miércoles, 9 de junio de 2021

PAMI: Se debe afiliar como adherente a la cónyuge discapacitada del titular, aun cuando aquella perciba una pensión no contributiva, al no encontrarse afiliada a ningún otro agente del Sistema Nacional de Seguro de Salud

 


PAMI: Se debe afiliar como adherente a la cónyuge discapacitada del titular, aun cuando aquella perciba una pensión no contributiva, al no encontrarse afiliada a ningún otro agente del Sistema Nacional de Seguro de Salud

Partes: B. M. E. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Fecha: 1-jun-2021

PAMI debe afiliar como adherente a la cónyuge discapacitada del accionante, aun cuando ésta perciba una pensión no contributiva, al no encontrarse afiliada a ningún otro agente del Sistema Nacional de Seguro de Salud.

Sumario:

1.-No resulta razonable negar a una persona con discapacidad la afiliación al Instituto como familiar de un titular -derecho que le confiere el art. 2 de la Ley 19.032 y la Res. 1100/2006 – por la sola circunstancia de gozar una pensión no contributiva y tener derecho, por tanto, a recibir cobertura del Programa Incluir Salud, porque la implementación de un sistema de cobertura de salud para titulares de pensiones no contributivas puede derivar en una restricción de otros derechos a los que podrían acceder más allá de la percepción del beneficio y de su condición de persona con discapacidad; lo contrario implicaría afirmar que una persona con discapacidad y en condiciones de alta vulnerabilidad económica, si quiere percibir la pensión no contributiva a que tiene derecho pro esos motivos, debe renunciar a otro derecho que le correspondían como integrante del núcleo familiar directo de un afiliado al Instituto, condicionando de este modo la percepción de la asistencia.


2.-La negativa del Instituto de incluirla como adherente de su cónyuge es arbitraria, ya que la peticionante no cuenta actualmente con la cobertura de otro agente de salud y su actitud la coloca en la situación de tener que renunciar a una pensión que le fue otorgada en razón de su especial situación de vulnerabilidad para poder ejercer los derechos reconocidos en el art. 2 de la Ley 19.032 y en la propia Res. 1100/2006.

3.-Solo puede entenderse que el art. 10 de la Res. 1.100/2006 -en cuanto prohíbe la incorporación al Instituto de familiares cuando gocen de una pensión graciable o no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social- refiere a quienes efectivamente gocen de la cobertura de Incluir Salud, ello con fundamento en la necesidad de evitar la superposición de prestaciones que puedan brindar diferentes sistemas públicos, proveer a la sostenibilidad y coherencia de estos sistemas y al uso racional de los recursos públicos, fines que, en el caso concreto, al no existir el obstáculo, no se ponen en riesgo.

4.-La afiliación al Programa Federal de Salud no tiene carácter obligatorio, sino que es optativo para la persona con discapacidad frente a la posibilidad de afiliación como adherente a otro agente de salud.

5.-La amparista cumple con los requisitos exigidos por el INSSJP para revestir el carácter de beneficiaria, conforme lo establece el art. 2 de la Ley 19.032 y el art. 4 de la Res. 1100/2006, y al no encontrarse afiliada a ningún otro agente del Sistema Nacional de Seguro de Salud, no quedaría incluida en el impedimento del art. 10 de la Res. 1100/2006 (Del voto del Dr. Larriera).

6.-La restricción para la adhesión de la amparista al Instituto radica en las diferencias que presentan los beneficios de naturaleza previsional y las pensiones como las que percibe la actora, ya que estas son beneficios que, si bien quedan incluidos dentro del sistema de seguridad social en su misión de satisfacer las necesidades sociales de un grupo particular de la población, por el mismo hecho de ser no contributivas difieren de aquellos que integran el subsistema previsional, destinados a cubrir una contingencia a partir de una previa aportación (Del voto en disidencia del Dr. Picado).

Fallo:

Bahía Blanca, 1 de junio de 2021.

VISTO: Este expediente nro. FBB 429/2020/CA2, caratulado: «B., M. E. c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ Amparo Ley 16.986», de la secretaría nro. 1, venido del Juzgado Federal nro. 2 de la sede, para resolver la apelación de fs. 152/156, contra la sentencia de f. 150 (foliatura del Expte. digital, SGJ Lex100).

La señora Jueza de Cámara, Silvia Mónica Fariña, dijo:

1ro.) A f. 150, la Sra. Jueza de primera instancia resolvió rechazar la acción de amparo (por la cual la actora pretende la inclusión como afiliada adherente -cónyuge del afiliado titular O. R. S.- en el Instituto demandado), sin perjuicio de los actos cumplidos en el marco del anticipo cautelar, y los eventuales derechos que le corresponda a la demandada. Impuso las costas por su orden (art. 14, ley 16.986 y 68, 2do. párr. del CPCCN), y difirió la regulación de honorarios de los profesionales actuantes hasta tanto cumplan con la denuncia de su situación previsional e impositiva.

Para así decidir, la magistrada tuvo en cuenta antecedentes de esta Cámara en los que se resolvió en sentido contrario a la pretensión del accionante.

2do.) Contra esa decisión apeló la actora, quien expresó los siguientes agravios:

2do.1) La magistrada de grado priorizó una resolución administrativa interna del INSSJP por sobre una ley dictada por el Congreso Nacional como es la 19.032, por lo que entiende que la sentencia carece de motivación suficiente, sin tener tampoco en cuenta los tratados de derechos humanos citados por su parte, ni declarar la inconstitucionalidad de la resolución administrativa, sin que fuera necesario que su parte lo solicitara.Agregó que existieron numerosos antecedentes jurisprudenciales en los que sin declarar la inconstitucionalidad de la resolución administrativa los jueces aplicaron la norma de jerarquía superior.

2do.2) Manifestó por recibir la pensión de carácter alimentario debido a su discapacidad, obligatoriamente la incluyen en el ex PROFE que no presta la atención sanitaria que requiere, indicando algunos aspectos que harían a deficiencias prestacionales para sus requerimientos de salud en su lugar de residencia.

2do.3) Consideró injusto que para contar con la afiliación al PAMI, el Instituto la obligue a renunciar a la pensión no contributiva de discapacidad con la que cuenta. Reiteró que no pretendía una afiliación gratuita al PAMI, sino ingresar como adherente pagando lo que correspondiera por ello. Finalmente solicitó las costas se impongan a la demandada.

3ro.) A fs. 160/165 el Sr. Fiscal General ante esta instancia dictaminó por la favorable acogida de la apelación.

4to.) El caso corresponde a una mujer de 56 años, con Certificado Único de Discapacidad por insuficiencia renal crónica que, además, se encuentra incluida desde 2016 en lista de espera para trasplante de riñón.

No se discute en autos la discapacidad, la patología ni el tratamiento necesario para afrontarla.

Dada su enfermedad, debe someterse a diálisis tres veces por semana y cada seis meses viaja a Buenos Aires para evaluar la posibilidad de un trasplante.Hasta hace un tiempo, este tratamiento era cubierto por la Obra Social de su cónyuge (OSECAC), pero una vez que éste accedió al beneficio jubilatorio, con su consiguiente afiliación al PAMI, su galeno tratante le manifestó que se encontraba sin cobertura médico asistencial para llevar a cabo su tratamiento.

Ante esta situación, se hizo presente en la delegación del PAMI de la ciudad de Pigüé, donde le manifestaron que no podrían afiliarla al Instituto porque poseía una pensión no contributiva de parte de ANSeS y contaba con la cobertura del PROFE (Programa Federal Incluir Salud). Por tal motivo, intimó fehacientemente al PAMI para que procediera a su alta en carácter de integrante del grupo familiar, amparándose en su derecho de libre elección de obra social y lo establecido en el art. 2 de la ley 19.032, lo que le fue negado.

Ninguna de estas circunstancias de hecho fue desconocida por la demandada.

5to.) En el caso particular de autos, la actora, conforme han quedado descriptos y conformados los hechos, no es una afiliada activa de Incluir Salud, sin perjuicio del descuento que se le hace en su recibo de haberes. En la demanda se puso el acento especialmente en la circunstancia de que nunca se tramitó el alta, lo que no mereció réplica. Cabe tener presente que la cobertura del ex PROFE no es automática frente a la percepción de la pensión, sino que requiere la realización de los trámites respectivos.

Esta circunstancia, ya de por sí torna arbitraria la respuesta dada por la demandada ante el requerimiento en la etapa prejudicial.

En el informe del art. 8 de la ley 16.986 la propia demandada expuso: «El 04 de marzo de 2020, mediante misiva se le informó que debía solicitar la cobertura médica PROFE debido a que, en consonancia con lo establecido por el decreto nº 292/95: ‘Ningún beneficiario del Sistema de Salud podrá estar afiliado a más de un agente, ya sea como beneficiario titular o como miembro del grupo familiar primario.En todos los casos deberá unificar su afiliación’»; cuando no existía peligro de doble cobertura.

6to.) No está aquí en discusión la calidad de los servicios brindados por Incluir Salud, ni la extensión de la cobertura para los especiales requerimientos de salud de la actora en su lugar de residencia, sino su derecho a optar por la cobertura a la que, conforme a la ley 19.032, podría acceder como parte del núcleo familiar primario de un titular del INSSJP. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de observar que la propia demandada corroboró los dichos de la actora relativos a las dificultades prestacionales de Incluir Salud en su localidad1 por los cuales la actora manifestó que «no tenía ningún sentido asistir a Incluir Salud a buscar una cobertura inexistente.»

6to.1) Para tal cometido se debe tener en cuenta que la actora está en la situación de hecho prevista en el art. 2 la Ley 19.032, de creación del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y en el art. 4e de la resolución 1.100/2006. Ambas normas prevén el derecho de incorporar como afiliados a los integrantes del grupo familiar primario de un titular (en el caso el esposo de la actora), lo cual, a su vez, tiene anclaje constitucional en el art. 14 bis CN que propende a la protección integral de la familia.

Por otro lado, el art. 10 de la resolución 1.100/06 veda la posibilidad de afiliación como familiar conviviente o node un titular a quienes gocen de una pensión graciable o no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Textualmente establece:»no podrán afiliarse a este instituto los familiares, convivientes o no, cuando sean titulares de un beneficio previsional y puedan acceder por sí mismos a cualquier otra Obra Social, integrante o no del sistema establecido por las leyes 23.660 y 23.661, o que gocen de una pensión graciable o no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social».

6to.2) Entiendo que debe darse sentido a toda la normativa que rige la materia en su conjunto, considerando especialmente la obligación estatal de suprimir barreras injustificadas de accesibilidad (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 5, párr. 6, 9, 10, 17, 28, 30 Y 33; Observación General n° 19, párr. 13, 20, 22, 24, 28, 29, 31 Y 45), honrando los compromisos del art. 41 de la Convención, especialmente incisos a, b, c, d y e2.

Cualquiera de las personas que, conforme al art. 4 de la resolución 1.100/06, pueden acceder a la afiliación como integrantes del grupo familiar primario, podrían tener posibilidades -hipotéticamente- de acceder a otra OS.

Por ejemplo, un cónyuge activo que acceda al sistema a través de su actividad laboral, o un hijo que pueda acceder a la cobertura de otro agente por su otro progenitor. En estos casos hipotéticos, la razonabilidad de prohibición del art. 10 podría fundarse, en abstracto, en la necesidad de resguardo de los recursos públicos de los que se nutre la cobertura brindada por el Instituto.

2 «los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) tO.todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; d) abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; e) tO. todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad.»

Por otro lado, si cualquiera de los familiares mencionados en los incisos a, b, c y k de la norma fuera titular de un beneficio previsional, al poder, en consecuencia, acceder a la afiliación como titular, la prohibición del art. 10 se fundaría en una mera cuestión de organización interna que no redundaría en diferencias para la situación personal de quien quiere afiliarse.

A diferencia de esos supuestos de hipótesis planteados, cuando el pretenso adherente es titular de una pensión no contributiva por invalidez que le da el derecho de acceder al Programa Federal «Incluir Salud», la exclusión no se funda en la necesidad de preservar recursos públicos, pues ambos sistemas se nutren de éstos – independientemente de sus diversos oríge nes-. La prohibición solo puede tener sustento en cuestiones de organización de uno y otro sistema, en la distribución del universo de beneficiarios entre ambos (fin que no considero suficientes para restringir el abanico de derechos de las personas con discapacidad, creando una barrera de accesibilidad donde antes no la había) y en la necesidad de evitar superposición de prestaciones que brindan diferentes sistemas públicos, lo que, como dije, no se da en el caso.

En otras palabras, no resulta razonable negar a una persona con discapacidad la afiliación al Instituto como familiar de un titular (derecho que le confiere el art. 2 ley 19.032 y art.resolución 1.100/06) por la sola circunstancia de «gozar una pensión no contributiva» y tener derecho, por tanto, a recibir cobertura del Programa Incluir Salud. Porque la implementación de un sistema de cobertura de salud para titulares de pensiones no contributivas no puede derivar en una restricción de otros derechos a los que podrían acceder más allá de la percepción del beneficio y de su condición de persona con discapacidad (como es en el caso, por su condición de familiar de un afiliado titular).

Lo contrario implicaría afirmar que una persona con discapacidad y en condiciones de alta vulnerabilidad económica, si quiere percibir la pensión no contributiva a que tiene derecho por esos motivos, debe renunciar a otro derecho que le correspondían como integrante del núcleo familiar directo de un afiliado al Instituto, condicionando de este modo la percepción de la asistencia.

Entiendo que también se debe considerar las dificultades que para la dinámica familiar traería aparejadas la circunstancia de que los miembros del matrimonio, conformado por una persona mayor y otra con discapacidad (dos de las situaciones de vulnerabilidad que motivan una protección especial desde el ámbito internacional y constitucional) y con los graves problemas de salud ya referidos, tengan diferentes coberturas de salud, aspecto que también debe ser ponderado en la dilucidación de la razonabilidad de la norma que regula el caso.

6to.3) Así es que debe interpretarse que la afiliación al Programa Federal de Salud no tiene carácter obligatorio, sino que es optativo para la persona con discapacidad frente a la posibilidad de afiliación como adherente a otro agente de salud (así lo ha decidido, mutatis mutandis, la CSJN en «Pérez de Capiello.» en Fallos: 335:168).

Otra interpretación implicaría desnaturalizar el derecho que surge de normativa de rango superior (art.14bis 28 y 31, 7522 Constitución Nacional, Convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad, ley 27.044).

6to.4) En este contexto, solo puede entenderse que el artículo 10 de la resolución 1.100/2006 -en cuanto prohíbe la incorporación al instituto de familiares, convivientes o no, cuando gocen de una pensión graciable o no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social- refiere a quienes efectivamente gocen de la cobertura de Incluir Salud. Ello, con fundamento en la necesidad de evitar la superposición de prestaciones que puedan brindar diferentes sistemas públicos, proveer a la sostenibilidad y coherencia de estos sistemas y al uso racional de los recursos públicos, fines que, en el caso concreto, al no existir el obstáculo, no se ponen en riesgo.

Frente a estos estándares, la negativa del INSSJP, en tanto la actora no cuenta actualmente con la cobertura de otro Agente de Salud, resulta arbitraria; y coloca a la persona en la situación de tener que renunciar a una pensión que le fue otorgada en razón de su especial situación de vulnerabilidad para poder ejercer los derechos reconocidos en el art. 2 de la ley 19.032 y en la propia Resolución 1100/2006 (art. 4a).

Por todo lo expuesto, propicio:1ro.) Hacer lugar a la apelación, revocar la sentencia y hacer lugar al amparo, con costas de la primera y la segunda instancia a la demandada; 2do.) Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la instancia anterior.

El señor Juez de Cámara, doctor Leandro Sergio Picado, dijo:

1ro.) Disiento respetuosamente con el voto de mi colega preopinante, toda vez que, a mi juicio, la sentencia de primera instancia resulta ajustada a derecho.

2do.) Primeramente, es del caso señalar, en cuanto a los recursos con los que cuenta cada uno de los entes en cuestión y su proveniencia, que el INSSJPPAMI

se nutre, principalmente, de los aportes que surgen de los haberes de pasividad que perciben los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión social y del aporte obligatorio de las personas en actividad comprendidas en este régimen (art. 8 de la ley 19.032 de creación del INSSJP), siendo este Instituto una persona jurídica de derecho público no estatal que posee individualidad financiera y administrativa; mientras que el programa INCLUIR SALUD, que es un sistema de aseguramiento público del acceso a los servicios de salud a los beneficiarios de pensiones no contributivas a través de los gobiernos de las respectivas jurisdicciones donde éstos residen, obtiene su financiamiento a través del Ministerio de Salud de la Nación, quien transfiere a la provincia de que se trate una cápita básica por beneficiario, una cápita complementaria y reembolsa las prestaciones no incluidas en dicha cápita (Resolución MSAL Nº 1862/2011, anexo III, cláusula séptima).

En consecuencia, se puede evidenciar que los fondos en ambos casos responden a orígenes diferentes, se administran de forma diferente y, en definitiva, el INSSJP y el Programa INCLUIR SALUD poseen naturaleza jurídica diferente.

3ro.) Ahora bien, el reclamo judicial impetrado gira, en definitiva, en torno al art.10 de la disposición INSSJP Nº 1100/06 el que, en su parte pertinente, dispone que no podrán afiliarse a ese Instituto los familiares, convivientes o no, cuando «gocen de una pensión graciable o no contributiva otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social».

La restricción, a mi juicio, y tal como lo expresó el Dr. Candisano Mera en su voto en FBB 15186/20193, radica en las diferencias que presentan los beneficios de naturaleza previsional y las pensiones como la que percibe la Sra. Bajamon, ya que estas últimas «son beneficios que, si bien quedan incluidos dentro del sistema de la seguridad social en su misión de satisfacer las necesidades sociales de un grupo particular de la población, por el mismo hecho de ser no contributivos difieren de aquellos que integran el subsistema previsional, destinados a cubrir una contingencia a partir de una previa -o concomitante, según el caso- aportación».

Por esta razón es que la amparista no se encuentra dentro del presupuesto fáctico del art. 2 de la ley 19.032 de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

El supuesto enunciado en el citado art. 10 de la Resolución INSSJP Nº 1100/06 resulta ser, precisamente, el caso de la amparista, quien es beneficiaria de la prestación prevista en el art. 11 de la ley 26.928 que estableció el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas o que se encuentren en lista de espera, consistente en una asignación mensual no contributiva equivalente a la pensión por invalidez, lo cual constituye una excepción a lo previsto por el art.4, inciso e de dicha resolución; razón por la cual el rechazo del recurso se impone.

4to.) Asimismo, cabe traer a colación, en apoyo de lo expuesto, que la Resolución MSAL Nº 726/2016 dispuso que aquellas personas que perciban la asignación creada por la ley 26.928 que cuenten con cobertura medico asistencial al momento de su otorgamiento podrán optar entre conservarla o ser incluidos como beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Esto otorga solo la posibilidad de conservar una cobertura de salud anterior al alta de la pensión no contributiva, lo que no se da en el caso de autos actualmente atento a que el alta del beneficio data de un momento anterior a la solicitud de adhesión como grupo familiar de afiliado titular de PAMI.

5to.) En virtud de lo expuesto, entiendo que la imposibilidad de materializar la adhesión al INSSJPPAMI conforme lo establecido en la Resolución 1 1100/06 incluye al supuesto bajo análisis, sin que ello implique un menoscabo flagrante en sus derechos de tal magnitud como para instar una declaración de inconstitucionalidad de oficio por parte de esta judicatura, declaración que devendría necesaria a la hora de pretender apartarse de la aplicación de una normativa que resulte, en definitiva, aplicable al caso.

Como bien se señala en el voto que antecede, la cobertura o el acceso a las prestaciones que requiera la amparista en virtud de su patología no se encuentran en discusión en el presente, ni tampoco la aptitud o no de Incluir Salud para satisfacer dicha necesidad.

Lo que si se hallaba dentro del thema decidendum es la posibilidad de que la accionante se afiliara a PAMI como grupo familiar de su cónyuge, lo que en el caso se encuentra vedado, tal como quedó evidenciado, y no se advierte como esa imposibilidad podría fundar una declaración de inconstitucionalidad cuando existe otra entidad obligada a dar respuesta a los requerimientos médicoasistenciales de ésta.

6to.) Finalmente, en relación a las costas, considero que en el particular confluyen suficientes motivos para quesean impuestas por el orden causado, atento a que una gran parte de la jurisprudencia de otras jurisdicciones ha avalado la pretensión de la accionante, habiendo sido incluso citados algunos precedentes en el escrito de inicio, por lo que podría haberse legítimamente creído con derecho a litigar (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

Por ello, propongo al Acuerdo:

1ro.) Se rechace el recurso interpuesto el 8/4/2021 y, en consecuencia, se confirme la sentencia apelada, con costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

2do.) Se difiera la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la vez que se estimen los del juicio principal (art. 30, ley 27.423).

El señor Juez de Cámara, doctor Pablo Esteban Larriera, dijo:

En lo que disienten los colegas preopinantes, adhiero a la solución que para este caso propicia la Dra. Silvia Mónica Fariña, por adherir en lo sustancial a sus fundamentos.

Ello así, por cuanto, tal como lo dispuso nuestro más alto Tribunal, la afiliación al Programa Federal de Salud no posee carácter obligatorio, sino que constituye una opción para la persona con discapacidad (Fallos: 335:168 ).

Y, en el caso de autos, a diferencia de lo sucedido en el precedente citado la Jueza a quo (CFABB, expte. FBB Nº 15186/2019/CA2 caratulado «SALINAS, Guillermo Claudio c/ INSSJP s/ Amparo ley 16.986» Sec. 1, del 28/7/2020), la actora, a pesar de recibir una pensión no contributiva por su condición de persona con discapacidad, nunca optó por la opción de adherirse al Programa Incluir Salud.

Así es que, a mi entender, la amparista cumple con los requisitos exigidos por el INSSJP para revestir el carácter de beneficiaria, conforme lo establece el art. 2° de la ley 19.032 y el art. 4e de la resolución 1100/2006, y al no encontrarse afiliada a ningún otro agente del Sistema Nacional de Seguro de Salud, no quedaría incluida en el impedimento del art.10 de la resolución 1.100/06.

Por ello, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de la causa, que me obligan a tener especial consideración por la condición de discapacidad de la recurrente, la enfermedad que padece -que conlleva a un tratamiento especial, afectando su dependencia- y su estado de vulnerabilidad, es que adhiero al voto de la Dra. Fariña, propiciando se revoque la sentencia de grado y se haga lugar al amparo.

Así voto.

Por ello, y por mayoría de los votos que instruyen el presente, SE RESUELVE:

1ro.) Hacer lugar a la apelación, revocar la sentencia y hacer lugar al amparo, con costas de la primera y la segunda instancia a la demandada (art. 68 CPCCN).

2do.) Diferir la regulación de honorarios para la vez en que sean estimados los de la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN Nros. 15/13 y 24/13) y devuélvase.

Silvia Mónica Fariña

Pablo Esteban Larriera

miércoles, 19 de mayo de 2021

¿ LOS CONCUBINOS HEREDAN?

 



¿ LOS CONCUBINOS HEREDAN?

Hay una creencia errónea de que la pareja conviviente - comúnmente llamado 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘣𝘪𝘯𝘰 𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘣𝘪𝘯𝘢- luego de varios años de convivencia adquiere vocación hereditaria. 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫❗
En primera instancia, al cesar la unión convivencial, habrá que ver si las partes han establecido e inscripto un 𝘱𝘢𝘤𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘷𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢.
A falta de éste, el Código Civil y Comercial establece algunos derechos para el conviviente supérstite, pero ninguno de ellos implica que la pareja se convierta en heredero/a de su pareja fallecida.
¿𝗖𝗨𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗟𝗚𝗨𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢𝗦?
👉🏻𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨: por un plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
👉🏻𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚: cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial.
Asimismo, las leyes laborales y previsionales también reconocen derechos a los convivientes:
👉🏻𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧 en caso de fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad (art 53. Ley 24.241)
👉🏻𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 por fallecimiento del trabajador (art. 248 Ley. 20.744)

¿𝗘𝗫𝗜𝗦𝗧𝗘  𝗔𝗟𝗚𝗨𝗡𝗔 𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗠𝗨𝗘𝗥𝗘  𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗡𝗢 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗠𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢?

 Que la pareja contraiga 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨, por lo que pasarían a ser cónyuges

Que se instrumente acto de última voluntad (𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨), en virtud del cual se instituya como heredero al conviviente en la porción legítima disponible

Verónica Velasco

Abogada- Mediadora⁣⁣

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞 𝐚:⁣⁣⁣⁣⁣⁣

𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: veronica.a.velasco@gmail.com

𝐂𝐞𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫: (+54) 341- 6011309⁣⁣⁣⁣

 

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lunes, 3 de mayo de 2021

EL TÍO PATERNO DE LOS MENORES DEBE ABONAR ALIMENTOS PROVISORIOS, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PADRE, Y LA AUSENCIA DE SUS ABUELOS PATERNOS





Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de Salta

Sala/Juzgado: III

El tío paterno de los menores debe abonar alimentos provisorios.


1.-Corresponde disponer que el tío paterno unilateral por línea materna de los menores (art. 537 , CCivCom.) abone alimentos provisorios en tanto el principal obligado -progenitor- incumple la cuota alimentaria desde hace meses y la abuela paterna ha fallecido y no cuentan los menores con abuelos paternos

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Salta, 2 de Julio de 2020.

Y VISTOS: Estos autos caratulados XX POR ALIMENTOS», Expte N° EXP – 649863/18. –

I.- Que a fs. 17/18, se presenta la Dra. Sylvina María Carrer, Defensora Oficial Civil N° 5, como letrada apoderada de la Sra. , y solicita la fijación de alimentos provisorios a favor de sus hijos R. y S. . en contra del tío paterno unilateral por línea materna, Sr. Que a fs. 25 se imprime trámite a la acción.

A fs. 38 se celebra la audiencia preliminar prevista en el art. 651 del C.P.C.Y C. en la cual el demandado contesta demanda, y rechaza la misma en virtud de su situación económica y la existencia de otros obligados en mejores condiciones económicas; afirma que el padre de los niños se encuentra en un grave estado de salud con dos dedos del pie amputados por la diabetes crónica que padece, actualmente internado, desempleado y del cual se hace cargo; refiere que tiene dos hijos más. Afirma que tiene un hermano de nombre que se encuentra en mejor situación económica que él para afrontar la obligación alimentaria, desconociendo su domicilio real. En dicha audiencia se resuelve fijar audiencia para el Sr. _ (progenitor de los niños) y el Sr. _ (tío paterno).

A fs. 42 se lleva a cabo la audiencia antes mencionada con la presencia de la parte actora y la incomparecencia de los Sres. Y por lo que la Sra. Defensora Oficial Civil N° 5 solicita se fijen alimentos provisorios acompañando certificado médico y ecografía mamaria que dan cuenta del estado de salud de la Sra. B.

A fs. 51 rola incorporada en autos acta de audiencia a la que comparece la parte actora, no así la demandada.En dicho acto, la Defensora Oficial Civil N° 5 solicita que, toda vez que el progenitor de los niños continúa incumpliendo la cuota alimentaria fijada en Expte N° 595675/17 caratulado , y el demandado en autos (tío paterno) no se presentó a la audiencía, se fijen alimentos provisorios en contra del Sr. hasta tanto recaiga sentencia definitiva.

A fs. 54 dictamina la Sra. Asesora N° 6; a fs. 56 la Sra. Defensora N° 5 informa que según dichos su mandante, los niños no tienen abuelos paternos ni hermanos mayores de edad.

En virtud de ello, a fs. 55 pasan los autos a despacho para resolver.

II.- En primer lugar, considero que la acción entablada se refiere a la obligación alimentaria entre parientes, incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 537, normativa que establece que los parientes se deben alimentos entre sí, integrando el cuadro de las prestaciones que derivan de las relaciones familiares junto con los debidos a los hijos, entre cónyuges, y entre convivientes.

De esta forma, el Código Civil y Comercial sistematiza la normativa de la obligación alimentaria en el capítulo relativo al parentesco; anclando la teoría del derecho alimentario en las normas referidas a los alimentos entre parientes; lo que permite efectuar una interpretación integradora del sistema alimentario y aplicar los principios generales de dicha teoría a los otros supuestos de alimentos de fuente legal en aquello que resulte pertinente.

Ahora bien, la obligación alimentaria entre parientes tiene su fundamento en la solidaridad familiar que debe existir entre quienes se encuentran relacionados por vínculos de parentesco. Dicha solidaridad implica «el reconocimiento de la realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino susceptibles de resolución con intervención de los poderes públicos y de los demás».(Aída Kemelmajer de Carlucci. Mariel F. Molina de Juan «Alimentos», Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, 2014, págs. 397/398) La jurisprudencia fue conteste con esta línea:»El fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana, y más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar. El amparo de tal necesidad elemental, que hace a la dignidad humana, da lugar a un personalísimo derecho a reclamar y un deber de cumplir que la ley ha formulado positivamente» (CFam. De Mendoza, 29- 11-2010, «P.A.D. Por sus hijos menores F.A. Y otd c/F.A.A. S/Alimentos.).

Según constancias de autos, el vínculo entre el tío paterno y los niños se encuentra suficientemente acreditado mediante las Actas de Nacimiento que rolan agregadas a fs. 4/8 y 22/23. – Analizando las actuaciones, es importante destacar que el principal obligado a los alimentos, Sr. progenitor de los niños, incumple la cuota alimentaria desde enero de 2018 hasta la fecha; por otra parte la abuela paterna, Sra.

, ha fallecido, no contando con abuelos paternos ni hermaIII.- Que en base a las consideraciones expuestas, estimo que resulta justo y equitativo fijar una cuota alimentaria provisoria mensual equivalente al 15% (Quince por Ciento) de las remuneraciones que percibe el Sr. – , como empleado en relación de dependencia de la Dirección Nacional de Vialidad de la Provincia de Santiago del Estero, con la sola exclusión de los descuentos obligatorios de ley, haciéndose extensiva la retención dispuesta sobre el SAC.- Dicha cuota deberá ser retenida por la empleadora, debiendo hacer efectivo el pago, dentro de las 48 hs. de su retención, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 551 del C.C.C.- La cuota establecida regirá a partir de la notificación de la presente, sin que pueda pretenderse su retroactividad en ese estado del proceso, pues tal pronunciamiento es materia de la sentencia y excede el propósito de protección elemental que inspira el art.544 del CCyCN.- En consecuencia, RESUELVO:

I) FIJAR en concepto de Cuota Alimentaria Provisoria que el Sr. , (tío paterno), deberá abonar a favor de sus sobrinos, R. y S. , el 15% (Quince por Ciento) de las remuneraciones que percibe como empleado en relación de dependencia de la Dirección Nacional de Vialidad de la Provincia de Santiago del Estero, con la sola exclusión de los descuentos obligatorios de ley, haciéndose extensiva la retención dispuesta sobre el SAC, ello a partir de la notificación de la presente resolución. – HACER SABER que en caso de que el progenitor de los niños, Sr._ cumpla con la cuota alimentaria fijada en Expte N° 595.675/17 S/Alimentos, la cuota ordenada en la presente quedará sin efecto, debiéndose cursar la debida comunicación a la Dirección Nacional de Vialidad de la Provincia de Santiago del Estero.

II) LIBRAR OFICIO LEY 22.172 a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO , a los fines que proceda a retener mensualmente de los haberes que por todo concepto percibe el Sr. — el porcentaje fijado en concepto de Alimentos Provisorios, debiendo hacer efectivo el pago, dentro de las 48 hs. de su retención, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 551 del C.C.C. La cuota deberá ser retenida y depositada por la empleadora en el Banco Macro S.A. – Sección Depósitos Judiciales a la orden de la Proveyente y como pertenecientes a estos obrados. A tales fines HÁGASE SABER que el mencionado oficio deberá ser confeccionado en formato pdf y subido a la mesa virtual del Poder Judicial para su control y suscripción por Secretaría; una vez suscripto podrá ser retirado por mesa de entradas del Juzgado. Autorizándose a la Sra. Defensora Oficial Civil N° 5 y/o persona que ésta designe para el diligenciamiento del mismo.

III) AUTORIZAR a la Sra., a percibir en forma directa y personal los montos que en concepto de cuota alimentaria se depositen en Banco Macro S.A. – Sección Depósitos Judiciales a la orden de la Proveyente y como perteneciente a estos obrados.

A tal fin LÍBRESE OFICIO al Banco Macro S.A. Por Secretaría a los fines de su diligenciamiento electrónico a la dirección de correo electrónico consignada en la Circular N° 63/20 de la Corte de Justicia de Salta.- IV) MANDAR se copie, registre y notifique.

DRA. CLAUDIA N. GÜEMES

JUEZA. DRA. DANIELA CHERMULAS

domingo, 11 de abril de 2021

EL PACIENTE TAMBIÉN ES CONSUMIDOR




 La Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó la decisión de un juez de declararse incompetente ante una demanda contra una obra social efectuada por dos padres para su hijo menor de edad. Para la Alzada, el reclamo  no podría "afectar o conmover la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional"

En autos “E.A. C/ M.S.A.A.M.C. S/ AMPARO”,  la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora resolvió revocar la resolución recurrida, debiendo continuar interviniendo en el caso el Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 departamental. Asimismo, admitió la medida cautelar requerida.

Los accionantes—en representación de su hijo menor de edad— promovieron las actuaciones con el objeto de que la accionada M.S.A.A.M.C. brinde, a través del equipo médico interdisciplinario del doctor D.S., la cobertura de la cirugía, tratamientos y las prestaciones que requiere el cuadro que presenta su pequeño niño debido al diagnóstico de FLAP.

El juez de grado se declaró incompetente para intervenir en la causa y propició asimismo el rechazo de la medida cautelar solicitada en la demanda.

Contra esa decisión apelaron los actores, criticando los fundamentos brindados por el Juzgador de grado para declarar la competencia en el caso de la Justicia Federal, resaltando que atento al tipo de controversia de que se trata la misma debe sustanciarse en el fuero local ordinario.

A su turno critica el rechazo de la medida cautelar, reeditando en forma sucinta los motivos que la llevaron a peticionar en los términos en los que lo hizo y peticiona se revoque el decisorio apelado admitiendo en consecuencia la medida precautoria solicitada.

Elevada la causa, los magistrados afirmaron que “ no puede dejar de destacarse que la controversia se suscita sobre el equipo quirúrgico que debe tratar al niño A.E., quien según certificado expedido por el cirujano plástico D.S. padece una fisura de labio palatina izquierda (malformación congénita maxilo - facial) y se encuentra en el momento indicado según protocolo de tratamiento de la patología para realizar la reconstrucción de labio y nariz (queilorinoplastía primaria), la que debe ser efectuada según lo indica el profesional entre los 3 y 6 meses de vida y ya ha sido programada”.

Según la sentencia, que revocó el decisorio de grado, nuestro ordenamiento jurídico de fondo especialmente contempla la prelación normativa que corresponde atender en la especie, previendo concretamente que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor, y que en caso de duda (sobre la interpretación del Código o de las leyes especiales) prevalece la más favorable al consumidor (art. 1094 del CCyC.)

“En tales condiciones, no advirtiéndose de qué modo el reclamo individual de los accionantes podría per se afectar o conmover la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional o las prestaciones que el mismo contempla —ni siendo ello materia de discusión en el caso—, y siendo que en autos lo que se discute es en definitiva la extensión y los términos de las obligaciones emergentes de una relación de consumo individual, entiende este Tribunal que corresponde revocar el decisorio apelado, estableciendo que la causa continúe su tramitación por ante el Juzgado de origen” concluyeron los magistrados.

viernes, 9 de abril de 2021

INCUMPLIR CON LA CUOTA ES VIOLENCIA

 



La Justicia pampeana consideró que el incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género. El fallo advirtió que la conducta del progenitor "limita los recursos económicos” de la mujer que legalmente le corresponden a su hijo.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa concluyó que el “incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género”, en el marco de una causa donde se fijó en primera instancia una cuota mensual de solo 3 mil pesos.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda de alimentos entablada por la madre del menor contra el progenitor y la abuela paterna. Se determinó la contribución alimentaria en la suma de 3 mil pesos -con una actualización del 10 por ciento semestral- a cargo del padre e impuso en caso de pago parcial o incumplimiento por parte del alimentante, la obligación a la abuela.

La magistrada de grado fundamentó su decisorio en que las partes discutieron en la instancia de mediación el monto y que no hay aporte de prueba que demuestre gastos diarios, actividades o situación actual del joven para modificarlo.

La sentencia fue apelada por la parte actora, quien se agravió por el valor de la cuota alimentaria estipulada por entender que "no es adecuada ni suficiente" para cubrir las necesidades básicas del adolescente. La mujer percibe la asignación familiar de ANSES y que se desempeña como empleada doméstica de forma irregular, siendo la “única en afrontar la crianza y manutención”.

En el caso, la Cámara de Apelaciones pampeana destacó que el hombre se encontraba debidamente notificado, pero no se presentó en la causa, al igual que la abuela paterna. Los jueces Laura Cagliolo y Guillermo Salas destacaron, asimismo, que “el hecho de haber arribado a un acuerdo en la mediación judicial y no haber dado cumplimiento al mismo, demostrando una vez más, el desinterés en hacerse cargo de sus obligaciones”.

La conducta del alimentante, además de afectar el interés superior del adolescente, también constituye violencia de género contra la Sra. L.E.B.”, advirtieron los camaristas, ya que “limita los recursos económicos” de la mujer que “legalmente le corresponden a su hijo, privándolos de una vida digna, al tener que sustentar en forma única las necesidades del hijo de ambos”.

El fallo hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la accionante en representación de su hijo menor de edad, y así estableció la suma mensual de 5 mil pesos, con la actualización dispuesta en la sentencia, la que no fuera cuestionada.

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Fuente: Diario judicial

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miércoles, 31 de marzo de 2021

CUOTA ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 


Con fundamento en la obligatoriedad de la aplicación de esa perspectiva en materia judicial, un padre fue obligado a continuar aportando la cuota alimentaria para su hijo mayor de edad con discapacidad, además de un aumento al 30% de sus haberes para la misma.

Con fundamento en la obligatoriedad de la aplicación de esa perspectiva en materia judicial, un padre fue obligado a continuar aportando la cuota alimentaria para su hijo mayor de edad con discapacidad, además de un aumento al 30% de sus haberes para la misma.

En autos "O. P. K. Y OTRO/A C/ V. C. A. S/ ALIMENTOS", la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora modificó la decisión de la instancia de grado, haciendo lugar a la petición de mantenimiento de la cuota alimentaria en favor de V., C. F. pese a haber alcanzado este la mayoría de edad y debiendo extenderse la cuota alimentaria más allá de los 21 años en virtud de la situación de discapacidad en que se encuentra.

La sentenciante de primera instancia condenó al demandado al pago de una pensión alimentaria mensual en favor de su hijo C. F. en el equivalente del 20% de los ingresos que por todo concepto percibe, deducidos únicamente los descuentos obligatorios de ley. Asimismo, fijó el monto de la cuota alimentaria en favor de L. P. en el equivalente al 10% de sus ingresos. Mandó a practicar liquidación respecto de los alimentos devengados durante la tramitación del proceso y hasta los 21 años.

Contra dicha forma de resolver, las coactoras O. y V. interpusieron sendos recursos de apelación afirmando que la magistrada de la anterior instancia no observó la situación de discapacidad de C. F, y que en virtud de dicha circunstancia no corresponde fijar un límite temporal para la obligación alimentaria a cargo del demandado (hasta los 21 años).

Por otra parte, se quejó en cuanto al monto de la cuota fijada, entendiendo que el porcentaje resuelto es escaso para cubrir las necesidades de su hijo. A su vez, consideró agraviante la modificación efectuada por la magistrada en la aclaratoria de fecha 30/06/20, por la cual se modificaron las sumas mínimas de las cuotas alimentarias fijadas.

Por su parte el demandado destacó que las sumas fijadas por la magistrada resultan ser exactamente las peticionadas por la actora en su escrito de demanda, por lo cual entiende que las mismas no pueden resultar en un agravio.

 Con relación a la situación de su hijo C. F., si bien reconoce que el mismo es una persona con discapacidad, destaca que debido a su esfuerzo el mismo ha podido superar ciertas dificultades, desarrollando en la actualidad tareas laborales.

 Elevada la causa, los jueces Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño consideraron que si bien la situación traída no se encuentra expresamente contemplada en el Código Civil y Comercial, es sabido que las normas que el mismo dispone deben ser interpretadas en el contexto general de su articulado, cobrando especial relevancia lo establecido por los artículos 1 y 2 del digesto.

 Esto es, que los casos regidos por el Código se deben resolver según las leyes que resultan aplicables, la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos en los que la República sea parte. Así, en la especie cobra especial relevancia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual adquiriera jerarquía constitucional mediante ley 27.044.

 “Atento la obligatoria aplicación de una perspectiva en discapacidad y como una medida razonable para salvaguardar el derecho a un nivel de vida adecuado, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja en cuanto al presente punto” concluye la sentencia.

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Fuente: diario judicial 

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Verónica Velasco

Abogada- Mediadora⁣⁣

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jueves, 25 de marzo de 2021

BUSQUE OTRO TRABAJO

 


La Cámara de Apelaciones de General Pico confirmó una cuota alimentaria de 12 mil pesos en favor de dos menores. El fallo advirtió que el progenitor deberá arbitrar los medios para "conseguir un trabajo alternativo".

Los camaristas destacaron que una suma inferior derivaría en una afectación de los derechos amparados en la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 expresamente “reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, correspondiendo a los padres -o personas encargadas del niño- tal obligación”.

En los autos "C., M.G. c/ V., P. A. s/ Alimentos”, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico confirmó que un padre deberá pagar 12 mil pesos mensuales de cuota alimentaria a sus dos hijos.

La progenitora, en nombre y representación de sus dos hijos menores, promovió una demanda de alimentos contra el padre de los niños, reclamando la suma de 12 mil pesos mensuales. En primera instancia se hizo lugar a la demanda a favor de los menores, condena al progenitor a pagar una cuota alimentaria mensual de 10 mil pesos con una actualización semestral del 15 por ciento, más las asignaciones familiares en caso de corresponder.

Sin embargo, el hombre cuestionó el monto de la cuota por considerarlo “excesivo”, así como el plazo para su pago del 1 al 10. Esgrimió, asimismo, que debe hacerse cargo de otros tres hijos y que solo cuenta con una remuneración como alambrador de 40 mil pesos, por lo que peticionó que se reduzca el pago a 6 mil pesos.

El progenitor también alegó que su trabajo no es fijo, existiendo meses en los que "no se le requiere de sus servicios y otros es requerido de manera escasa". Sin embargo, la Alzada consideró que la cifra propuesta por el demandado resulta “insuficiente para cubrir las necesidades” de sus hijos.

Los jueces Roberto Ibañez y Rodolfo Rodríguez coincidieron con su colega de grado y reiteraron que el hombre, no habiendo denunciado ni acreditado imposibilidad o falta de aptitud laboral, deberá “arbitrar los medios necesarios para generar ingresos suficientes para cubrir la cuota alimentaria de sus pequeñas hijas, debiendo, en caso de ser necesario, conseguir un trabajo alternativo productivo, por lo menos para los meses en que su actividad principal sea nula o escasa”.

“Los alimentos comprenden la satisfacción de las necesidades de los hijos en cuanto a manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, por ello la magistrada de grado al fijar la cuota en la suma de $10.000,00 entiende que con ese importe esta responsabilidad para con los hijos se cumplirá de manera efectiva”, añadió el Tribunal.

Los camaristas destacaron que una suma inferior derivaría en una afectación de los derechos amparados en la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 27 expresamente “reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, correspondiendo a los padres -o personas encargadas del niño- tal obligación”.

Y sostuvieron: “Sobre esta base los jueces no debemos hacer oídos sordos a la innegable crisis económica que nos afecta con la consiguiente depreciación de la moneda mes a mes. Por ello debe contemplarse una suma que permita a las niñas obtener una manutención razonable, y en este sentido no se pueden fijar valores alimentarios disminuidos que no cubran en absoluto las necesidades de las alimentadas.

Por último, los jueces analizaron la pretensión de abonar la obligación alimentaria hasta el día 15 de cada mes, basado en el desempeño de sus tareas en el ámbito rural, para concluir que “normalmente en este tipo de trabajos se paga por quincena o bien, no exactamente entre el 1 y el 10 de cada mes, por ello deviene razonable -a la luz de los trabajos desempeñados por el alimentante- extender los días de pago de la cuota alimentaria desde el 1 al 15 de cada mes”.

FALLO

Fuente : Diario Judicial