miércoles, 11 de diciembre de 2019

UNA OBRA SOCIAL DEBE CUBRIR ÍNTEGRAMENTE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA PARA LA VIVIENDA A FAVOR DE UN AFILIADO QUE PADECE CEGUERA, DIABETES Y OBESIDAD


Resultado de imagen para CEGUERA, DIABETES Y OBESIDAD
Partes: B. M. A. A c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo de salud
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
Sala/Juzgado: III
Fecha: 10-oct-2019
Se ordena a una obra social a cubrir íntegramente las prestaciones de asistencia para la vivienda a favor de un afiliado que padece ceguera, diabetes y obesidad.
Sumario:
1.-Corresponde que la obra social demandada cubra íntegramente las prestaciones de asistencia para la vivienda a favor del accionante, atento la condición de discapacitado de este y la Ley 24.901 que insta a las obras sociales a cubrir todas las prestaciones básicas enunciadas en la norma; a lo que debe agregarse que la propia Ley 19.032 establece que la obra social demandada la podrá prestar otros servicios destinados a la promoción y asistencia social de los afiliados, tales como vivienda.
Fallo:
Buenos Aires, 10 de octubre de 2019.
VISTO: los recursos de apelación interpuestos y fundados por ambas partes a fs. 134/137 vta. y fs. 139/141 vta., contra la sentencia definitiva de fs. 132/133 vta., cuyo traslados fueron contestados a fs. 144/146 vta. y fs. 148/150vta. respectivamente, el recurso de apelación de honorarios interpuesto a fs. 134/137 vta. y oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 156/157, y CONSIDERANDO:
I. El Sr. Juez de primera instancia admitió la acción de amparo y condenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a otorgar al Sr. B.M.M.A. la cobertura total de las prestaciones de asistencia para la vivienda, la que deberá ajustarse conforme las constancias de facturación del hotel en el que se encuentra el actor y la de alimentación, de acuerdo a lo prescripto por el profesional nutricionista tratante. Impuso las costas a la vencida.

Contra esa resolución se agravia el INSSJP por considerarla arbitraria y carente de fundamentos. Al respecto, señala que el a quo ha decidido la cuestión en escasos renglones (conf. Surgiría de fs. 133, punto e), segundo párrafo) sin citar siquiera la normativa aplicable al caso. Efectúa también críticas generales respecto de la admisión del amparo y alega que no existió conducta arbitraria de su parte. Asimismo, se queja por la imposición de las costas del proceso.
También lo hace la actora, quien se queja por considerar que la sentencia no garantiza acabadamente la vivienda digna por él solicitada en el inicio, toda vez que con el subsidio que recibe no le alcanza para alquilar una habitación con baño privado, que es lo que requiere en virtud de la patología que padece.
II. Cabe destacar que para decidir, el magistrado de la anterior instancia se centró en dos cuestiones, a saber:a) que se encuentra fuera de discusión que el actor es afiliado a la demandada, que posee un certificado de discapacidad con diagnóstico de ceguera en ambos ojos por retinopatía diabética y que padece un cuadro de diabetes tipo II -insulinodependiente-, hipertensión arterial y obesidad, y b) que la demandada no ha cuestionado el derecho del actor a recibir la cobertura reclamada, en virtud de que procedió a otorgarle diferentes aumentos en los montos de los subsidios, por vía de excepción y con limitaciones temporales (ver fs. 133 puntos (d) y (e)).
En primer término, corresponde señalar que el derecho a la vida y su corolario, el derecho a la preservación de la salud, tiene a su vez directa relación con el principio fundante de la dignidad inherente a la persona humana, soporte y fin de los demás derechos humanos amparados (Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica – ratificado por ley 23.054/84; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado y aprobado por ley 23.313; Ekmekdjian, Miguel A. “El Derechos a la Dignidad en el Pacto de San José de Costa Rica” y demás trabajos allí citados en “Temas Constitucionales”, pág. 71 y sgtes. Ed. La Ley, Buenos Aires 1987), y además aquel derecho encuentra adecuada tutela en los modernos ordenamientos constitucionales y en los instrumentos regionales y universales en materia de Derechos Humanos (conf. Bidart Campos, Germán J. “Estudios Nacionales sobre la Constitución y el Derecho a la Salud”, en el Derecho a la Salud en las Américas; Estudio Constitucional Comparado, OPS 1989, Nro. 509; Padilla, Miguel “Lecciones sobre Derechos Humanos y Garantías”, T. II, Abeledo Perrot, 1928 ps. 13/24), ahora con rango constitucional en nuestro país (art. 42 de la Constitución Nacional de 1994, y normas citadas con anterioridad, que cuentan con jerarquía superior a las leyes de acuerdo al art. 75 inc.22 de la Carta Magna).
Cabe también poner de resalto que la importancia del derecho a la salud deriva de su condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema, un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, el Alto Tribunal ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (conf. doctr. Fallos 323:1339 y 3229 , 324:3569 ) constituye una política pública de nuestro país que debe orientar la decisión de quienes estamos llamados al juzgamiento de esos casos (conf. Los fundamentos del dictamen del Procurador General de la Nación en la causa “Lifschitz, Graciela B. y Otros v. Estado Nacional”, L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/6/04).
El derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando establece en su artículo 42 que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud”.
También en el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que contemplan el derecho a la salud.
Entre ellos, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
En el mismo sentido, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan losrecursos públicos y los de la comunidad.
Para la Corte Nacional también es impostergable la obligación de la autoridad pública de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y rehabilitación.
Esta doctrina tiene en consideración que el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (conf. Fallos 323:3229), como lo es el actor (ver certificado de fs.2).
En otros términos, se trata de un derecho implícito sin el cual no se podrían ejercer los demás derechos.
En nuestro país, además de la ley 24.091 de Discapacidad, rige la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, suscripta por nuestro país y que está vigente a partir de 2000 (ley 25.280). Sus objetivos son la prevención y eliminación de la discriminación para la integración de las PCD.
Cabe recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue suscripta en 2006, ha sido aprobada en 2008 por la ley 26.378, tiene jerarquía constitucional acordada por la ley 27.044 (B.O.22.12.14) y establece que “los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación”.
Entrando ahora al estudio de las prestaciones de salud que deben recibir las PCD, cabe destacar que mientras la ley 23.660 crea el Régimen de Organización del Sector de las Obras Sociales, la ley 23.661 instituye el Sistema Nacional del Seguro de Salud y articula y coordina los servicios de salud de las obras sociales, los establecimientos públicos y los prestadores privados.
En lo concerniente a las obras sociales, la ley 24.901 dispone que tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2), ya sea mediante servicios propios o contratados (art. 6) y estableciendo que en todos los casos la cobertura integral de rehabilitación se deberá brindar con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera (art. 15).
Contempla también la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación sociofamiliar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).
Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15) y las asistenciales que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).
También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts.33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art.35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el artículo 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).
A ello cabe agregar que la Ley 19.032, en su artículo 2°, establece como objeto principal del INSSJP -entre otros- otorgar las prestaciones sanitar ias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. A su vez, en su artículo 3°, dispone que el instituto podrá prestar otros servicios destinados a la promoción y asistencia social de los afiliados, tales como subsidios, vivienda en comodato mediante programas y proveeduría (entre varios).
En función de lo expuesto y meritando la condición de discapacitado del actor, así como también la patología que padece, no cabe sino rechazar el agravio de la demandada en este aspecto.
En cuanto a los restantes agravios de la accionada, corresponde su rechazo por cuanto consisten en expresiones de mera disconformidad con lo decidido por el juez, y no logran demostrar -siquiera mínimamente- la existencia de un desacierto en la resolución que se recurre o los motivos que se tienen para considerarla errónea. Por lo demás, la recurrente se limita a reiterar los argumentos por ella expresados al contestar la acción (ver fs. 58/61 vta.), lo que resulta insuficiente para torcer su suerte en esta instancia.
No encontrando mérito para apartarse del criterio objetivo de la derrota dispuesto en el artículo 68, primer párrafo del Código Procesal, corresponde confirmar la distribución estipulada por el a quo.
III.Respecto al recurso de apelación interpuesto por la actora, cabe recordar que el Tribunal de Alzada tiene, como juez del recurso, en lo atinente a su procedencia, trámite y formas, facultades de verificar, entre otros aspectos, la validez y regularidad de los actos cumplidos en la anterior instancia, sin encontrarse vinculado por la voluntad de las partes ni por la resolución del juez, por más que se encuentre consentida (cfr. esta Sala, causa nº 2215/03 del 14-11-03).
En esa inteligencia, se debe destacar que el art. 15 de la ley 16.986 -norma que no ha sido cuestionada y que, por lo tanto, resulta aplicable en virtud del trámite impreso a estas actuaciones a fs. 134 -establece que el recurso de apelación se debe interponer y fundar dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada (conf. esta Cámara, esta Sala, causas n° 5521/98 del 23-10-98, 11.223/01 del 25-04-02; Sala II, causa n° 3342/00 del 05-07-00, entre otras).
Ello así, tratándose de un plazo fijado en horas se deben computar hora a hora desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, operando su vencimiento al terminar la última de las horas señaladas (cfr. esta Cámara, esta Sala causa n° 5521/98 y 11.223/01 citadas; Sala I, causas n° 39.830/95 del 10-04-97, 1157/98 del 02-04-98, entre otras; Fassi S.-Yañez C., Código Procesal Comentado, T.I, pág. 751, y citas de nota 4; Palacio, L., Derecho Procesal Civil, T VII, pág.187; Sagues, N., “Ley de Amparo”, pág.381/382).
Por lo tanto, considerando que la parte actora quedó notificada de la resolución de fojas 132/133 vuelta el 2 de julio de 2019 a las 10.07 horas (ver página segunda del expediente digital a estudio obrante en el Lex 100, de la cual se agrega una copia simple en forma precedente ), el recurso por ella interpuesto el 5 de julio de 2019 a las 8.11 horas (cfr. cargo de fojas 142) es extemporáneo, habida cuenta de que se encontraba vencido el término de 48 horas previsto en el art. 15 de la ley 16.986.
De ese modo, no obstante que el recurso de apelación interpuesto por la accionante a fojas 139/141 vta., fue favorablemente proveído en la anterior instancia (cfr. fojas 143), a este Tribunal le corresponde declararlo mal concedido (conf. esta Cámara, esta Sala, causas n° 16.392/95 del 30-05- 95 y 6192/01 del 26-02-02; Sala I, causas n° 5854/99 del 19-04-01 y 7133/98 del 27-11-01).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios y declarar mal concedido a fs. 143 el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 139/141. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).
Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada por la letrada de la parte actora Dra. Susana Telma Jaurena, y la naturaleza de la pretensión (apelados por altos) se confirman los honorarios que le fueran regulados en primera instancia (.UMA). Por las tareas de Alzada regúlanse sus emolumentos en la suma de 6 UMA (cfr. ley arancelaria vigente).
Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal de Cámara- publíquese y devuélvase.
Guillermo Alberto Antelo
Ricardo Gustavo Recondo
Graciela Medina

miércoles, 4 de diciembre de 2019

OSDE DEBE REAFILIAR A EMBARAZADA

Resultado de imagen para embarazo

La Cámara Civil y Comercial ordenó a una prepaga a reafiliar a una mujer embarazada que había sido dada de baja tras ser acusada de falsear su declaración jurada de ingreso.

En autos “M. C. M. C. c/ OSDE s/ amparo de salud”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal le ordenó a OSDE que reincorpore cautelarmente a una mujer embarazada que había sido dada de baja tras ser acusada de falsear su declaración jurada de ingreso.
La amparista se afilió a la demandada en noviembre de 2018, completando la declaración jurada de ingreso con los datos de los que tenía conocimiento respecto de su estado de salud. La actora relató que poco tiempo después "sufre nauseas, se hace una prueba de embarazo “Evatest”, concurre a una consulta con un médico ginecólogo y obstetra de la cartilla quien, luego de una análisis de laboratorio y ecografía, le confirma que estaba embarazada; así como que la prepaga le comunicó, en definitiva, su decisión de rescindir el vínculo despojándola arbitrariamente de cobertura médica". 
En autos “M. C. M. C. c/ OSDE s/ amparo de salud”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal le ordenó a OSDE que reincorpore cautelarmente a una mujer embarazada que había sido dada de baja tras ser acusada de falsear su declaración jurada de ingreso.
La amparista se afilió a la demandada en noviembre de 2018, completando la declaración jurada de ingreso con los datos de los que tenía conocimiento respecto de su estado de salud. La actora relató que poco tiempo después "sufre nauseas, se hace una prueba de embarazo “Evatest”, concurre a una consulta con un médico ginecólogo y obstetra de la cartilla quien, luego de una análisis de laboratorio y ecografía, le confirma que estaba embarazada; así como que la prepaga le comunicó, en definitiva, su decisión de rescindir el vínculo despojándola arbitrariamente de cobertura médica". 
Los jueces evaluaron la incertidumbre que apareja para la afiliada la posible falta de asistencia y cobertura de las prestaciones requeridas para otorgar la medida

viernes, 29 de noviembre de 2019

REDUJERON LA CUOTA ALIMENTARIA A UN PADRE

Resultado de imagen para reduccioncuota alimentaria

La Justicia de San Luis redujo el porcentaje en concepto de alimentos que un padre debe abonar, ya que proporciona la obra social a su hijo, quien fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 2 de San Luis resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por un padre y modificar el porcentaje que en concepto de alimentos debe abonar, del 40 al 30 por ciento de sus haberes, ya que el progenitor proporciona la obra social al menor.
El progenitor fue condenado en primera instancia a pagar el 40 por ciento de los haberes, con más asignación familiar por hijo, escolaridad y proporcional del SAC. La decisión fue apelada por el padre, quien solicitó que el Tribunal fije una cuota alimentaria menor.
En este escenario, los jueces recordaron que la obligación de alimentos derivada de la responsabilidad parental “comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”.
“Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado”, sostuvo el Tribunal y añadió: “La obligación de contribuir a los alimentos y educación de los hijos pesa sobre ambos progenitores ya que dicho deber surge de la titularidad de la responsabilidad parental y no debe tenerse en cuenta quien tiene el ejercicio de la misma”.
 En el caso, los vocales destacaron que el menor padece Trastorno del Espectro Autista y el padre fue el encargado de gestionar con la obra social los trámites necesarios para que su hijo tenga la asistencia médica requerida. “(…) no puede dejar de desconocerse que el progenitor también cumple con su deber alimenticio en concepto de salud”, señalaron.
Puntualmente, recordaron el deber de los progenitores de arbitrar los medios para que la obra social que posee el menor cumpla con su obligación de cubrir el tratamiento, pero advirtieron que “los tratamientos médicos como los requeridos para la patología aludida, usualmente insumen costos adicionales que deben ser afrontados por el paciente”.
“Al respecto, deben considerarse que dichos gastos no sólo comprenden vestimenta y equipamiento adecuados para la práctica de las actividades que el niño desarrolle, sino también adquisición de elementos didácticos para estímulo del paciente, traslados no sólo del menor sino de quien debe acompañarlo para llevarlo y retirarlo (…)”.
Los jueces destacaron también los constantes avances en el plano del conocimiento médico y la aparición de nuevos tratamientos. Así, resaltaron la conveniencia del control y atención por parte de “profesionales de prestigio, especializados en el tema”, los cuales, generalmente, no brindan sus servicios a través de las obras sociales, debiendo ser afrontado su costo en forma particular.
“Y que aun cuando las obras sociales pueden reconocer tales gastos mediante un trámite de excepción, existen requisitos que deben completarse y demoras, debiendo en muchas ocasiones adelantarse los gastos y luego, por reconocerse honorarios en base a escalas fijas, el reintegro efectuado por la entidad de salud no cubre la totalidad de lo desembolsado”, concluyó el fallo.
Puntualmente, recordaron el deber de los progenitores de arbitrar los medios para que la obra social que posee el menor cumpla con su obligación de cubrir el tratamiento, pero advirtieron que “los tratamientos médicos como los requeridos para la patología aludida, usualmente insumen costos adicionales que deben ser afrontados por el paciente”.

martes, 26 de noviembre de 2019

MEDICAMENTOS DE POR VIDA EN ENFERMEDAD POCO FRECUENTE


Resultado de imagen para Entocort

Resultado de imagen para Entocort

Medicamentos de por vida: Cobertura de la totalidad de los medicamentos recetados para la amparista que padece una enfermedad poco frecuente


Partes: D. L. A. M. c/ Osde s/ amparo ley 16.986
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
Sala/Juzgado: II
Fecha: 24-oct-2019
La empresa de medicina prepaga deberá cubrir en su totalidad los medicamentos recetados de por vida a la amparista dada la enfermedad que padece.
Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que ordenó a la empresa de medicina prepaga la cobertura total de los medicamentos prescriptos a la amparista de por vida, al haberse probado que de no tratarse acarrearía consecuencias nocivas en la salud, a lo que se suma el magro ingreso para hacer frente a los mismos y el hecho de que la demandada no acreditó el alegado impacto que tendría en su situación económica la cobertura total de la medicación requerida.
2.-El Programa Médico Obligatorio constituye un piso mínimo prestacional que autoriza su ampliación en el caso concreto en la medida que estén comprometidos la salud y la vida de las personas; tanto así que el contenido que comprende al mencionado programa se ha ido ampliando y ensanchando de manera significativa a partir del dictado de leyes que incorporaron o incluyeron legalmente determinada prestación, no prevista reglamentariamente en el consignado programa.

3.-Debe revocarse la sentencia que ordenó a la empresa de medicina prepaga la cobertura total de los medicamentos prescriptos a la amparista, pues de la normativa aplicable no se deriva la obligación de que la demandada otorgue cobertura al 100% de los medicamentos solicitados por la actora, sino que ésta debe ajustarse a lo previsto por la Res. N° 310/2004 del Ministerio de Salud, modificatoria del PMOe, conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 26.689 y su decreto reglamentario. (Del en disidencia del Dr. Picado)
Fallo:
Bahía Blanca, 24 de octubre de 2019.
VISTO: Este expediente nro. FBB 5941/2019/CA1, caratulada: “D. L., A. M. c/ OSDE s/ Amparo Ley 16.986”, venido desde el Juzgado Federal nro. 1 de la sede, puesto al acuerdo para resolver el recurso interpuesto a fs. 63/77vta. contra la resolución de fs. 59/62vta.
El señor Juez de Cámara, doctor Pablo Esteban Larriera, dijo:
1ro.) El Juez a quo hizo lugar al amparo y ordenó a OSDE la cobertura efectiva e integral del tratamiento prescripto para la enfermedad que padece consistente en BUODESONIDE 3 mg por día (nombre comercial Entocort), asociado a MICOFENOLATO MEFETIL 2gr. por día (nombre comercial Cellcept) y RANITIDINA 300mg. por día. Impuso las costas a la demandada por resultar sustancialemente vencida (fs. 59/62vta.).
2do.) Contra dicha decisión apeló el representante de OSDE.
Sus agravios son: que no se especifica que normativa dispone que OSDE deba cubrir los medicamentos en cuestión en un 100%, pues la normativa existente establece la cobertura del 40 % y excepcionalmente se le confiere el 70%; que el Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad que dicta las normas que fijan la cobertura que deben brindar las Obra Sociales a sus beneficiarios; que en cuanto a cobertura de medicamentos, el PMO fue modificado por Res. 310/04, que aprueba el Formulario Terapéutico del PMO, donde señala cuales son los medicamentos que deben cubrirse con el 40 %, mientras que los que gozan de cobertura del 100% se encuentran detallados en los puntos 7.2 a 7.5. Esta cobertura del 100% se encuentra prevista para los pacientes trasplantados y con certificado de discapacidad. Por último se agravió de la imposición de costas.
3ro.) A fs.89/91 asumió la intervención conferida el Fiscal de la Procuración General de la Nación y dictaminó por el rechazo del recurso interpuesto.
4to.) Por tratarse de un amparo en materia de salud, y encontrarse en efecto comprometido el derecho a la vida, el primero de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, respecto del cual los restantes revisten siempre condición instrumental, corresponde buscar una solución que, fundada en derecho, satisfaga de la mejor manera posible la pretensión que reclama la actora.
El derecho a la salud, se encuentra como derecho subjetivo, ligado a la dignidad e integridad de la persona humana, reconocido por los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22, CN), entre ellos, los arts. 12.2 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4° y 5° CDH -Pacto de San José de Costa Rica-, y 6° inc. 1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.
Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciado al entender que el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales, o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339 ).
5to.) La amparista de 46 años de edad, padece Hepatitis Autoinmune desde 2011, por lo cual su médica especialista en gastroenterología y hepatología, Dra. Carolina Pinchuck le prescribió un tratamiento con Budesonide 3 mg./día (Entocort) asociado a Micofenolato Mofetil 2gr./día (Cellcept) (f. 9).
La Obra Social demandada, rechazó la cobertura integral de la medicación prescrita por la profesional que asiste a la Sra. D.L., y reconoce la cobertura en un 40 %, por lo que el tema motivo de apelación, se circunscribe a determinar si le corresponde a la prepaga la cobertura total de la medicación requerida por la amparista.
6to.) En primer lugar se señala que la patología de la amparista se encuentra incluida entre las denominadas Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), cuya característica principal es la baja prevalencia, definida como enfermedad poco frecuente o rara, aquella que se produce con escasa frecuencia en la población en general.
En Argentina, al igual que otros países, consideran EPF a aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil (1 en 2000) personas, referida a la situación epidemiológica nacional.
Sentado ello, se señala que la afección que padece la sra. D. L., -hepatitis autoinmune- se encuentra en el listado de afecciones de la Federación Argentina de E.P.F., que si bien no es el que debe realizar la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud, arts. 3 y 4, ley 26.689), es el único con que se cuenta.
Por tanto, la patología que padece la sra. D. L. encuentra resguardo normativo en la ley 26.689, que en su art. 1 dispone: “El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias”, y el art. 6 del Anexo I, del Decreto reglamentario 794/2015, establece:
“Quedan expresamente alcanzados por la Ley N° 26.689:. c) Las Empresas de Medicina Prepaga definidas en el artículo 2° de la Ley N° 26.682 y su modificatoria.”.
Asimismo, el reglamento dispone en el art.6 in fine que “Las personas afectadas con EPF recibirán como cobertura médica asistencial como mínimo lo incluido en el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución de la Autoridad de Aplicación y, en caso de discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad previsto en la Ley N° 24.901 y sus modificatorias”.
En este marco y teniendo en cuenta que, los jueces no pueden permanecer ajenos a las consecuencias prácticas que podrían traer aparejadas sus pronunciamientos, tal como se ha pronunciado la CSJN en Fallos: 315:992: “Los jueces, en la tarea de acordar a las normas, deben atender a las consecuencias que normalmente derivan de sus fallos, lo que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su congruencia con todo el ordenamiento jurídico”.
Sentado ello, teniendo en cuenta la patología que aqueja a la amparista para lo cual la profesional que la asiste le prescribió un tratamiento farmacológico compuesto por BUODESONIDE 3 mg./por día (nombre comercial Entocor) asociado a MICOFENOLATO MEFETIL 2 gr./por día (nombre comercial Cellcept) y RANITIDINA 300 mg./por día – que debe realizarse de por vida, pues de no tratarse acarrearía consecuencias nocivas en la salud, el costo de la medicación (fs. 2/5) y el magro ingreso (f. 7) para hacer frente a los mismos, sumado a que la empresa de medicina prepaga no A.ditó el alegado impacto que tendría en su situación económica la cobertura total de la medicación objeto de autos, encuentro ajustado que la empresa de medicina prepaga cubra en forma total el costo de la medicación solicitada.Ello en el marco del derecho la salud comprendido dentro del derecho a la vida, garantizado por la CN y tratados internacionales con rango constitucional.
Es decir que frente a este cuadro de situación, por encontrarse comprobado que la prestación solicitada por la amparista constituiría el único medio disponible para brindarle una oportunidad para sobrellevar el padecimiento que la afecta, en mi opinión, impone la confirmación de la resolución en crisis en tanto contribuiría a evitar un mayor agravamiento de las condiciones psicofísicas de su vida.
A todo evento, debe tenerse en cuenta que el PMO (Resolución 201/2002) -como ya ha señalado esta Sala en casos anteriores- constituye un piso mínimo prestacional que autoriza su ampliación en el caso concreto en la medida que estén comprometidos la salud y la vida de las personas. Tanto así, que el contenido que comprende al mencionado programa se ha ido ampliando y ensanchando de manera significativa a partir del dictado de leyes que incorporaron o incluyeron legalmente determinada prestación, no prevista reglamentariamente en el consignado programa.
En lo que aquí interesa, la normativa es categórica en su art. 1 cuando refiere al cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, por lo que el límite que pretende poner la demandada, importa en el caso un menoscabo a la salud de la amparista en atención a la situación que se valora y en cumplimiento de las normas internacionales precitadas.
En el mismo sentido, del análisis de la ley 26.689 se deprenden diversas directivas apuntadas al cuidado de la salud de las personas con EPF, destacando las acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación (art. 3 inc. a) “en el marco de efectivo acceso al derecho a la salud para todas las personas”.
Con base en las consideraciones señaladas, y toda vez que las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental (art.12.1 del PIDESC) la arbitrariedad surge y puede afirmarse en la conducta desplegada por la demandada.
Por los fundamentos aquí expuestos considero que debe rechazarse el recurso en examen y confirmar la resolución en crisis.
7mo.) Por último, en cuanto a la imposición de costas de la anterior instancia corresponde apartarse del principio objetivo de la derrota atento la novedad y complejidad de la cuestión controvertida e imponerlas por su orden atento a que pudo haber inducido a la demandada a creer en la legitimidad de su derecho (arts. 68, 2do párr. del CPCCN y 14 ley 16.986).
Por lo expuesto, propicio y voto: 1ro.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 63/77vta. y confirmar la sentencia de fs. 59/62vta. Las costas de la alzada por su orden (art. 68, 2do párrafo del CPCCN). 2do.) Diferir la regulación de honorarios para cuando se fijen los de la instancia de grado (art. 30 Ley 27.423).
El señor Juez de Cámara, doctor Leandro Sergio Picado, dijo:
1ro.) Disiento respetuosamente con el voto de mi colega preopinante, toda vez que considero que de la normativa aplicable no surge la obliga ción de la Obra Social demandada de cubrir en forma integral el costo de provisión de todos los medicamentos solicitados.
2do.) La actora, de 46 años, padece hepatitis autoinmune desde el 2011, patología a la que pretende encuadrar dentro de la categoría de “enfermedades poco frecuentes” a fin de valerse de las previsiones contenidas en la ley 26.689 (fs.9 y 22).
3ro.) Como primer punto, cabe señalar que la mencionada ley determina que, a sus efectos, “se consideran EPF a aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil (1 en 2000) personas, referida a la situación epidemiológica nacional” y que su decreto reglamentario N° 794/2015 encomendó al Consejo Consultivo Honorario -órgano creado en el ámbito del Ministerio de Salud y conformado por referentes en el abordaje y tratamiento de las Enfermedades Poco Frecuentes- elaborar un listado de EPF a partir de información epidemiológica producida por los centros de referencia, listado que aún no se ha confeccionado.
Pese a no poseer información emanada de los organismos oficiales creados a tal efecto, este obstáculo puede ser sorteado accediendo al listado realizado por la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) -organización sin fines de lucro cuyo objetivo es promover acciones de investigación, concientización, difusión y defensa de los derechos de las personas afectadas, con el fin de mejorar su calidad de vida-, dentro del cual efectivamente se encuentra consignada la enfermedad que padece la actora (http://fadepof.org.ar/listado_epof/h).
4to.) Ahora bien, habiendo catalogado -en los términos expuestos precedentemente- a la hepatitis autoinmune como enfermedad poco frecuente en los términos de la ley 26.689, resta determinar cuáles son los fines dispuestos en la normativa y si de sus previsiones se extrae la forma en la que debe cumplir con sus obligaciones la obra social a la que se encuentra afiliada la actora.
La ley, sancionada en junio de 2011, tiene como objeto, tal como señala el voto precedente, “promover el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias” (art. 1, ley 26.689, el resaltado me pertenece).
En ese sentido, el art.3 de dicha norma establece diferentes objetivos que la autoridad de aplicación -Ministerio de Salud- debe promover en el marco de la asistencia integral establecida para las personas con EPF, entre los que se destacan “promover el acceso al cuidado de la salud de las personas con EPF, incluyendo las acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación, en el marco del efectivo acceso al derecho a la salud para todas las personas”, así como la promoción y facilitación de la información, accesibilidad, integración, y creación de programas que ayuden a lograr los fines que la ley propone.
Estos lineamientos establecidos por el poder legislativo se encuentran claramente dirigidos al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la política sanitaria, quien es finalmente el encargado de llevar adelante esta propuesta.
Esto se evidencia también en lo dispuesto por el art. 5 de la ley bajo análisis, el que reza que “lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de aplicación y los gastos que demande su cumplimiento serán atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Administración Pública para el Ministerio de Salud de la Nación”, y en lo expresado en los considerandos del Decreto 794/2015, en donde se especifica que la ley “fija los objetivos que debe impulsar la Autoridad de Aplicación, en el marco de la asistencia integral establecida para las personas que presentan una EPF” y que la reglamentación es dictada para permitir la inmediata aplicación de ciertas previsiones contenidas en la Ley N° 26.689 -no de todas-.
Y finalmente, el art.6, que refiere a la cobertura que deben brindar los agentes de salud obligados, remite como piso mínimo prestacional a lo que determine la autoridad de aplicación, reafirmando la necesidad de implementación por parte del órgano ejecutivo de los objetivos de integralidad fijados en la norma.
Esto fue desarrollado con mayor profundidad por el decreto reglamentario, el que establece que “las personas afectadas con EPF recibirán como cobertura médica asistencial como mínimo lo incluido en el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución de la Autoridad de Aplicación y, en caso de discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad previsto en la Ley N° 24.901 y sus modificatorias” (el destacado es propio), ciñéndose a lo previsto para todos los beneficiarios del servicio de salud, salvo que por resolución ministerial se otorgue una cobertura superadora.
5to.) En relación a la forma en la que deben interpretarse las normas emanadas del poder legislativo, cabe destacar que es doctrina de nuestra Corte Suprema que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos: 306:721; 307:518; 319:2249 ; 326:704 ), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos (Fallos: 200:165; 304:1795; 315:1256; 326:2390; 331:2550).
Desde esta compresión, el superior tribunal viene destacando que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515), pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos:307:928; 308:1873; 315:1256; 330:2286 ).
En ese sentido, cabe recordar que el ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma (Fallos: 308:1848; 317:1505), siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes (Fallos: 308:2268; 311:2553; 316:2732). De ahí, que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los magistrados el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia (Fallos: 249:425; 306:1472; 314:1849; 318:785 ; 329:1586 ; 333: 866).
6to.) A la luz de lo expuesto, cabe concluir que de la normativa analizada no se deriva la obligación de que la obra social otorgue cobertura al 100% de los medicamentos solicitados por la actora, sino que ésta debe ajustarse a lo previsto por la Resolución N° 310/2004 del Ministerio de Salud, modificatoria del PMOe, conforme lo dispuesto en el art. 6 de la ley 26.689 y su decreto reglamentario.
Allí se establece la cobertura de los medicamentos de uso ambulatorio y habitual -detallados en los Anexos- con un 40% a cargo de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, y con un 70% para los medicamentos destinados a patologías crónicas prevalentes, que requieren de su empleo de modo permanente o recurrente (art. 2 que modifica el apartado 7 del Anexo I de la Resolución Nº 201/02MS).
7mo.) A la actora le fueron prescriptos por su médica tratante -Dra. Carolina Pinchuk, médica gastroenteróloga- los fármacos Budesonide, 3 mg. por día, nombre comercial Entocort, Micofenolato Mofetil 2 gr. por día, nombre comercial Cellcept y Ranitidina 300 mg. por día, para tratar su patología y sus síntomas de reflujo gastroesofágico (fs.5 y 9).
De los dichos de las partes se desprende que la demandada otorga cobertura del 40% a todos, excepto al Budesonide, el que cubre al 70% (fs. 12vta., 14, 20, 53 y 65).
El primero, Budesonide, tiene un costo de $5.990 y en su presentación comercial contiene 100 comprimidos. Al consumir una cápsula por día este envase posee una duración de 100 días, por lo que por mes le genera a la actora un gasto de $1.797, de los cuales OSDE se hace cargo de un 70%, debiendo abonar ella la suma mensual de $539,10 (f. 3).
El segundo, Micofenolato Mofetil, viene en una presentación de 50 comprimidos de 500 mg. cada uno y su precio es de $4.482. La actora, al tener que consumir 2 gr. diariamente debe tomar cuatro comprimidos por día según esta presentación, lo que implica un gasto de $10.756,80 mensual (120 comprimidos por mes) del que tiene que afrontar el 60% -ya que OSDE le cubre el 40%- lo que asciende a la suma de $6.454,08 por mes (f. 4).
Por último, en cuanto a la Ranitidina, no surge de la documental acompañada detalles respecto de su presentación comercial, específicamente de cuantos comprimidos es la misma, pero sí se desprende su precio, el que asciende a $70, monto del que la demandada cubre el 40% (f. 2).
8vo.) La obra social demandada argumenta, al agraviarse de lo resuelto por la jueza de grado -quien otorgó la cobertura integral de la medicación solicitada- que la cobertura que viene otorgando resulta la adecuada conforme el PMO, 40% para todos los medicamentos, aclarando que por vía de excepción se confirió el 70% de cobertura para la droga Budesonide.
Parcialmente dicha afirmación es correcta. En la Resolución N° 310/2004MS,
dentro del Anexo III Formulario Terapéutico del PMOe, la Budesonida se encuentra prevista con un 70% de cobertura, y la Ranitidina con un 40%.
Sin embargo, de la lectura del art.2 de la resolución, en la parte donde modifica el punto 7.5. del Anexo I de la Resolución Nº 201/02MS, surge que los medicamentos incluidos en las Resoluciones N° 475/02APE, 500/04APE, 5600/03APE y 2048/03APE -y sus modificatorias- tendrán cobertura del 100% para los beneficiarios y apoyo financiero del Fondo Solidario de Redistribución a cargo de la Administración de Programas Especiales (A PE), en los términos del decreto P.E.N. 53/98.
El Micofelonato se encuentra previsto en la Resolución 1200/2012SSS
-dictada luego de que se absorba a la Administración de Programas Especiales dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia De Servicios De Salud- y al buscar este fármaco dentro del Anexo III de la Resolución N° 310/2004MS aparecen consignadas las siglas “APE” en el lugar donde iría el porcentaje de su cobertura, por lo que se desprende que este medicamento se encuentra incluido entre aquellos que merecen cobertura íntegra por parte de la obra social a la que el paciente se encuentra afiliado.
En conclusión, la obligación legal de cobertura que recae sobre la obra social en base a los medicamentos aquí requeridos sólo es al 100% para el Micofenolato Mefetil, el que, en base al Anexo III de la Resolución N° 310/2004MS y a su art. 2 corresponde sea cubierto en su totalidad por la demandada, y, en cuanto a los otros dos medicamentos, la normativa se limita a establecer que corresponde otorgar el 70% de cobertura al medicamento Budesonida y el 40% a la Ranitidina, porcentajes que ya venían siendo cubiertos por OSDE.
Esta cobertura deberá ser brindada siempre que continúe siendo requerida por los médicos tratantes de la paciente, atendiendo a las posibles variaciones en sus necesidades sanitarias.
9no.) Por último, atento el modo en que se resuelve las costas se deben imponer en el orden causado.
En virtud de lo expuesto, propicio y voto: Se haga lugar parcialmente al recurso de apelación de fs. 63/77vta.y, en consecuencia, se modifique la sentencia de grado, ordenando a la demandada a que continúe otorgando la cobertura del 70% al medicamento Budesonida y al 40% a la Ranitidina, y aumentando al 100% la cobertura del fármaco Micofenolato Mefetil; costas por su orden atento la forma en que se resuelve.
El señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera, dijo:
Atento el tipo de enfermedad que aqueja a la amparista y las especiales circunstancias de la causa, considero que este caso concreto amerita la cobertura integral de la medicación solicitada, por lo que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Pablo Esteban Larriera. Así voto.
Por ello, y por mayoría de los votos que instruyen el presente, SE RESUELVE: 1ro.) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 63/77vta. y confirmar la sentencia de fs. 59/62vta. Las costas de la alzada por su orden (art. 68, 2do párrafo del CPCCN). 2do.) Diferir la regulación de honorarios para cuando se fijen los de la instancia de grado (art. 30 Ley 27.423).
Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN Nros. 15/13 y 24/13) y devuélvase. El señor Juez de Cámara, doctor Leandro Sergio Picado, participó de la deliberación, se transcribe su voto y no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
CANDISANO MERA PABLO A.
Juez de Cámara
NICOLÁS ALFREDO YULITA
SECRETARI
PABLO ESTEBAN LARRIERA
JUEZ DE CÁMARA
Fuente: Microjuris

lunes, 25 de noviembre de 2019

UN PADRE DEBE PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN EJEMPLAR POR DAÑO MORAL Y MATERIAL

Resultado de imagen para padre abandonico

En Jujuy, un Tribunal dispuso que un padre, que aún reconociendo su vínculo filial no quería afrontar su responsabilidad, pagara a su hijo una indemnización de $1.107.341,16 por daño moral y material

En autos “Ordinario por Daños y Perjuicios: M, E. G. y M, A. E. c/ T, C. A.” la Cámara en lo Civil y Comercial de San Salvador de Jujuy condenó a un padre a pagar la suma de $1.107.341,16 por daño moral y material, por no hacerse cargo de su hija, la que tuvo con la actora y demandante del caso.
Señaló la actora que de la relación que mantuvo con el demandado nació la niña, que desde ese momento conoció de su existencia, negándose a reconocerla y omitiendo brindar asistencia económica, por ello afrontó en forma exclusiva todos los gastos del embarazo, crianza y alimentación. Señaló así mismo que el progenitor fue citado por el Defensor de Menores ante quien reconoció su paternidad, no obstante mantuvo desinterés en el vínculo filial, omitió hacerse cargo de sus obligaciones demostrando una actitud desaprensiva.
El demandado, mediante su defensor, contestó la demanda y expuso que conoció a la actora en épocas de estudiante, afirmó que se trató de un encuento ocasional y que recién tuvo conocimiento de la existencia de la niña ante la citación del Departamento de Asistencia Jurídico Social del Poder Judicial, oportunidad en la que expuso razones personales, desconoció la paternidad, aunque sin perjuicio de ello se sometió voluntariamente a la prueba de ADN. Por tanto, se opuso a la demanda por considerar que ignoró el embarazo y el nacimiento, y que se anotició diez años más tarde.
Para los jueces de Alzada hubo una actitud “reprochable” del demandado al saber de la existencia de la menor pero negarse a reconocerla. “No habían dudas, sino certeza, no obstante se mantuvo impasivo, esperó más de un año la sentencia. Siendo así, su conducta constituye un acto ilícito reñido con todos los principios jurídicos y éticos que inspiran nuestro ordenamiento legal”, argumentaron los sentenciantes.
Para definir la controversia, los magistrados tomaron en consideración la pericia psicológica de la menor, que indicara disminución de la voluntad para establecer nuevas acciones, limitada por miedo al rechazo, con estados de angustia y manifestaciones de llanto, tristeza neurovegetativa, dolor de cabeza, opresión en el pecho, angustia y mareos.
“El reconocimiento de un hijo extramatrimonial, no es un acto facultativo, librado al señorío de la autonomía de la voluntad del progenitor, sino que debe conciliarse con el derecho del hijo a obtenerlo oportunamente. De la prueba colectada y analizada entiendo que la presente demanda procede en contra del demandado y por ello corresponde ahora analizar los rubros reclamados y su procedencia”, sentenciaron los jueces y afirmaron que tienen la convicción de que el progenitor permitió que se transitara innecesariamente por estas instancias judiciales en franco incumplimiento a los deberes impuestos no solo por convenios de rango supra legal , sino por aplicación de los artículos 1.066 y 2º parte del 907 del Código Civil y Comercial.
Señalaron los camaristas que la falta de reconocimiento espontáneo, voluntario y tempestivo de un hijo por su progenitor configura un hecho ilícito por contrariar las normas legales de fondo que garantizan a toda persona el derecho a ser reconocido por su progenitor, en tanto y en cuanto exista una correlativa obligación al derecho de éste de reconocer su paternidad voluntariamente.