provincia de Santa Fe adhiere a la Ley Nacional N° 26.485 de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República – y las medidas preventivas de urgencia dictadas en el marco de lo dispuesto por los arts. 22 último párrafo y 26.

Este juzgado, y por lo tanto su titular, actuó dentro de las obligaciones y atribuciones que le confiere la normativa citada y los compromisos internacionales de rango constitucional en materia de prevención y sanción contra la violencia de género, dictando medidas protectorias mediante una decisión razonablemente fundada. Por ello, tildar de arbitraria la actuación, resulta por lo menos, desacertado, y muestra un total desconocimiento de la normativa por parte del recurrente, debidamente asesorado y patrocinado.

Cabe en esta instancia recordar que la normativa esbozada por el recurrente ( art.123 inc 12 Ley 10.160 – Competencia funcional y material de los Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas y art. 5 Ley 11.529 – Medidas autosafistactivas en Violencia Familiar) debe ser interpretada e integrada con toda la normativa en la materia, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte ( CEDAW y Convención Belem do Pará). Para ello, asimismo, se debe tener en cuenta la finalidad de la norma, las palabras, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico (arts. 1, 2 y 3 Código Civil y Comercial de la Nación)

Los Estados partes de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW – preocupados porque las mujeres, a pesar de los diversos instrumentos, siguen siendo objeto de importantes discriminaciones Y teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familiar y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocida, han convenido la adopción de todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer la igualdad de condiciones con el hombre y sin dicriminación alguna (extracto no textual del Preámbulo)

Por su parte, los Estados parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres – Belem do Pará – reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; recordando la Declaración sobrela Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, culture, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; covencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de v ida, y que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, adoptaron la convención (Preámbulo).

Asimismo, debe tenerse presente que la magistratura debe juzgar con perspectiva de género, y así lo ha hecho la titular del órgano de justicia comunitaria. Ello importa garantizar a las mujeres los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de DDHH ratificados por la Argentina y las leyes que en consecuencia se dicten, dar una respuesta oportuna y efectiva, y dar protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren vulnerados o amenazados sus derechos

PLANTEO DE RECURSO DE NULIDAD

El recurrente alegó que la resolución recurrida fue dictada con afirmadas razones de ilegitimidad y vicio en el procedimiento en los términos del arts. 360, 361 y 362 del CPCC, y concomitantemente, se contradijo con el planteo anterior, admitiendo la competencia de este juzgado en el marco de la denuncia por violencia.

La contraparte respondió el planteamiento nulificante alegando que el mismo no tiene un argumento autónomo y que el recurrente ha reiterado el de incompetencia, considerando la nulidad desacertada e ilógica.

La pretendida nulidad invocada por el recurrente procede sólo cuando hay omisión o violación de las formas prescriptas, conforme lo establece la misma norma procesal.En el caso de autos, no se configurado ninguno de los dos supuestos porque las medidas protectorias fueron dispuestas en el marco de un debido proceso preventivo de urgencia que habilita su disposición «in audita parte» conforme el interés que se tutela y dentro de las obligaciones y atribuciones que le competen al órgano en materia de protección contra la violencia de género, conforme la normativa esbozada al tratar el planteamiento del recurso de revocatoria, al cual me remito para evitar repeticiones tediosas.

A mayor abundamiento acerca de las formas observadas cabe traer a colación las expresiones del maestro Austo Morello en su brillante obra «El Proceso Justo»: El concepto basilar -así lo ha reconocido el Alto Tribunal- es el de que la garantía constitucional de la defensa en juicio no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes procesales (o adjetivas) sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando, dentro de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional; así lo exige, por lo demás, el propósito de «afianzar la justicia» enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional».

Queda claro entonces que, no podemos hablar válidamente de un derecho de defensa exclusivo del demandado sino de un conjunto de facultades previsto constitucionalmente mediante la fórmula «es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos» que apunta a la tutela efectiva, adecuada y oportuna de los derechos de ambas partes.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución N° 374/2020 y conceder el recurso de apelación con efecto devolutivo, atento tratarse de una medida protectoria (art.284 CPCC, 1, 2 y 3 CCC).

Ordenar al demandado el inmediato cumplimiento de la totalidad de las medidas protectorias dispuestas en autos, incluida especialmente la concerniente a la entrega del vehículo identificado bajo el Dominio xxx a la actora en la modalidad indicada en la medida judicial, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de la imposición de una multa diaria de Pesos Un Mil ( $ 1.000,00.-) por cada día de retardo desde la notificación del presente decisorio y hasta su efectivo cumplimiento, y de remitir los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación, Regional Rosario ( art. 32 Ley 13.348 y 804 CCC).

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico, el que se sugiere ser impreso en soporte papel y exhibido a la autoridad policial para el cumplimiento del presente decisorio.

Atento la apelación interpuesta, notificada que fuere la presente resolución, remítanse los autos a la M.E.U. de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario para su adjudicación al Juzgado de Circuito que entenderá en la segunda instancia.

INSÉRTESE ( EXPTE. N° 365/2020)

Fdo. Dra. Romina Scaglia

Jueza

Juzgado Comunitario de las PC de Granadero Baigorria

Fuente:Microjuris

lunes, 2 de noviembre de 2020

REVOCAN SENTENCIA SOBRE CUIDADO PERSONAL UNILATERAL Y OBLIGAN A QUE SEA COMPARTIDO

 


La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revocó una sentencia que estableció el cuidado personal unilateral de las niñas a favor de su padre, ya que se comprobó que tenían dos centros de vida posibles, estables y seguros (teniendo especialmente en cuenta la distancia territorial entre ambos padres) y que la figura del cuidado personal compartido, bajo modalidad alternada, era la que mejor se adecuaba en la situación para asegurar el resguardo a su superior interés.

En el caso “R., V. S. c/D., G. J. s/tenencia de hijo”, una mujer (V. S. R.) promovió una demanda solicitando la tenencia (hoy cuidado personal) de sus hijas L. y J. D., nacidas los días 13 de agosto de 2008 y 6 de enero de 2012, respectivamente.

Expuso que luego de mantener una relación de pareja durante aproximadamente seis años con el señor G. D., ante serias desavenencias en la convivencia, decidió radicarse junto con las hijas de ambos en Tres Arroyos.

El demandado contestó la demanda y reconvino para que el cuidado personal de las niñas le fuera otorgado a él.

El Juzgado de Familia n° 1 de la ciudad de Tres Arroyos falló a favor de la progenitora, por lo que la sentencia fue apelada por el demandado.

La sala I de la Cámara Primera de Apelación departamental revocó la sentencia e hizo lugar a la reconvención deducida por el padre y le confirió el cuidado personal unilateral de las niñas.

Contra dicho fallo se alzó la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo y violación de los arts. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3 de la ley 26.061 y 24, 26, 66, 404, 425, 595 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Expuso que la Cámara no valoró adecuadamente si la decisión de las niñas proviene de su libre voluntad o si ha sido condicionada, y que resulta erróneo aseverar que la estabilidad de las niñas en la ciudad de Tres Arroyos producirá un daño mayor que la alteración de sus actuales condiciones de vida, cuando la totalidad de los informes interdisciplinarios indican lo contrario.

Al analizar las normas en juego, los magistrados de la Corte bonaerense indicaron que “el Código Civil y Comercial ha introducido importantes modificaciones en materia del cuidado personal de los hijos incorporando la modalidad compartida indistinta como principio que solo puede ser dejado de lado frente a la existencia de causas que lo justifiquen (arts. 651 y 656, Cód. Civ. y Com.)”.

Y destacaron que “el cuidado personal puede adquirir distintas modalidades cuando los padres no viven juntos: unipersonal o compartido (art. 649). A su vez, el cuidado compartido puede ser alternado o indistinto”.

"En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado (art. 650, Cód. Civ. y Com.)”, agregaron.

El art. 651, y en un todo de acuerdo con el principio de oficiosidad que preside los conflictos familiares cuando se encuentran involucradas personas vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, ya sienta una primera pauta para la labor judicial en caso de desavenencias”, remarcaron.

Dicho artículo dispone: "A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo".

Frente a un desacuerdo, es excepcional que el cuidado sea asumido por un solo progenitor (art. 653) y, en ese caso, esa excepcionalidad debe ser probada, pues se privilegia que ambos progenitores puedan asumir en común las responsabilidades y cuidados que la crianza y educación de los hijos requiere”, indicaron los jueces Hilda Kogan, Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo de Lázzari y Luis Pettigiani.

La idea que subyace en esta temática es la necesidad de que los hijos mantengan un contacto fluido y constante con ambos progenitores, motivo por el cual el eje es elegir los modelos que permitan alcanzar este objetivo.

Ya en el análisis del caso concreto, explicaron que “la distancia ocasiona un obstáculo más a los ya existentes en la expareja para lograr una vinculación armónica, pero lejos de optar por una forma tradicional debe estimularse el pensar en las mejores alternativas para el fortalecimiento de los vínculos paterno filiales”.

Como las niñas sentían afecto y cercanía por ambos progenitores, consideraron que “no existe una situación excepcional que amerite establecer una modalidad de cuidado unilateral”.

Por el contrario, surge que pese a las dificultades comunicacionales, ambas figuras parentales deben continuar implicadas en el cuidado personal de las niñas.

En este orden de ideas, y dado que en estos casos el eje central de la decisión a la que se arribe deberá estar centrado en el amparo y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá aquí ser patentizado lo que mejor resguarde su interés superior (art. 3.1, CDN).

La ley 26.061 establece en su art. 3 que se se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea, de los derechos y garantías reconocidos en dicha norma ley.

El inciso f trata sobre el centro de vida, que se refiere al lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros", indicaron.

Además, en los procesos donde se ventilan conflictos de familia y en general cuestiones de interés social, se amplía la gama de los poderes del juez, atribuyéndosele el gobierno de las formas, a fin de adaptar razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice.

En estas circunstancias particulares, teniendo en especial consideración por la distancia territorial que existe entre el domicilio de la madre de las niñas y el del padre de ambas, sostuvieron que las niñas tienen dos centros de vida posibles, estables y seguros.

Por todo ello, indicaron que la figura del cuidado personal compartido, bajo modalidad alternada, es la que mejor se adecua en la presente situación para asegurar el resguardo del superior interés del niño.

Así, hicieron lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocaron la sentencia impugnada y enviaron la causa a la instancia de origen para que allí sean tomadas las medidas conducentes a hacer efectivo el cuidado personal compartido, bajo modalidad alternada.

En el artículo “Modalidad del cuidado personal compartido: ¿alternado o indistinto? Su incidencia en la cuota alimentaria”, publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, Juana Grillo destacó que “con la entrada en vigencia del CCyCo. pasamos de un modelo basado en la patria potestad y tenencia de los hijos menores de edad, a uno que contempla el cuidado personal de los niños y la responsabilidad parental”.

No se trata únicamente de un cambio de denominación, de vocabulario. No basta sustituir la palabra “tenencia” por “cuidado personal”, sino que estamos frente a algo mucho más profundo, un verdadero cambio de paradigma”, indicó.

Ahora, el foco está puesto en los niños y la satisfacción de su interés superior, “para su protección, desarrollo y formación integral”. Cambia el contenido de la relación entre padres e hijos.

El CCyCo. dispone que ambos progenitores son titulares de la responsabilidad parental y -en principio- su ejercicio es también conjunto. El cuidado personal de los hijos es también por regla general compartido, y, solo excepcionalmente, cuando no es posible o resulta perjudicial para el hijo, el juez puede otorgarlo a uno solo de los progenitores”, agregó.

Uno de los principios fundamentales es el de la coparentalidad, que, a su vez, encuentra fundamento en la igualdad entre hombre y mujer e interés superior del niño, quien tiene derecho a mantener un fluido contacto con ambos progenitores.

Con estas modificaciones se ha pretendido evitar que uno de los progenitores se sienta excluido, se desentienda de los hijos y que ambos puedan participar en la crianza de los niños. Y se favorece la distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres”, explicó la especialista.

Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal de los hijos puede ser compartido (regla general) o unilateral (en casos excepcionales), según si es asumido por ambos progenitores o por uno solo (arts. 649, 651 y 653, CCyCo.).

A su vez, el cuidado personal compartido reconoce dos modalidades: puede ser alternado o indistinto. En el alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.

El Código privilegia, como primera alternativa, el cuidado personal compartido con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo.

Fuente: Erreius