jueves, 16 de mayo de 2019

"Okupa" sin pruebas se desaloja


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Confirman el pedido de desalojo de un inmueble por parte de los accionantes, ante la falta de verosimilitud de las pruebas de los ocupantes del inmueble. Ante la presencia de niños en el inmueble, los jueces dispusieron que los organismos pertinentes tomen parte de la situación para garantizar su protección.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, integrada por los jueces Soto y Larumbe, confirmó la sentencia de primera instancia, que admitió la demanda de desalojo promovida, y debido a la presencia de menores de edad en el inmueble, a fin de dar cumplimiento a la protección establecida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se ordenó adoptar los recaudos pertinentes, poniendo en conocimiento a los organismos administrativos que atiendan la situación.
En la sentencia de grado, la jueza desestimó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas y admitió la demanda de desalojo promovida por H.R y H.P. contra H.A.M, L.V y demás ocupantes y/o subinquilinos, respecto del inmueble ubicado en la localidad de Cañuelas, condenando a desalojar en el plazo de 20 días. En contraparte, la demandada interpuso recurso de apelación.
Al rechazar la apelación, el juez Soto evaluó que los discursos empleados por los demandados “fueron reticentes, vagos, ambiguos y contradictorios” ya que “ninguno de ellos explicó cómo ingresaron al bien, siendo insuficiente para ello sostener –como lo hicieron-, que supieron que estaba deshabitado”, ya que  L.V sostuvo que se enteró por vecinos de dicha propiedad que la vivienda estaba desocupada, aunque al mismo tiempo señaló que no vivía cerca de allí, de modo que no dio siquiera una aproximación de cómo se enteró y llegó y accedió a dicho bien.
Cuando a L.V se le mencionaron los nombres del padre y de la abuela de su conviviente (la codemandada), dijo no conocerlos, a pesar de estar en pareja hace veinte años. Por su parte, su conyuge. H.M,–quien coincidió en el tiempo de la cohabitación-, contradijo a su conviviente respecto del domicilio anterior que habitaron, pues aseguró que se hallaba a la vuelta del bien objeto del litigio. Tampoco explicó, ni vagamente, cómo ingresó al bien, señalando solamente que supo que estaba vacío.
Una testigo afirmó que  D.I  –fallecida madre de los accionantes-, habitaba el bien inmueble en litigio, justificando estas afirmaciones por haberla visitado en varias oportunidades.
De la prueba documental también se extrae que el coactor H.R fue titular del servicio de gas por un extenso periodo (2001/2011), lo que resulta compatible con los hechos por éste propuestos en orden a que su madre poseía el bien; y también se destaca el contrato de compraventa, que se inserta en el cuadro probatorio analizado, no obstante la negativa ensayada por la parte demandada
“Es indudable que la versión del demandado, huérfana de toda explicación y prueba, cede frente a la del accionante, quien aportó al expediente medios probatorios concordantes y compatibles con los hechos expuestos en su demanda” sostuvo el juez, que resolvió rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la sentencia de grado.
Asimismo, ante la presencia de menores de edad en el inmueble, decidió que se  adopten los recaudos pertinentes a fin de dar cumplimiento a la protección establecida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Resolución de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, poniendo en conocimiento de la situación eventualmente a los organismos administrativos pertinentes.
Fuente; Diario Judicial

EN TIEMPO RÉCORD Y GRACIAS AL TRÁMITE DE UN EXHORTO "ONLINE" SE RESTITUYE UN NIÑO A A SU MADRE

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En tiempo récord y gracias al trámite de un exhorto "online" , una jueza de Córdoba ordenó la restitución de un niño a su madre, que reside en la ciudad de Buenos Aires. El menor se encontraba retenido por su padre en Córdoba.   
En el marco de un caso de urgencia, en el que un niño que se encontraba retenido por su padre en Córdoba, la Justicia de Córdoba resolvió hacer efectiva la restitución a su madre –quien reside en Buenos Aires-; en un proces que demoró solo diez días.
Según se desprende de la causa “B., A. C. c/ G., D. F. – Medidas cautelares” , y ante la negativa del demandado a restituir al niño pese a tener una orden del Juzgado Nacional Civil N°25 de la Capital Federal, de regresarlo con su madre a  Buenos Aires. la asesora letrada de Córdoba Myriam Mabel Rebuffo tramitó vía “online” ante el juzgado nacional un exhorto que permitiera ejecutar la medida con la Justicia de Familia de Córdoba.
 Dado el carácter urgente del caso, la jueza Victoria Famá, titular del Juzgado Nacional N° 25, aceptó la tramitación “online”, y remitió por esa vía  toda la documentación y el exhorto para ser presentado ante el Juzgado de Familia de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba, con competencia para las causas que se originan en la Asesoría Móvil.
La Asesoría Móvil realizó la presentación pertinente con la documentación y el exhorto en versión extraída de los archivos del correo oficial al que le fueran remitidos por el juzgado exhortante.
Fuente: Diario Judicial
En respuesta al planteo, y  “a fin de evitar que el paso del tiempo frustre la medida adoptada y lesione los derechos del niño”, la jueza Silvia Morcillo,dispuso que la restitución sea ejecutada y autorizó al Oficial de Justicia interviniente a hacer uso de la fuerza pública, allanar domicilio y, si fuere necesario, efectuar la medida en horario inhábil.
Por estos medios se evitaron las demoras que hubiera generado tramitar los exhortos en soporte papel entre los organismos judiciales de Córdoba y Buenos Aires, que se avinieron a implementar esta novedosa modalidad  de trabajo que permite la tecnología en pos de una justicia efectiva en tiempo razonable.

miércoles, 15 de mayo de 2019

NO PAGAR LA CUOTA DE ALIMENTARIA ES VIOLENCIA

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Un Juzgado de Paz de Ita Ibaté, provincia de Corrientes, condenó a un hombre que no pagaba la cuota alimentaria a su hijo. El fallo sostiene que "la no provisión de recursos económicos constituía violencia de género y de familia".

El titular del juzgado recaratuló las causa y en carácter de alimentos provisorios otorgó una suma equivalente suma al 20% de los haberes mensuales que percibe el padre, personal retirado del Prefectura Naval Argentina.
El Juzgado de Paz de Ita Ibaté, a cargo de Eduardo Modenutti, determinó que la falta reiterada por parte del alimentante admitía la adopción de medidas como el embargo preventivo.
La causa se inició cuando la ex pareja y madre del hijo del demandando reclamó ante la justicia la falta de pago de la cuota alimentaria. Para el juez, dicha conducta configura, además de la violación de un derecho elemental básico de los niños, niñas y adolescentes, “un claro caso de violencia de género y familiar, por ejercicio de la violencia económica”.
“La violencia económica, entendida como la serie de mecanismos de control y manejo, no proveer recursos económicos por ejemplo, y es una de las formas más tremendas de violencia que muestra las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres porque queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres”, se detalla en la resolución.
Bajo ese lineamiento, el magistrado agregó: “De por sí, el incumplimiento alimentario en sus distintas variables (total, parcial, tardío, etc.) constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia porque ocasiona un deterioro de la situación socio económica de la mujer. Eso limita los recursos destinados a satisfacer sus necesidades y la priva de los medios imprescindibles para afrontar la vida con dignidad”.
El titular del juzgado recaratuló las causa y en carácter de alimentos provisorios otorgó una suma equivalente suma al 20% de los haberes mensuales que percibe el padre, personal retirado del Prefectura Naval Argentina.
Dispuso también que el monto fuera descontado por esa institución y depositado del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial para que la cobrara la madre del niño. Luego,  indicó que la causa sería remitida al Juzgado de Familia de la Ciudad de Corrientes que resultara competente.

martes, 7 de mayo de 2019

EX DEBE PAGAR LA REHABILITACIÓN EN FLENI

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Un juzgado de Corrientes condenó a un hombre a abonar a su ex pareja los gastos de rehabilitación neurológica en el FLENI, por las lesiones que sufrió tras un accidente provocado por él.
De los detalles del caso surge que cuando ocurrió el accidente, el hombre escondió a la mujer en una propiedad bajo amenazas, por lo que también se encuentra imputado en una causa por abandono de persona y violencia de género.
El Juzgado Civil y Comercial de Santo Tomé, provincia de Corrientes, resolvió que un hombre deberá pagar el tratamiento de rehabilitación neurológica y quirúrgica en el Instituto Fleni a su ex pareja, quien padece lesiones gravísimas producto de un accidente de tránsito que él habría causado.
La titular del juzgado, María Dionisia Zovak, especificó que el denunciado deberá hacerse cargo de todos los gastos, incluido el traslado y la estadía para su ex pareja y un acompañante, debido a que por su estado de salud la mujer se encuentra imposibilitada de trabajar y, por lo tanto, no cuenta con los recursos económicos para afrontar los gastos de tratamiento.
Entre los gastos que el hombre deberá afrontar aparecen la rehabilitación neurológica, intervenciones quirúrgicas, kinesiológicas, tratamiento psicológico, psiquiátrico, "tendientes a evitar el deterioro de su salud en razón de las lesiones gravísimas que padeció con motivo del accidente de tránsito", sostiene el fallo.
La magistrada resaltó que la “tutela judicial efectiva comprende a la tutela preventiva, consistente en una actuación temporánea y eficaz para prevenir la generación de un daño o, si este ya se hubiera producido, evitar su agravamiento, que continúe produciéndose o, al menos, disminuir su magnitud”.
 "El derecho objeto de tutela es el derecho personalísimo a la salud, entendida esta última como el completo bienestar físico, mental y social, derecho que se encuentra reconocido en el preámbulo de la Constitución Nacional,  que refiere que se debe velar por el “bienestar general”, en su artículo 33 y en diversos tratados de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional", añadió la jueza.
De los detalles del caso surge que cuando ocurrió el accidente, el hombre escondió a la mujer en una propiedad bajo amenazas, por lo que también se encuentra imputado en una causa por abandono de persona y violencia de género.
Fuente : Diario Judicial 

viernes, 26 de abril de 2019

NIÑO ALEJADO DEL CONFLICTO PARENTAL Y SIN ABOGADO

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En Mar del Plata se revocó una sentencia que dispuso el sorteo de un abogado del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio departamental, para representar los derechos de un niño de 4 años, que no posee comunicación con sus progenitores.
Sostuvo que el menor debe ser preservado del conflicto parental y que, según lo sostenido por los peritos psicólogo y psiquiatra del equipo técnico del juzgado de origen, al niño “se lo observó desorganizado, ansioso, con dificultades de comprensión y capacidad para sostener una entrevista ya sea mediante la palabra o la utilización de técnicas lúdicas”

En la causa "I. R. B. C/ D. R. CH. F. M. S/ INCIDENTE DE MODIFICACION DE CUIDADO PERSONAL DE HIJOS", la Sala Segunda de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata, integrada por los magistrados Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau, hizo lugar al recurso de apelación deducido por el Asesor de Incapaces mediante presentación electrónica contra la resolución de primera instancia.
En esa resolución, la jueza de grado dispuso la intervención de un abogado del niño M., a fin de que le brinde debida asistencia letrada en la defensa de sus derechos. A tal efecto ordenó el libramiento de oficio al Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados Departamental para que proceda al sorteo de un/a profesional abogado/a de la matrícula.
 ara así decidir argumentó que tal designación a su criterio “devenía conveniente y ajustada a derecho tanto por el estado de autos, como por la sostenida incomunicación de los progenitores del niño, la problemática familiar planteada, la solicitud expresa de la madre y los propios dichos del menor”, los que indicó que “deben ser ameritados a la luz del derecho de M. a una asistencia técnico especializada que le constituya la garantía del debido proceso y el ejercicio del derecho a ser oído de manera útil y eficaz”.
Por contrapartida, vía presentación electrónica, el apelante alegó que “(…) la edad propia de una persona para comprender los actos lícitos se encuentra tasada en los 13 años” según lo normado por los arts. 26 y 261del CCyC y lo establecido genéricamente por la CSJN a partir del fallo “M.G. v. P.C.A.”.
Indicó que tal figura implicaría la inserción de M. como parte procesal para dirigir técnicamente a un letrado y peticionar lo que crea es su derecho, circunstancia que traspasa su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta.
Sostuvo que el menor debe ser preservado del conflicto parental y que, según lo sostenido por los peritos psicólogo y psiquiatra del equipo técnico del juzgado de origen, al niño “se lo observó desorganizado, ansioso, con dificultades de comprensión y capacidad para sostener una entrevista ya sea mediante la palabra o la utilización de técnicas lúdicas”.
Asimismo, sostuvo que  M. “no cuenta con la edad ni con el grado de madurez suficiente para dar directivas ni comprender la funcionalidad que ostenta tal función” y que “de designarse un nuevo auxiliar de la justicia, no podría cumplir su función”.
Los jueces, en razón de un fallo previo, citaron que “no existe discriminación por razón de la edad en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes por ser menores (…) no están en condiciones de ejercerla sin riesgo (…) debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior”.
En razón de esto, afirmaron que “la cuestión a dilucidar implica considerar si se exige una edad mínima para poder efectivizar la designación de abogado a un niño”. También citaron que el Código Civil y Comercial establece que si es un niño, “le corresponde al magistrado evaluar en cada caso en concreto si cuenta con las condiciones necesarias para poder participar en forma autónoma con asistencia técnica letrada”.  
Para revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, los juristas resaltaron una serie de connotaciones en torno al principio de la capacidad progresiva que muestran “la innecesariedad e inconveniencia de la designación de la figura de abogado del niño”.
-“M. cuenta con apenas cuatro años de edad. Ello denota la carencia de grado de discernimiento y madurez suficiente como para tener participación autónoma como parte procesal”; -
-“El menor se encuentra atravesando una grave situación, dada la incomunicación de sus progenitores”;
- “No puede perderse de vista que como consecuencia de la conflictiva familiar se le ha indicado al pequeño tratamiento terapéutico tanto psicológico como psiquiátrico“;
-“Independientemente que las figuras de abogado del niño y asesor de incapaces no se excluyen, se visualiza que en el caso este último tiene participación activa en defensa de los intereses de M”.
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F uente: Diario Judicial

martes, 23 de abril de 2019

LA OBRA SOCIAL TIENE OBLIGACIÓN DE OTORGAR A UN PACIENTE CON EPILEPSIA REFRACTARIA ACEITE DE CANNABIS

Resultado de imagen para aceite de cannabis.El procurador Víctor Abramovich dictaminó que una obra social tiene la obligación de otorgar a un paciente con epilepsia refractaria la alternativa terapéutica consistente en el uso de aceite de cannabis.
El procurador fiscal ante la Corte Suprema Víctor Abramovich dictaminó por primera vez sobre la provisión de aceite medicinal de cannabis a un paciente que padece epilepsia.
La acción de amparo fue iniciada ante el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Entre Ríos por los progenitores de un joven con discapacidad a fin de obtener la cobertura integral a cargo del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos (IOSPER) y, en subsidio, de esa provincia, del tratamiento con aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria de acuerdo con las indicaciones profesionales de su médico neurólogo.
El hijo de los amparistas padece de epilepsia refractaria, por lo que, según explicaron, se acostumbra rápidamente a los fármacos suministrados para tratar las convulsiones y pierden efectividad. Explicaron, además, que el suministro del aceite de cannabis “es el tratamiento más efectivo”.
El joven recibe aceite de cannabis desde 2016, lo que disminuyó el número de convulsiones. Los padres destacaron que ésta situación “permitió reducir el uso de otros medicamentos y mejoró el peso de su hijo, el control de esfínteres y la respuesta a consignas simples y, en definitiva, su calidad de vida”.
El amparo fue admitido por el juez de grado, pero luego la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia provincial lo revocó en los autos “B. C. B. y otro en repres. de su hijo menor c/ IOSPER y otros s/ acción de amparo”.
Para así decidir, el Máximo Tribunal entrerriano señaló que los actores fundan su pretensión en la Ley de Uso Medicinal de la Planta Cannabis (27.350), mediante la cual el Estado Nacional se obligó a suministrar, en forma gratuita, aceite de cannabis en caso de cumplimiento de ciertas condiciones, como la inscripción en el registro creado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Sin embargo, los vocales advirtieron que se trata de un sistema riguroso y que la normativa “no impone a las obras sociales la obligación de proveer aceite de cannabis ni incluye a la planta de cannabis y sus derivados en el Programa Médico Obligatorio”. Agregaron que el decreto reglamentario determina que los pacientes que no se encuentran incorporados al programa nacional y tienen prescripto el uso de aceite de cannabis "deben afrontar el costo".
Los detalles del dictamen
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la sentencia apelada denegó la cobertura sobre la base de identificar en forma errada el régimen jurídico que dirime el conflicto. “En concreto, decidió la suerte de la acción sobre la base de ponderar únicamente las previsiones de la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta Cannabis y sus derivados, sin analizar fundadamente el alcance de las restantes normas aplicables”, argumentó.
Destacó que en el caso “se encuentra demostrado que, luego de un año de tratamiento, el uso del aceite de cannabis produjo mejoras sustanciales en el estado de salud y en la calidad de vida” del joven.
Según consta en la causa, con el consentimiento informado del paciente y la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los actores importaron ese aceite comercializado en numerosos estados de los Estados Unidos.
“No solo redujo notablemente las convulsiones sino que mejoró la alimentación, la movilidad, el control de esfínteres, la postura y la comunicación con el entorno, lo que implica una adquisición y restauración de aptitudes e intereses para lograr su integración social”.
Abramovich valoró las mejoras sustanciales del estado de salud y de la calidad de vida del joven, como así también la autorización otorgada oportunamente por la ANMAT en el marco del régimen de acceso de excepción a medicamentos y la evidencia científica avalada por la reglamentación de la ley 27.350 dictada por el Ministerio de Salud.
Y concluyó: “En estas circunstancias, la obra social demandada se encuentra obligada a otorgar su cobertura en los términos de los artículos 1, 15 y 38 de la ley 24.901”.
Fuente: Diario Judicial

sábado, 13 de abril de 2019

100% DE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS ASEGURADOS

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La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un afiliado contra el INSSJP, ordenándole a la demandada que le “asegure, garantice y efectivamente provea" con cobertura del 100%,los tratamientos oncológicos del paciente.
La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el   afiliado J.A.I contra el INSSJP, ordenándole a la demandada que le “asegure, garantice y efectivamente provea (…) con cobertura del 100%, los tratamientos oncológicos que le sean prescriptos por sus médicos tratantes”.
Según indicó el demandante, cuando su hija se presentó ante el PAMI para formalizar el pedido de cobertura “con las órdenes y demás estudios respaldatorios”, la solicitud le fue denegada y se le requirió más documentación para ser evaluada posteriormente.
J.A.I invocó la ley 26.529 en cuanto al “reconocimiento del derecho de los pacientes a elegir y aceptar los procedimientos médicos a los que se deben someter” y solicitó medida cautelar, a la que hizo lugar el juez de grado, que también ordenó al PAMI que “arbitre los medios necesarios para otorgar la cobertura del 100% del tratamiento oncológico de radioterapia prostática por intensidad modulada al que debe someterse el amparista”.
Los jueces de la Cámara Federal  valoraron que el derecho a la salud, “especialmente cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida”.
Añadieron que ley 27.360 la República Argentina aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo afirma que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez”
“También se halla probado que en el marco del trámite de autorización de la práctica el PAMI le solicitó diversa documentación clínica para su ulterior evaluación. Teniendo en cuenta estos extremos, se adelanta que ninguna de las razones invocadas por el demandado resultan suficientes para revocar la medida cautelar” resolvieron los jueces.
Fuente: Diario Judicial

viernes, 12 de abril de 2019

PAMI OBLIGADO A CUBRIR INSUMOS IMPORTADOS

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La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un afiliado del PAMI, ordenándole a la obra social que se encargue de conseguir insumos e instrumentales importados para una cirugía de rodilla.
La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el   afiliado J.V. contra el INSSJP, ordenándole a la demandada que arbitre los medios necesarios para proveerle al amparista la prótesis, insumos e instrumental de las marcas importadas indicadas para la realización de la cirugía de rodilla prescripta.
La demandada apeló la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque el fallo, alegando que en el caso “no se configuran los recaudos procesales que justifiquen la procedencia de la medida”.
V. es afiliado del PAMI y  padece   de  gonartrosis  derecha severa  con  gran  limitación  funcional . Con relación a la verosimilitud del derecho, mencionó que el amparista “es mayor de 70 años y que, conforme a la normativa vigente, corresponde proveer   el   insumo   nacional”.  
Respecto del peligro de la demora, sostuvo que “tratándose de una   cirugía   programada,   no   se   encuentra   fehacientemente   demostrado   cuál   es   el perjuicio irreparable para el afiliado, ni se acreditó medicamente un caso de extrema urgencia, que demuestre  la  gravedad y  singularidad, para autorizar el dictado de la  medida”.
Los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa valoraron que en el caso “se encuentra comprometido el derecho a la salud del amparista y a una asistencia médica adecuada, actualmente reconocidos en los tratados internacionales de rango constitucional”.
En virtud del cuadro de salud que sufre, su médico prescribió que V. “requiere una prótesis importada anotómica por presentar una alta demanda funcional para sus actividades diarias, un alto índice de masa corporal y un deseje marcado     con   severo   deterioro   articular” manifestando que “la calidad del implante nacional y el set de colocación que envía la ortopedia nacional (que siempre es enviado incompleto) no son los indicados para este paciente ya que “este tipo de implante nacional presenta mayor desgaste, mayor índice de aflojamiento y de complicaciones post operatorias”.

jueves, 11 de abril de 2019

Anses: cómo obtener la Certificación Negativa de aportes y beneficios

Anses


Desde la Administración Nacional de Seguridad Social informaron que este comprobante puede obtenerse al instante y en muy pocos pasos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó de qué manera se puede obtener la Certificación Negativa de aportes y beneficios.
Este es el comprobante que acredita que una persona no posee aportes como trabajador ni beneficios previsionales a su nombre, y el mismo puede obtenerse al instante y en muy pocos pasos. Sólo hace falta ingresar a la web www.anses.gob.ar.
La Certificación Negativa de aportes y beneficios también sirve para acreditar que no tiene prestaciones en curso de pago. Suele ser exigida por los hospitales públicos, con el objetivo de atender gratuitamente a quienes no tienen Obra Social.
Una vez en la página de Anses, se debe acceder a la sección de Accesos Rápidos, opción Certificación Negativa. Es entonces cuando hay que colocar el número de CUIL/T, período a buscar, el código de la imagen y pulsar Continuar.
La Anses publicó el nuevo cronograma de pago para las Asignaciones Familiares del mes de abril. También informó las prestaciones por desempleo. Se informó que comenzará a pagar el 15 de abril.
El cronograma de pagos cuenta con todas las fechas del mes de acuerdo con el tipo de prestación, plan, forma de cobro y número de documento.

Asignación Familiar:

DNI                   Fecha de pago
0-1                       15/04/19
2-3                       16/04/19
4-5                       17/04/19
6-7                       22/04/19
8-9                       23/04/19
Mientras que la primera fecha de cobro para los beneficiarios de la AUH es el 9 de abril y cobrarán una sola vez. Con el aumento, el monto total es de $2652 por cada hijo. Ese día, también empezarán a percibir sus ingresos correspondientes los jubilados nacionales.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo:

DNI                    Fecha de pago
0                         9/04/19
1                          10/04/19
2                         11/04/19
3                         12/04/19
4                         15/04/19
5                         16/04/19
6                         17/04/19
7                         22/04/19

GARANTÍA DE CANNABIS



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La Defensoría del Pueblo bonaerense promovió un amparo colectivo para que el Estado garantice el acceso a cannabis medicinal, en los términos de la Ley N° 27.350, a todas las personas que lo requieran.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires promovió un amparo colectivo contra el Estado Nacional con el objeto de obtener una sentencia que “ordene a la demandada a suministrar al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que requiera su uso para tratamiento de enfermedades en las que estas sustancias les fuesen prescriptas".


La acción solicita que sea provea la sustancia "a quienes se encuentren inscriptos en el Programa creado por la Ley 27.350, o bien bajo su cargo, a quienes no estando inscriptos en dicho programa, tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de Cannabis y sus derivados, garantizando así la efectiva aplicación de la Ley N° 27.350 y Decreto Reglamentario 738/2017".
El texto presentado en la justicia sostiene que, a pesar de la sanción de la reseñada normativa, "el Estado Nacional incumple con las normas que permitirían acceder a los aceites en forma gratuita, toda vez que no está disponible el cannabis y sus derivados para ser utilizado. No se vislumbran a la fecha resultados del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis".
Asimismo, los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en ANLAP, no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o de investigación. Tampoco el INTA ni el CONICET se encuentran realizando tareas de investigación, toda vez que no cuentan con presupuesto asignado para tales fines, incumpliéndose de este modo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley.
"Dicha circunstancia y la demora en la implementación de las previsiones legales expone a las personas afectadas al riesgo concreto de sufrir un perjuicio todavía mayor en su salud, al ser privados de la materia prima con la que se podrían sostener los tratamientos que se le indican", detalla la presentación.
Finalmente, la pretensión resalta que "la omisión en que incurre el Estado Nacional, es actual, generando riesgo en la salud o aun agravando las condiciones de salud de quienes requieren el Cannabis como tratamiento de sus patologías, y para una mejor calidad de vida”.
La demanda hace hincapié en la entrega del aceite a todas las personas que están registradas en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis.
Fuente: Diario judicial